El público en EE. UU. está atento a una decisión de la Corte Suprema que podría redefinir los derechos de aborto en el país. Lo hace con el temor fundado de que el tribunal pueda invalidar Roe v. Wade, y desmantelar un marco que, a lo largo de medio siglo, ha permitido que millones de mujeres accedan al aborto legal.
El temor es justificado. El avance sobre los derechos reproductivos en EE. UU. lleva ya varios años: los estados crean obstáculos para los profesionales de la salud y las clínicas que brindan servicios de aborto, y también imponen escollos a quienes intentan obtener abortos, lo cual posterga e impide que ejerzan su derecho humano de acceso al aborto.
Al mismo tiempo, países en todo el mundo están avanzando en la dirección contraria, y no solo despenalizan el aborto sino que además garantizan y amplían progresivamente el acceso a los abortos seguros. Esto ocurre en países con economías desarrolladas y en desarrollo, con amplia diversidad en cuanto a creencias religiosas y en distintas regiones del mundo. Sudáfrica, Irlanda, el Reino Unido, México, Colombia, Corea del Sur y Nepal son apenas algunos de los países que, en las últimas décadas, reconocieron el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.
Estos países, pese a sus marcadas diferencias, tienen algo en común: han otorgado a los derechos humanos de las mujeres embarazadas un lugar central en su análisis.
El enfoque centrado en las vidas de quienes atraviesan un embarazo es el resultado de movimientos sociales en todo el mundo que luchan en forma persistente por los derechos humanos. También es resultado de que, cada vez más, se acepta que los derechos reproductivos son derechos humanos. Las prohibiciones al aborto violan los derechos a no sufrir violencia, a la privacidad, a la familia, a la salud e incluso el derecho a la vida, entre otros.
La buena noticia es que países de todo el mundo han estado adoptando, de manera constante, un enfoque del aborto basado en los derechos humanos. La mala noticia es que Estados Unidos podría convertirse en una excepción a esta tendencia, al limitar los derechos de aborto y desestimar las experiencias de las personas que quedan embarazadas. Esta trayectoria sitúa a Estados Unidos en una posición más próxima a la de países como Nicaragua, El Salvador y Polonia, y lo aleja de gobiernos que valoran a cada individuo y a sus derechos humanos.
En las próximas semanas, Human Rights Watch prevé publicar una serie de artículos de opinión sobre la situación en otros países, y mostrar que un enfoque basado en los derechos humanos, que privilegie a las personas embarazadas, es el enfoque adecuado.
Estados Unidos tal vez pueda extraer enseñanzas de lo que están haciendo otros países.
