(Kiev, 30 de junio de 2023) – El Gobierno ucraniano debería cumplir su compromiso expreso de no utilizar minas terrestres antipersonales prohibidas, investigar el uso de estas armas por parte de sus fuerzas armadas y asegurar la rendición de cuentas de los responsables, señaló hoy Human Rights Watch. La declaración del Gobierno, en una reunión del 21 de junio de 2023 del Tratado sobre la Prohibición de Minas en Ginebra, se produjo casi cinco meses después de que funcionarios ucranianos dijeran que examinarían los informes de Human Rights Watch y otros grupos de que las fuerzas de Ucrania utilizaron estas armas en operaciones para retomar territorio ocupado por fuerzas rusas.
Desde la publicación de un informe en enero, Human Rights Watch ha descubierto más pruebas del uso por parte de Ucrania de estas armas indiscriminadas durante 2022.
“La promesa del Gobierno ucraniano de investigar el aparente uso por parte de su ejército de minas antipersonales prohibidas es un importante reconocimiento de su deber de proteger a la población civil”, señaló Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch. “Una investigación rápida, transparente y exhaustiva podría tener beneficios de gran alcance para el pueblo ucraniano, tanto ahora como para las generaciones futuras”.
Desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas han utilizado al menos 13 tipos de minas antipersonales en diferentes áreas de Ucrania, matando e hiriendo a civiles. Human Rights Watch ha publicado cuatro informes que documentan el uso de minas antipersonales por parte de las fuerzas rusas en Ucrania desde 2022. Rusia, que no se ha sumado al Tratado de Prohibición de Minas, viola el derecho internacional humanitario cuando utiliza minas terrestres porque son armas intrínsecamente indiscriminadas.
Human Rights Watch denunció el 31 de enero numerosos casos en los que las fuerzas ucranianas dispararon proyectiles que transportaban miles de minas antipersonales del tipo PFM-1, también denominadas minas “pétalo” o “mariposa”, contra zonas ocupadas por Rusia en la ciudad de Izium, en el este de Ucrania, y sus alrededores, entre abril y septiembre de 2022. Human Rights Watch verificó 11 víctimas civiles de las minas, incluida una muerte y múltiples amputaciones de miembros inferiores, basándose en entrevistas con las víctimas y sus familiares. En un comunicado emitido el día de la publicación del informe, el gobierno ucraniano se comprometió a “estudiar debidamente” el informe.
Las minas antipersonales explotan por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y pueden matar y herir a personas mucho después de que finalicen los conflictos armados. Las minas PFM son pequeñas minas explosivas de plástico que se disparan en una zona, caen al suelo y detonan cuando se aplica presión al cuerpo de la mina, por ejemplo cuando alguien la pisa, la manipula o la mueve. Algunas minas PFM se autodestruyen, explotando aleatoriamente hasta 40 horas después de haber sido utilizadas.
Desde la publicación de su informe, Human Rights Watch ha descubierto más pruebas del uso por parte de Ucrania de minas antipersonales en 2022. Compartió sus hallazgos con el gobierno ucraniano en una carta del 28 de mayo de 2023 junto con preguntas, pero no ha recibido respuesta.
En mayo de 2023, una persona que trabajaba en una zona del este de Ucrania en la que el gobierno ucraniano había recuperado el control tras la retirada de las fuerzas rusas publicó fotos en Internet en las que se veían múltiples restos de cohetes de artillería. Afirmaron que los restos se habían recuperado de terrenos agrícolas durante operaciones de limpieza. Tras inspeccionar detenidamente las marcas de los restos, Human Rights Watch identificó dos secciones de ojivas 9N128K3 de cohetes 9M27K3 Uragan de 220 mm, cada una de las cuales contiene “bloques” 9N223, o pilas de minas antipersonales 9N212 PFM-1S en carcasas.
Cada cohete lanzaminas Uragan 9M27K3 está diseñado exclusivamente para transportar y dispersar 312 minas antipersonales PFM-1S. Las marcas en todas las imágenes de cohetes examinadas muestran que fueron producidos en 1986 (a partir de los números de lote 14 y 16) en la fábrica de municiones de la URSS designada con el número 912. Además de los números del Índice GRAU que coincidían con las ojivas utilizadas para transportar minas antipersonales PFM-1S, Human Rights Watch también identificó escritura manuscrita en el lateral de una sección de la ojiva. El análisis de la escritura determinó que la primera palabra es “Від”, que en ucraniano significa “de”. Una segunda frase, escrita en alfabeto latino, se refiere a una organización de Kiev.
Human Rights Watch identificó, mediante una búsqueda de información disponible públicamente, a una persona que dice dirigir la organización mencionada. La persona también había hecho publicaciones en una red social indicando que había donado fondos al ejército ucraniano en 2022 a través de un grupo no gubernamental con sede en Kiev que apoyaba el esfuerzo bélico de Ucrania. Otro grupo con sede en Ucrania publicó imágenes que mostraban mensajes similares escritos en ucraniano en un cohete lanzaminas Uragan 9M27K3.
Una imagen publicada en redes sociales que lleva la marca de agua del grupo no gubernamental con sede en Kiev por una persona que dice dirigir la organización que hizo la donación, muestra la misma sección de ojiva de un cohete lanzaminas Uragan 9M27K3 en la imagen publicada por el individuo del cohete recuperado de las tierras agrícolas. Human Rights Watch determinó que coinciden las marcas que especifican el mismo lote, año y fábrica, así como la escritura y la frase manuscrita. La publicación, fechada en agosto de 2022, también muestra las secciones de la ojiva de otros dos cohetes Uragan 9M27K3 con frases escritas.
Se han publicado en línea al menos 15 imágenes de los cohetes lanzaminas Uragan 9M27K3 de estos dos esfuerzos de recaudación de fondos, que muestran al menos 15 cohetes lanzaminas.
El Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997 prohíbe totalmente las minas antipersonales y exige la destrucción de las existencias, el despeje de las áreas minadas y la asistencia a las víctimas. Ucrania firmó el Tratado sobre la Prohibición de Minas el 24 de febrero de 1999 y lo ratificó el 27 de diciembre de 2005. Rusia no se ha sumado al tratado, pero igualmente viola el derecho internacional humanitario al utilizar minas antipersonales, debido a su naturaleza intrínsecamente indiscriminada. El Tratado sobre la Prohibición de Minas entró en vigor el 1 de marzo de 1999, y entre sus 164 Estados figuran todos los Estados miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, y todos los Estados miembros de la Unión Europea.
La investigación de Ucrania sobre el uso de minas antipersonales PFM debería abordar las pruebas que Human Rights Watch y otros han proporcionado. Debería tener como objetivo que los responsables del uso de las minas rindan cuentas. La investigación también debería emitir recomendaciones sobre los esfuerzos que el gobierno ucraniano debería realizar para identificar y ayudar a las víctimas. Esto incluye brindar una indemnización adecuada y oportuna, así como atención médica y otra asistencia, como la provisión de prótesis cuando resulte pertinente, y el apoyo continuo en la rehabilitación, dijo Human Rights Watch.
Human Rights Watch cofundó y preside la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés), galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1997.
"Las autoridades ucranianas, preocupadas por la protección de su población civil, tienen interés en llegar al fondo de cómo, cuándo y dónde se utilizaron estas minas", dijo Goose. "Y en hacer todo lo posible para impedir que se vuelvan a usar".
