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Delegados participan de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos en el edificio principal de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el lunes 24 de junio de 2019. © 2019 Magali Girardin/Keystone vía AP

Agradecemos a la Alta Comisionada por su informe, que destaca problemas claves de derechos humanos en Venezuela. El informe describe muertes causadas durante operativos de las fuerzas de seguridad, que a menudo han participado en la arremetida contra opositores que lleva adelante el gobierno. Menciona el acceso precario a la atención de la salud que profundiza una emergencia humanitaria que ya existía antes de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. El informe también describe la criminalización de organizaciones de la sociedad civil, cuyo ejemplo más claro es  la detención arbitraria de Javier Tarazona, abogado defensor de derechos humanos de la ONG Fundaredes, quien dio a conocer los nexos entre autoridades venezolanas y grupos armados que operan en el estado Apure.

Los hechos hablan por sí solos: las autoridades venezolanas no han implementado de manera significativa las recomendaciones de la Alta Comisionada.

Una recomendación central que sigue pendiente es llevar a cabo una reforma profunda del poder judicial de Venezuela, para poner fin a la impunidad ante delitos aberrantes. Las reformas recientes al sistema de justicia del país no restablecieron la independencia judicial, e incluso podrían haberla debilitado aún más. El proceso para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Supremo —que incide sustancialmente en el nombramiento y la destitución de jueces de tribunales inferiores— careció de independencia y resultó en la reelección de  magistrados que no habían actuado como frenos al poder ejecutivo.

La impunidad sigue siendo la norma.

Instamos a la Alta Comisionada a apoyar todos los esfuerzos para que haya rendición de cuentas a nivel internacional. Específicamente, debería apoyar de manera pública la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y cooperar con el equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, a fin de que pueda impulsar investigaciones rigurosas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas, incluyendo la responsabilidad en la cadena de mando.

Muchas gracias.

 

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