“¿Quien vino con usted?” es una pregunta que las personas con distintos tipos de discapacidad deben contestar a menudo cuando interactúan en el ámbito público, al solicitar servicios, negociar condiciones y, en general, tomar decisiones sobre su propia vida. La pregunta pone en evidencia barreras actitudinales y prejuicios arraigados que se ven intensificados por marcos jurídicos y políticas que privan a las personas con discapacidad de sus derechos civiles.
La interdicción —que consiste en designar a una persona para que se ocupe de tomar decisiones por otra— es uno de esos marcos. Muchas sociedades han negado la capacidad jurídica a diversos grupos. Hay países que todavía limitan la capacidad jurídica de las mujeres, y la mayoría restringen la capacidad jurídica de personas que tienen determinados tipos de discapacidad y de algunas personas mayores. Esto contraviene el derecho internacional de los derechos humanos, que exige que los países brinden un trato igualitario ante la ley a todas las personas, incluidas personas mayores y a quienes tienen alguna discapacidad.
Pero un cambio se está dando en la Ciudad de México. La diputada Marisela Zúñiga presenta hoy una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Civil y la Ley del Notariado de la ciudad. La iniciativa es una respuesta a las resoluciones de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la interdicción. Diversas organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, agrupadas en el colectivo Decidir es mi derecho, contribuyeron en su redacción.
La propuesta se nutre de reformas que ya se están aplicando en América Latina, específicamente en Colombia, Costa Rica y Perú, pero también incluye innovaciones; establece, por ejemplo, que todos las personas deben poder tener acceso al apoyo para la toma de decisiones. También reconoce las distintas maneras en que las personas pueden expresar su voluntad al firmar contratos y establece mecanismos específicos a los que se puede recurrir para designar a alguien que les ayude a tomar decisiones, comprender documentos jurídicos y comunicar sus deseos. Ello significa que las personas con discapacidad ahora podrán, por ejemplo, arrendar un departamento, contraer matrimonio o redactar un testamento por sí o con el apoyo de otra persona.
Todas las personas pueden expresar su voluntad y sus preferencias, en algunos casos, con ajustes. El proyecto presenta medios para reconocer otras formas de expresión, como por ejemplo, la designación de una persona de apoyo que pueda facilitar la comunicación. Es necesario que en los 32 estados de México se modifique la legislación civil para que se les otorgue plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad, y la iniciativa de la Ciudad de México ofrece ahora un modelo a seguir.
En las interacciones sociales cotidianas, las personas no acuden a jueces ni notarios para arrendar un automóvil, firmar un contrato de alquiler de un departamento o aceptar recibir un tratamiento médico, pero es posible que soliciten apoyo para tomar esas decisiones o para comunicarlas. Conforme a la reforma propuesta, esto puede hacerse mediante contratos privados o designando a personas de apoyo para determinadas transacciones.
El reconocimiento pleno de la capacidad jurídica permitirá que todas las personas, incluidas personas con discapacidad y personas mayores, puedan decidir si desean que alguien les brinde apoyo en su proceso de toma de decisiones. Es el primer paso para poner fin a la pregunta infantilizante: “¿Quien vino con usted?”.
