Hace diez años, el 13 de julio de 2012, el Parlamento ruso aprobó su ley de “agentes extranjeros”, utilizando el pretexto de la financiación extranjera para demonizar, acosar y silenciar a la robusta sociedad civil del país. El creciente arsenal legislativo de Rusia contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes ha asestado golpes devastadores a cualquiera que sea percibido como crítico.
Este ataque, por sí solo, podría haber justificado la atención del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de derechos humanos de la ONU. Hoy en día, con la represión masiva desde la invasión a gran escala de Ucrania, el caso está más claro que el agua.
Este es el mensaje que han lanzado 47 países de la ONU, quienes han denunciado conjuntamente el historial de derechos humanos de Rusia y han pedido un mayor escrutinio por parte de la ONU. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, los derechos humanos en Rusia no solo se han erosionado, sino que han sido aniquilados.
Desde que comenzó la guerra, las leyes de censura obligaron a los últimos medios de comunicación independientes de Rusia a cerrar o a enfrentarse a sanciones penales simplemente por comentar la guerra. Desde su aprobación, las autoridades han presentado cargos penales contra decenas de personas por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, como sustituir las etiquetas de los precios por mensajes contra la guerra o publicar opiniones contra la guerra en las redes sociales, hasta casos, como el de Vladimir Kara-Murza, quien emitió un discurso contra la represión del Kremlin. Otros miles de personas han sido multadas o detenidas por participar en concentraciones contra la guerra.
Las autoridades han tomado medidas para reprimir a la sociedad civil. En marzo, un tribunal de apelación confirmó la liquidación del principal grupo de derechos de Rusia, Memorial. En abril, un tribunal liquidó la Fundación Esfera, entidad jurídica bajo la que opera la Red LGBT rusa, y el Ministerio de Justicia canceló los registros de 15 grupos internacionales, entre ellos Human Rights Watch.
Una nueva serie de proyectos de ley ampliaría, en caso de aprobarse, el ámbito de los “agentes extranjeros”, frenaría la libertad de reunión, ampliaría la definición de alta traición y permitiría el bloqueo de contenidos en línea. Al mismo tiempo, en marzo, Rusia se retiró del Consejo de Europa y, desde entonces, ha aprobado leyes para impedir que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tengan efecto legal en Rusia, dos medidas que privan a los rusos de una importante vía de justicia.
Grupos internacionales de derechos y defensores de los derechos rusos han pedido la creación de un relator especial dedicado a supervisar e informar sobre los ataques de Rusia a los derechos. Los 47 países han pedido, con razón, una mayor atención internacional a la represión rusa. Ahora deben traducir su determinación en el liderazgo necesario para establecer el mandato del Relator que pide la comunidad de derechos humanos de Rusia.
