El 2 de mayo, Human Rights Watch, con expertos sobre minería ilegal de oro en Venezuela, para mantendrá un diálogo virtual acerca del grave impacto ambiental y para los derechos humanos que tiene la minería ilegal en el país.
En el evento, que será abierto al público, se analizará de qué manera las empresas deberían mejorar sus prácticas de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en sus cadenas de suministro del oro, entre otras cuestiones, haciendo un seguimiento desde las minas donde se origina el oro y dando a conocer públicamente los resultados.
Venezuela tiene reservas de recursos de gran valor, incluido el oro. La mayor parte de la minería de oro en los estados del sur de Venezuela se desarrolla de manera ilegal. Gran parte del oro sale de Venezuela mediante contrabando e ingresa, a través de maniobras de lavado, al oro nacional de “países de tránsito”, como Colombia, Guyana y Brasil, para luego ser vendido a empresas en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países.
En 2020, Human Rights Watch documentó cómo los residentes del estado venezolano Bolívar sufrieron abusos atroces por parte de grupos armados, incluidas organizaciones criminales conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos que controlan las minas de oro ilegales. Estos grupos operan, en gran medida, con la aquiescencia o participación del gobierno para mantener el control social. Entre los abusos que siguen produciéndose se incluyen amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos. Los grupos armados también operan y cometen abusos en otras zonas de la frontera entre Venezuela y Colombia.
La minería en los estados del sur ha generado deforestación y contaminación de las aguas. Es habitual que se use mercurio en la minería artesanal, lo cual ha llevado a un aumento en los casos de intoxicación por mercurio. Los trabajadores de las minas, algunos de apenas 10 años de edad, soportan condiciones de trabajo severas, que incluyen jornadas de trabajo de 12 horas sin equipos de protección. La minería ha tenido un impacto sobre comunidades indígenas y ha causado, entre otras cosas, desplazamientos forzados.
Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que el tráfico ilegal de oro financia conflictos armados y es usado por grupos criminales para lavar dinero en los mercados internacionales. Las compañías que compran oro deben ser cuidadosas para evitar ser cómplices de estas actividades.
Los países deben establecer garantías para impedir que ingrese en su territorio el oro venezolano asociado con violaciones de derechos humanos y daño ambiental. Las empresas tienen la responsabilidad de asegurarse de no contribuir a abusos.
El evento se desarrollará durante el 15.° Foro sobre Responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales, organizado por la OCDE. Allí, los expertos analizarán y debatirán la implementación de las pautas de debida diligencia establecidas por la OCDE que promueven cadenas de suministro responsables para los minerales que se extraen en zonas de conflicto. Este foro permite un diálogo de vital importancia para analizar cómo impedir que el oro venezolano manchado de sangre cruce fronteras.
