El 11 de febrero, el estado mexicano de Guanajuato emitió a Fausto Martínez, una persona no binaria originaria de la ciudad de Celaya, Guanajuato, un nuevo certificado de nacimiento en el que se indica un tercer género. Esta medida supone un paso significativo en el reconocimiento legal de un tercer género en México.
En noviembre de 2021, Martínez solicitó a la justicia federal que reconociera su identidad de género luego de que el Registro Civil del estado rechazó su pedido de que se enmendara su certificado de nacimiento. Dos meses después, un juez hizo lugar al recurso de amparo de Martínez y ordenó al Registro Civil emitirle un nuevo certificado con un tercer género.
Amicus, organización de la sociedad civil que representó a Martínez en juicio, indicó no conocer otra sentencia en México que reconozca la identidad de género de una persona no binaria. “Lo que no se nombra no existe. El reconocimiento legal establece que las personas [no binarias] tienen derechos. Este es un gran logro”, dijo Martínez a Human Rights Watch.
En todo el mundo, el reconocimiento legal del género está tomando terreno. Si bien a menudo los gobiernos reconocen el cambio legal a Masculino o Femenino, más de una decena de países, como Argentina, Malta, India, Nepal y Estados Unidos, ya permiten los documentos no binarios a nivel nacional. Los Países Bajos prevén directamente eliminar las referencias de género de los documentos de identidad.
La Organización de Aviación Civil Internacional, que determina la normativa mundial para los pasaportes, permite tres categorías de sexo: masculino, femenino o “X” para indefinido.
Si bien la sentencia del tribunal de Guanajuato se aplica únicamente a Martínez, es un hito importante que se suma a las decisiones de la Suprema Corte de México de 2018 y 2019 a favor de que solicitantes trans pudieran pedir que se cambien el componente sexo que figura en sus documentos de identificación.
En 19 de los 32 estados de México hay procedimientos de reconocimiento legal del género que permiten que las personas cambien el componente sexo masculino o femenino, pero ninguno prevé en forma expresa una opción neutra en cuanto al género.
En estados como Guanajuato, donde no hay leyes o procedimientos específicos que permitan el reconocimiento legal del género, las personas interesadas en que se cambien el componente sexo a menudo deben atravesar procesos judiciales prolongados y costosos. A veces también se desplazan a otros estados donde el proceso está permitido, pero luego pueden tener problemas de reciprocidad en su estado de origen, lo cual los lleva a iniciar ulteriores procesos judiciales.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los gobiernos a establecer procedimientos eficientes y gratuitos para el reconocimiento legal del género. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ha ratificado, exige que los estados reconozcan plenamente la identidad de género de sus residentes.
Si bien el caso de Martínez es importante, todos los estados mexicanos, incluido Guanajuato, deberían permitir que sus ciudadanos y ciudadanas trans y no binarios sean reconocidos por la ley.
