(Sacramento) – Una medida recientemente aprobada en California que, según sus proponentes, abordará las necesidades de las personas sin hogar, se presta a abusos y corre el riesgo de no proporcionar a las personas la vivienda y los servicios necesarios, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto de ley, el Programa del Tribunal de Asistencia Comunitaria, Recuperación y Empoderamiento (CARE, por sus siglas en inglés), o SB 1338, permite la “remisión” involuntaria por parte de los familiares, la policía, los trabajadores comunitarios y los organismos que ponen a una persona bajo la jurisdicción del recién creado Tribunal CARE.
El proyecto de ley pretende centrarse en las personas con el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pero debido a que las personas de raza negra y marrón son frecuentemente sobre y mal diagnosticadas con estas condiciones, les afectará desproporcionadamente. A estos mismos grupos se les suele negar el acceso a la atención sanitaria voluntaria y, debido a la discriminación en la vivienda, el empleo, la policía y otros factores, constituyen un número muy desproporcionado de personas sin hogar.
El llamado “Tribunal CARE” no tiene nada que ver con la atención, sino que se aprovecha de los prejuicios contra las personas que no tienen hogar y viven con problemas de salud mental para crear un sistema coercitivo de tratamiento por orden judicial, cuando sabemos que el tratamiento involuntario es ineficaz e inhumano”, dijo Olivia Ensign, defensora principal del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “En lugar de destinar millones de dólares a medidas coercitivas creadas para el fracaso, los legisladores deberían invertir en programas de tratamiento y apoyo de eficacia probada”.
El gobernador Gavin Newsom propuso el Tribunal CARE en marzo de 2022. Frente a la oposición constante de una larga lista de grupos de discapacidad, justicia racial, dirigidos por pares y otros grupos de derechos civiles y humanos, incluido Human Rights Watch, la legislatura de California aprobó el proyecto de ley en agosto. El proyecto de ley se dirige ahora a Newsom para que lo firme.
La remisión involuntaria al tribunal puede dar lugar a una orden del juez, denominada plan CARE. Ese plan puede incluir una orden que ejerza poder sobre áreas fundamentales de la vida de una persona, como la medicación, la vivienda y otros servicios y apoyos. El incumplimiento de este plan CARE puede dar lugar a una intervención adicional, incluida una posible tutela, que puede despojar a una persona de su capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida y negarle el derecho a la autonomía sobre su propia salud.
La nueva ley desviará recursos de las iniciativas existentes en materia de salud conductual y vivienda, que pueden incluir tratamientos voluntarios basados en la comunidad, programas de vivienda y otros apoyos sociales. La Ley CARE no crea ningún recurso nuevo para la salud mental o la vivienda. En su lugar, redirige el dinero que ya está en el presupuesto a los programas requeridos por un plan CARE, ejerciendo una presión adicional sobre los recursos que ya son escasos.
“Los políticos que apoyan el Tribunal CARE han afirmado repetida y falsamente que proporciona un tratamiento ‘voluntario’, cuando, de hecho, todo el sistema está basado en la coerción”, señaló Ensign. “La capacidad de una persona para acceder a servicios fundamentales y a la vivienda no debería depender del control de un tribunal”.
