(Kiev) Fuerzas rusas y afiliadas a Rusia han estado trasladando de manera forzosa a civiles ucranianos, incluidos aquellos que huyen de las hostilidades, a la Federación Rusa o a partes de Ucrania ocupadas por Rusia, señaló Human Rights Watch en un informe que se presentó hoy.
El informe de 71 páginas, “‘No tuvimos opción’: La ‘filtración’ y el crimen que implica el traslado por la fuerza de civiles ucranianos a Rusia”, documenta los traslados de civiles ucranianos. Estos traslados son una violación grave del derecho de guerra que se consideran crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. Las autoridades rusas y afiliadas a Rusia también han sometido a miles de ciudadanos ucranianos a una forma de control de seguridad obligatorio, punitivo y abusivo llamada “filtración”.
“Los civiles ucranianos no deben tener como única opción ir a Rusia”, manifestó Belkis Wille, investigadora sénior sobre crisis y conflictos de Human Rights Watch y coautora del informe. “Y nadie debería ser forzado a exponerse a un proceso de evaluación abusivo para alcanzar la seguridad”.
Human Rights Watch entrevistó a 54 personas que fueron a Rusia, pasaron por la filtración, tenían familiares o amigos que fueron trasladados a Rusia, o ayudaron a ucranianos que intentaban irse de Rusia. La mayoría había huído del área de Mariúpol y muchos fueron trasladados desde la región de Járkov. Human Rights Watch también entrevistó a decenas de civiles del área de Mariúpol que pudieron escapar de la zona desde guerra hacia territorio controlado por Ucrania, sin pasar por la filtración.
El 5 de julio de 2022, Human Rights Watch le envió al gobierno ruso un resumen de sus hallazgos y una serie de preguntas, pero no recibió respuesta.
Funcionarios rusos y afiliados a Rusia organizaron el transporte de personas que huían de la ciudad portuaria de Mariúpol, ubicada en el sureste, que se encuentra sitiada. Indicaron a algunos civiles que su única opción era quedarse en las áreas ocupadas por Rusia o dirigirse a Rusia y que debían “olvidarse” de ir a territorios controlados por Ucrania. “Por supuesto que habríamos aprovechado la oportunidad de ir a Ucrania si hubiésemos podido, no hay duda de eso”, señaló una de las mujeres trasladadas desde Mariúpol. “Pero no tuvimos opción, no existía la posibilidad de ir allí”.
Otras personas dijeron que militares y demás personal en los puestos de control les indicaban a los ciudadanos ucranianos que huían que se dirigieran a Rusia o a la “República Popular de Donetsk” (“RPD”), un área de la región de Donetsk ocupada por Rusia y controlada por grupos armados afiliados a Rusia. El personal militar que reunió a los civiles en los territorios ocupados les indicó lo mismo. Quienes contaban con los medios económicos pudieron organizar su propio transporte hacia territorios controlados por Ucrania.
Residentes de algunas localidades y de una ciudad que se encuentra al este de la región de Járkov, que comparte frontera con Rusia, también fueron forzados a trasladarse a Rusia. Un hombre de 70 años de la aldea de Ruska Lozova manifestó que las fuerzas rusas le dijeron “ustedes vivieron bajo nuestro régimen; así que, si el Ejército ucraniano viene, los castigarán” y “serán ejecutados”. Si bien él no cedió, cientos de familias de esa localidad sí se trasladaron a Rusia.
Algunas de las personas contaron que fueron a Rusia voluntariamente, en su mayoría de paso para llegar a la Unión Europea, entre otras cosas, como una forma de evitar las restricciones a la posibilidad de viajar.
A pesar de que no hay claridad sobre el número total de civiles ucranianos trasladados a Rusia, muchos fueron desplazados y transportados de una manera y en un contexto que los convierte en traslados ilegales y forzosos, explicó Human Rights Watch. A mediados de agosto, en los medios de comunicación rusos se informó que más de 3,4 millones de ucranianos habían ingresado a la Federación Rusa provenientes de Ucrania, incluidos 555.000 niños y niñas.
Algunos de quienes tenían acceso a teléfonos inteligentes y redes sociales pudieron conectarse con activistas que los ayudaron a abandonar Rusia para dirigirse a Estonia, Letonia o Georgia. Sin embargo, en la frontera algunos tuvieron inconvenientes porque habían dejado sus documentos de identidad al huir de Ucrania.
El derecho de guerra prohíbe que las fuerzas rusas y afiliadas a Rusia obliguen a civiles ucranianos a evacuar el lugar donde están en dirección a Rusia, ya sea en forma individual o colectiva. Un traslado forzoso constituye un crimen de guerra y un posible crimen de lesa humanidad e incluye aquellos traslados en los que una persona presta su consentimiento para desplazarse solo porque teme las consecuencias que enfrentaría en caso de quedarse, como violencia, coacción o detención, y la potencia ocupante se aprovecha de un contexto coercitivo para llevar a cabo el traslado. El traslado o el desplazamiento de civiles no se encuentra justificado ni resulta lícito por motivos humanitarios si la crisis humanitaria que provoca el desplazamiento deriva de una actividad ilícita por parte de la potencia ocupante.
Durante el proceso de “filtración” al que fueron sometidos miles de residentes del área de Mariúpol cuando intentaban escapar, los funcionarios rusos y afiliados a Rusia que se encontraban en la región ocupada por Rusia en general recopilaron datos biométricos de los civiles, como las huellas digitales e imágenes frontales y laterales del rosto, les hicieron cacheos, requisaron sus pertenencias y teléfonos, y los interrogaron sobre sus opiniones políticas.
Un hombre proveniente de Mariúpol contó que decenas de residentes de Mariúpol permanecieron dos semanas en el edificio de la escuela de una localidad, en condiciones insalubres, antes de pasar por la filtración. Dijo que muchos se enfermaron y temían cuál sería su destino. “Nos sentíamos rehenes”, señaló.
Si bien Rusia puede tener fundamentos legítimos para realizar evaluaciones de seguridad sobre quienes buscan ingresar voluntariamente a territorio ruso, el proceso de filtración —en cuanto a su alcance y la manera sistémica con que se obligó a ciudadanos ucranianos a someterse— resulta punitivo y abusivo, carece de fundamento legal y viola el derecho a la privacidad, señaló Human Rights Watch.
Las personas que “no aprobaron” el proceso, al parecer por presuntos vínculos con el ejército o grupos nacionalistas ucranianos, quedaron detenidas en regiones controladas por Rusia, incluido un centro de detención en Olenivka, donde habrían muerto 50 detenidos ucranianos como resultado de una explosión el 29 de julio.
Las fuerzas rusas y afiliadas a Rusia que se encuentran en áreas que ocupan deben garantizar que los civiles puedan irse en forma segura a territorios controlados por Ucrania si así lo deciden, apuntó Human Rights Watch. Deben cerciorarse de que las personas que tomen los autobuses estén plenamente informadas sobre dónde estos se dirigen y tengan opciones en caso de que no deseen viajar a Rusia. Deben dejar de presionar a los ciudadanos ucranianos para que vayan a Rusia y facilitar el regreso a Ucrania de quienes así lo deseen.
Las autoridades rusas también deberían detener todo tipo de procesos de recopilación y conservación de datos biométricos de personas que estén en Ucrania o salgan de ese país. Solo podrán recopilar datos biométricos cuando sea lícito, proporcional y necesario y deberán informar a las personas el motivo por el cual se reúnen sus datos, cómo se utilizarán y por cuánto tiempo se conservarán.
“Debe cesar de inmediato el traslado de personas como rebaño a las áreas ocupadas por Rusia y posteriormente hacia Rusia sin su consentimiento”, señaló Wille. “Las autoridades rusas y las organizaciones internacionales deben hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a quienes fueron llevados a Rusia contra su voluntad y desean volver a sus hogares en forma segura”.
