La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha firmado un decreto ejecutivo que pone fin a la prohibición en el país del uso y la venta de anticoncepción de emergencia, lo que representa un gran avance en un país donde rige una prohibición total del aborto.
Hasta ahora, Honduras era el único país de América Latina que prohibía la anticoncepción de emergencia, que puede prevenir el embarazo después de una violación sexual, relaciones sexuales sin protección o una falla del método anticonceptivo e integra la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto prohibió la anticoncepción de emergencia, otro ejemplo de cómo los gobiernos autoritarios cercenan los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos.
En 2019, Human Rights Watch documentó cómo la prohibición total de aborto y la anticoncepción de emergencia por parte de Honduras ponía en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas. Tras su victoria electoral de 2022, Human Rights Watch urgió a la presidenta Castro a adoptar leyes para despenalizar el aborto, derogar la prohibición a la anticoncepción de emergencia y asegurar que esté disponible para todas las personas. En diciembre de 2022, el gobierno de Castro aprobó un protocolo que permitió el uso de anticonceptivos de emergencia para las sobrevivientes de violencia sexual.
El anuncio, realizado la semana pasada con ocasión del Día Internacional de la Mujer, fue el resultado de años de incidencia por parte de organizaciones feministas en Honduras. Sin embargo, el aborto sigue siendo ilegal en todas las circunstancias y conlleva penas de prisión de hasta seis años, tanto para las personas que se someten a abortos, como para los profesionales médicos que los practican. La evidencia muestra que la penalización del aborto genera abortos más riesgosos e incrementa el número de muertes maternas.
Honduras debe cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asegurando el acceso efectivo a la anticoncepción de emergencia, a la información y los servicios adecuados sobre salud sexual y reproductiva. La presidenta Castro no solo debe cumplir su promesa de campaña de legalizar el aborto en instancias de violación sexual, riesgo para la vida de la persona embarazada y riesgo de inviabilidad fetal severa, sino que, además, Honduras debe despenalizar el aborto en todas las demás circunstancias y asegurar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios seguros de aborto y de atención posterior al aborto.
