- El 18 de noviembre se presenta una nueva Declaración Internacional sobre la Protección de Civiles contra el Uso de Armas Explosivas en Áreas Pobladas para que los países adhieran a ella.
- El uso de armas explosivas en áreas pobladas, que causan daños previsibles directos e indirectos, son una de las mayores amenazas que afectan a los civiles en los conflictos armados contemporáneos.
- Todos los países deben adherirse al compromiso orientado a proteger a la población civil de los bombardeos aéreos y de artillería contra ciudades y poblados en tiempos de guerra, e interpretarlo del modo que más proteja a los civiles.
(Ginebra, 26 de octubre de 2022) – Todos los países deben adherir a un nuevo compromiso político orientado a proteger a la población civil de los bombardeos aéreos y de artillería contra ciudades y poblados en tiempos de guerra, señaló hoy Human Rights Watch en un informe publicado en forma conjunta con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.
El informe de 23 páginas, “Safeguarding Civilians” [Proteger a civiles], analiza la Declaración sobre la Protección de Civiles contra el Uso de Armas Explosivas en Áreas Pobladas, que se abrirá para recibir adhesiones de los países el 18 de noviembre de 2022 en Dublín, Irlanda. Los gobiernos deben adherir a la declaración e interpretar sus disposiciones del modo que brinde la máxima protección a la población civil, en las declaraciones que realicen ante la conferencia de Dublín y en lo sucesivo.
“La declaración sobre armas explosivas en áreas pobladas ofrece una herramienta valiosa para proteger a civiles contra una de las mayores amenazas que surgen en los conflictos armados contemporáneos”, manifestó Bonnie Docherty, investigadora sénior sobre armas de Human Rights Watch y autora principal del informe. “Todos los países deben respaldar la declaración en los más altos niveles y en los términos más enérgicos para demostrar que tienen la determinación de que esta tenga éxito en la práctica”.
Los civiles representan a la vasta mayoría de las personas que mueren o resultan heridas cuando en áreas pobladas se usan armas explosivas, como bombas aéreas, proyectiles, proyectiles de artillería y mortero, y misiles. Los impactos inmediatos incluyen muertes, lesiones y daño psicológico, como así también daño y destrucción de viviendas y otras estructuras civiles.
Los efectos indirectos, o de reverberación, causados por el uso de armas explosivas en zonas pobladas incluyen el daño o la destrucción de infraestructura civil crítica, como centrales energéticas, centros de salud y sistemas de agua y saneamiento. Esto interfiere en la prestación de servicios básicos, como atención de la salud y educación, y vulnera los derechos humanos. Las armas explosivas también deterioran al medioambiente y provocan el desplazamiento de poblaciones civiles.
La declaración establece que los efectos de amplio alcance de determinadas armas explosivas aumentan el riesgo de causar “impactos devastadores sobre los civiles”. Las armas explosivas tienen efectos de amplio alcance si tienen un radio extenso de onda expansiva y fragmentación, carecen de precisión, lanzan múltiples municiones al mismo tiempo, o presentan una combinación de estas características. Los ejemplos incluyen algunas armas lanzadas desde el aire, artillería de gran calibre, lanzacohetes multibarril, morteros, artillería y proyectiles que disparan municiones no teledirigidas.
Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado los efectos directos e indirectos de las armas explosivas en conflictos armados recientes como los de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Gaza, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sri Lanka, Ucrania y Yemen.
Reconociendo la necesidad imperiosa de que se tomen medidas, más de 70 países comenzaron un proceso político en 2019 para abordar el daño civil causado por los bombardeos aéreos y de artillería contra ciudades y poblados.
Los gobiernos acordaron el texto definitivo del proyecto de declaración sobre el uso de armas explosivas en áreas pobladas el 17 de junio de 2022 en las Naciones Unidas en Ginebra.
A la luz del compromiso central de la declaración, los países se comprometen a adoptar e implementar políticas y prácticas nacionales que contribuyan a evitar el daño a civiles “restringiendo o absteniéndose” del uso de armas explosivas en aldeas, ciudades y otras áreas pobladas.
“Los gobiernos deben expresar el compromiso de no usar armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas debido a los daños que puede preverse que causarán a la población civil”, explicó Docherty. “Las armas explosivas con efectos de amplio alcance son una elección absolutamente inapropiada para el uso en áreas pobladas, ya que plantean un mayor riesgo de daño a civiles”.
Los países deben declarar también que restringirán el uso de todas las demás armas explosivas en áreas pobladas cuando se prevea que se ocasionarán daños a civiles.
En su informe, Human Rights Watch y la Clínica de Harvard también interpretan otros compromisos fundamentales de la declaración. Los gobiernos deben comprometerse a tomar en cuenta los efectos directos e indirectos del uso de armas explosivas en áreas pobladas al planificar y ejecutar ataques, dado que son razonablemente previsibles.
Los gobiernos deben adoptar programas de asistencia a las víctimas sólidos e inclusivos, y recopilar y compartir datos operativos, como así también información sobre los efectos de las armas explosivas. Además, deben aclarar en qué consistirá su futuro trabajo sobre la declaración y cuál será su periodicidad, lo cual incluye reuniones para promover los compromisos de la declaración.
Human Rights Watch es una de las organizaciones fundadoras de la Red Internacional contra las Armas Explosivas, la coalición de organizaciones de la sociedad civil que promueve la adopción de una declaración política sobre el tema desde 2011.
“Esta declaración va más allá de simplemente reformular el derecho internacional existente y compromete a los Estados a tomar medidas adicionales que ayuden a impulsar objetivos humanitarios”, manifestó Docherty. “Los países deben interpretar la declaración de un modo que maximice su objetivo de protección civil, como primer paso fundamental para que se implemente de manera eficaz”.
