Ya estaba oscuro cuando el autobús en el que me trasladaba se detuvo en un puesto de revisión migratoria en la carretera que sale de Oaxaca hacia la Ciudad de México. Los puestos de revisión migratoria se han vuelto algo común en todo México, cuyo gobierno ha enfrentado presión de Estados Unidos para prevenir que los migrantes lleguen a la frontera entre ambos países. Soldados y agentes de migración se suben a autobuses, paran autos en la carretera, interceptan a personas en aeropuertos, hacen redadas en hoteles y patrullan parques y plazas para detener a migrantes indocumentados.
Observé a un agente de Migración de México que se subió al autobús y empezó a caminar por el pasillo. Aunque a bordo había muchos turistas y otras personas no mexicanas, el agente solo parecía interesado en los cerca de 10 pasajeros negros que había allí. A ellos los hicieron bajar del autobús, los obligaron a formar una fila y fueron fotografiados antes de permitirles volver a subirse al bus.
Este tipo de perfilamiento racial evidente por parte de agentes de Migración en México es algo habitual. De hecho, es tan común que, en mayo pasado, en un caso paradigmático presentado por una familia indígena que había sido detenida indebidamente en un puesto de revisión migratoria, la Suprema Corte de México halló inconstitucional la disposición legal que permite a los agentes de migración interceptar a cualquier persona y exigirle documentos que demuestren su estatus legal. La corte determinó que la disposición viola los derechos constitucionales a la igualdad, a la no discriminación y a la libre circulación, ya que impacta de forma desproporcionada a personas indígenas y afromexicanas.
La decisión de la Suprema Corte no eliminó la disposición de la Ley de Migración. Es el Congreso mexicano el que debe hacerlo. Ahora que ha transcurrido casi un año, los legisladores han presentado dos proyectos destinados a reformar esa ley. El primero, que fue aprobado por la cámara baja del Congreso en mayo, es de una superficialidad decepcionante. Permitiría que los agentes migratorios sigan realizando revisiones de migración “aleatorias”, pero añadiría una oración a la ley en la cual se especifica que los agentes deben “evitar prácticas discriminatorias”. Esto contribuiría muy poco a prevenir la discriminación, ya que es imposible determinar la nacionalidad basándose únicamente en la apariencia.
La segunda propuesta, que todavía no se votó, refleja un enfoque mucho más respetuoso por los derechos humanos. Directamente eliminaría la disposición inconstitucional, lo que implicaría que los agentes migratorios ya no podrían administrar revisiones migratorias en el interior del país, solo podrían hacerlo en fronteras y otros puntos de entrada.
Las políticas de contención migratoria han dado lugar a abusos graves contra personas mexicanas y de otras nacionalidades. El Congreso no debería desaprovechar esta oportunidad de poner fin a los puestos de revisión migratoria, como primera medida para terminar con estos abusos.
