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El nefasto impacto de las armas explosivas en el patrimonio cultural

Cumplir la Declaración Política de 2022 reduciría los daños en los conflictos armados

Una estatua del filósofo y poeta ucraniano del siglo XVIII Hryhorii Skovoroda se alza entre las ruinas de un museo y monumento conmemorativo dedicado a él en Skovorodynivka, en la región ucraniana de Kharkivska. El edificio quedó destruido cuando una munición disparada por las fuerzas rusas impactó en el tejado el 6 de mayo de 2022, provocando un gran incendio. © 2022 Sergey Kozlov/EPA-EFE/Shutterstock

(Oslo, 18 de abril de 2024) – Los bombardeos y el lanzamiento de proyectiles contra ciudades y pueblos durante los conflictos armados tienen consecuencias devastadoras para el patrimonio cultural y para la población civil, señalaron Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard en un informe publicado hoy. La importancia de reducir al mínimo estos daños debe tratarse durante la primera reunión de países que respaldan la Declaración Política de 2022 sobre la Protección de Civiles contra el Uso de Armas Explosivas, que se realizará del 22 al 24 de abril de 2024 en Oslo, Noruega.

El informe de 80 páginas, “Destrucción del Patrimonio Cultural: Efectos de las armas explosivas en los conflictos armados y medidas para mejorar la protección, describe en detalle los daños inmediatos y a largo plazo que el uso de armas explosivas provoca sobre los bienes culturales en zonas pobladas, como edificios históricos y templos, museos y archivos, plazas públicas y espacios escénicos. Muestra que la Declaración sobre armas explosivas podría ser un instrumento valioso para abordar el problema.

“Los gobiernos deben reconocer que el uso de armas explosivas en zonas pobladas pone en peligro tanto al patrimonio cultural como a quienes lo aprecian”, expresó Bonnie Docherty, asesora sénior sobre armas de Human Rights Watch y profesora de Derecho en la Clínica de Harvard. “A fin de preservar este patrimonio para las generaciones venideras, las partes en conflictos armados deben cumplir con la Declaración Política de 2022 y abstenerse de realizar bombardeos y lanzar proyectiles en áreas urbanas pobladas”.

Cuando se utilizan en zonas pobladas, las armas explosivas, como bombas aéreas, proyectiles de artillería, cohetes y misiles, matan y hieren a civiles y destruyen bienes de carácter civil en el momento del ataque. Además, estas armas tienen efectos indirectos, o “de reverberación”, a largo plazo que agravan el sufrimiento de los civiles. Al dañar el patrimonio cultural, las armas borran la historia, mellan la identidad y la unidad de las comunidades y generan costos económicos.

Human Rights Watch y la Clínica de Harvard entrevistaron a 17 expertos y civiles afectados, consultaron fuentes primarias y secundarias y llevaron a cabo análisis legales.

Examinaron la guerra que Rusia libra actualmente en Ucrania para mostrar la vulnerabilidad del patrimonio cultural frente a las armas explosivas en zonas pobladas. Analizaron cinco ejemplos —incluidos archivos y museos locales, sitios culturales en centros urbanos y lugares de culto— que ponen de manifiesto la frecuencia, la diversidad y la gravedad de los efectos de las armas explosivas en el patrimonio cultural, y por qué tales efectos son importantes para la población civil.

Los investigadores también recurrieron a ejemplos de otros conflictos armados, en particular en Gaza y Yemen, con el objeto de diferenciar y explicar detenidamente los daños directos e indirectos a lugares y personas que causa este método de guerra.

“El uso de armas explosivas provoca pérdidas gravísimas a emplazamientos y bienes que pueden ser atesorados a nivel local o global”, explicó Docherty. “El daño también golpea de lleno al pueblo de una nación, que espera legar su patrimonio cultural de una generación a la siguiente”.

Desde el 18 de noviembre de 2022, 86 países han respaldado la Declaración, en la cual se establecen estándares para prevenir y paliar los efectos del uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Los países deberían interpretar la Declaración y ponerla en práctica con el fin de maximizar la protección del patrimonio cultural, apuntaron Human Rights Watch y la Clínica de Harvard. Además de evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas, los países deberían, entre otras cosas, capacitar a los soldados para que reconozcan y entiendan la importancia del patrimonio cultural local, recopilar y transmitir datos relativos a los daños a los bienes culturales y permitir que expertos en conservación tengan acceso inmediato a los lugares afectados.

Al adoptar esas medidas, las partes en conflictos armados pueden reforzar las salvaguardias para el patrimonio cultural previstas por el derecho internacional vigente. En la práctica, estas medidas pueden asegurar una mayor protección tanto del patrimonio cultural como de la población civil.

“Los países deben sumarse a la Declaración sobre armas explosivas y emplear ese instrumento para maximizar su impacto humanitario”, destacó Docherty. “Al implementar sus protecciones al patrimonio cultural, los países también beneficiarán a los civiles y, cabe esperar, mitigarán los efectos nefastos a largo plazo que tiene la guerra”.

“Los gobiernos deben reconocer que el uso de armas explosivas en zonas pobladas pone en peligro tanto al patrimonio cultural como a quienes lo aprecian”, expresó Bonnie Docherty, asesora sénior sobre armas de Human Rights Watch y profesora de Derecho en la Clínica de Harvard. “A fin de preservar este patrimonio para las generaciones venideras, las partes en conflictos armados deben cumplir con la Declaración Política de 2022 y abstenerse de realizar bombardeos y lanzar proyectiles en áreas urbanas pobladas”.

Cuando se utilizan en zonas pobladas, las armas explosivas, como bombas aéreas, proyectiles de artillería, cohetes y misiles, matan y hieren a civiles y destruyen bienes de carácter civil en el momento del ataque. Además, estas armas tienen efectos indirectos, o “de reverberación”, a largo plazo que agravan el sufrimiento de los civiles. Al dañar el patrimonio cultural, las armas borran la historia, mellan la identidad y la unidad de las comunidades y generan costos económicos.

Human Rights Watch y la Clínica de Harvard entrevistaron a 17 expertos y civiles afectados, consultaron fuentes primarias y secundarias y llevaron a cabo análisis legales.

Examinaron la guerra que Rusia libra actualmente en Ucrania para mostrar la vulnerabilidad del patrimonio cultural frente a las armas explosivas en zonas pobladas. Analizaron cinco ejemplos —incluidos archivos y museos locales, sitios culturales en centros urbanos y lugares de culto— que ponen de manifiesto la frecuencia, la diversidad y la gravedad de los efectos de las armas explosivas en el patrimonio cultural, y por qué tales efectos son importantes para la población civil.

Los investigadores también recurrieron a ejemplos de otros conflictos armados, en particular en Gaza y Yemen, con el objeto de diferenciar y explicar detenidamente los daños directos e indirectos a lugares y personas que causa este método de guerra.

“El uso de armas explosivas provoca pérdidas gravísimas a emplazamientos y bienes que pueden ser atesorados a nivel local o global”, explicó Docherty. “El daño también golpea de lleno al pueblo de una nación, que espera legar su patrimonio cultural de una generación a la siguiente”.

Desde el 18 de noviembre de 2022, 86 países han respaldado la Declaración, en la cual se establecen estándares para prevenir y paliar los efectos del uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Los países deberían interpretar la Declaración y ponerla en práctica con el fin de maximizar la protección del patrimonio cultural, apuntaron Human Rights Watch y la Clínica de Harvard. Además de evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas, los países deberían, entre otras cosas, capacitar a los soldados para que reconozcan y entiendan la importancia del patrimonio cultural local, recopilar y transmitir datos relativos a los daños a los bienes culturales y permitir que expertos en conservación tengan acceso inmediato a los lugares afectados.

Al adoptar esas medidas, las partes en conflictos armados pueden reforzar las salvaguardias para el patrimonio cultural previstas por el derecho internacional vigente. En la práctica, estas medidas pueden asegurar una mayor protección tanto del patrimonio cultural como de la población civil.

“Los países deben sumarse a la Declaración sobre armas explosivas y emplear ese instrumento para maximizar su impacto humanitario”, destacó Docherty. “Al implementar sus protecciones al patrimonio cultural, los países también beneficiarán a los civiles y, cabe esperar, mitigarán los efectos nefastos a largo plazo que tiene la guerra”.

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