(Nueva York) – Un programa de la Ciudad de Nueva York que privatizó el control y la gestión de algunas viviendas públicas no ha establecido medidas de supervisión ni protecciones adecuadas para los derechos de los residentes, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.
El informe “El inquilino nunca gana: La gestión privada de viviendas públicas pone en riesgo derechos en la Ciudad de Nueva York”, de 98 páginas, analiza el impacto del programa de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) denominado Compromiso de Asequibilidad Permanente Juntos (Permanent Affordability Commitment Together, PACT), que utiliza un programa federal llamado Demostración de Asistencia con el Alquiler (Rental Assistance Demonstration, RAD) para permitir la privatización de algunas viviendas. En el marco del programa PACT, que se inició en diciembre de 2016, la NYCHA da en arrendamiento sus desarrollos de viviendas públicas a empresas privadas por períodos de 99 años y privatiza la administración de los edificios. Human Rights Watch determinó que las conversiones realizadas en virtud del PACT también conllevan la pérdida de protecciones importantes para los residentes y, en dos complejos, podrían haber contribuido a un mayor número de desalojos.
“Tras décadas de desinversión federal, muchos edificios de viviendas públicas de la Ciudad de Nueva York se encuentran en condiciones precarias que pueden ser peligrosas para la salud de los residentes”, indicó Jackson Gandour, investigador en temas de empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Se suponía que el PACT compensaría la falta de financiamiento para mejorar el estado de los edificios, pero se ha traducido en controles insuficientes y en la pérdida de protecciones fundamentales para los derechos de los arrendatarios y, en dos casos, concluimos que el programa estaba asociado con un mayor número de desalojos”.
El informe es el primer estudio exhaustivo que analiza el impacto del PACT sobre el derecho humano de los residentes a la vivienda. Human Rights Watch llevó a cabo un análisis minucioso de decenas de documentos legales y de otro tipo, y entrevistó a 17 personas en cinco complejos de viviendas públicas que habían sido convertidos al sistema de administración privada en virtud del programa PACT, a 10 residentes de viviendas administradas por la NYCHA, abogados, especialistas en políticas de vivienda y miembros de la sociedad civil y de organizaciones comunitarias.
La vivienda pública es una fuente fundamental de vivienda asequible para los neoyorquinos de bajos ingresos, sobre todo las personas de color, adultos mayores y personas con discapacidad. Las viviendas públicas de la NYCHA representan el 57 % de las unidades asequibles para quienes tienen ingresos inferiores al 30 % del ingreso medio en el área, pese a que constituyen apenas el 9 % de las existencias de viviendas de alquiler ocupadas en la Ciudad de Nueva York. Ante la escasez crónica de viviendas accesibles en EE. UU., hay una necesidad acuciante de viviendas públicas. La lista de espera para viviendas públicas de la NYCHA tiene más de 160.000 solicitudes, y quienes tienen la suerte de salir de la lista igualmente deben esperar, en promedio, más de un año antes de que los asignen a un departamento.
El Congreso ha recortado insistentemente las partidas presupuestarias destinadas a las viviendas públicas, que dependen en gran medida de financiamiento federal. Los fondos para reparaciones importantes se redujeron un 35 %, en términos reales, entre 2000 y 2021, y los fondos para el funcionamiento y el mantenimiento de rutina han sido en todo momento insuficientes para cubrir las necesidades operativas. A causa de esto, las viviendas de NYCHA pasaron de tener una calidad igual o mejor que las de viviendas comparables del sector privado, a tener todo tipo de problemas graves como moho, desprendimiento de pintura con plomo y fallas en el sistema de calefacción.
Para compensar el financiamiento insuficiente crónico del gobierno, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. creó el programa RAD, que permite que los gobiernos locales “conviertan” viviendas de la sección 9 de la Ley de Vivienda a la sección 8. Este cambio permite la intervención del sector privado, la posibilidad de tomar hipotecas sobre los edificios y el acceso a subsidios de vivienda pública más generosos. Muchas ciudades, incluida la Ciudad de Nueva York, usaron el RAD para posibilitar una intervención sustancial de sociedades con fines de lucro en la gestión de las viviendas públicas, que obtienen una rentabilidad a partir de subsidios generosos y del pago de alquileres.
El PACT ha permitido que la NYCHA obtenga fondos para reparaciones necesarias a costa de perder algunas protecciones claves para los inquilinos, lo que incluye disposiciones de un acuerdo de monitoreo federal entre la NYCHA y el gobierno federal sobre las condiciones de supervisión en edificios de la NYCHA. Muchas protecciones para los residentes, incluidas aquellas que obligan a los administradores del PACT a realizar reparaciones y atenerse a los Estándares sobre Calidad de la Vivienda federales, se reflejan en los contratos base de los acuerdos PACT. Sin embargo, estos contratos no otorgan a los residentes el derecho a exigir que se cumplan estas protecciones.
Human Rights Watch analizó datos sobre desalojos proporcionados por la NYCHA y concluyó que, de los seis desarrollos del PACT que se convirtieron antes de 2020, cuando se aprobó una moratoria sobre los desahucios, estos aumentaron en dos grandes conversiones del PACT que, en conjunto, albergan a 6500 personas. Uno de estos desarrollos, Ocean Bay en Queens, fue la primera conversión en virtud del PACT que tuvo la NYCHA. Entre 2017 and 2019, la tasa de desalojos superó en más del triple a la media de la NYCHA. “Te sacan más rápido”, dijo un residente de Ocean Bay a Human Rights Watch.
Algunos residentes del programa PACT señalaron que era muy difícil conseguir que se hicieran reparaciones en los departamentos y que sentían que no tenían otra opción más que aceptar la administración del PACT.
“Tuvimos que sufrir por una semana, asearnos parados, calentar agua en la cocina y dormir con todo tipo de abrigos y guantes puestos, cubiertos con mantas, en el invierno más crudo”, dijo un residente del PACT, refiriéndose a haber tenido que pasar una semana sin calefacción ni agua caliente durante el invierno.
La Ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York deben actualizar sus leyes sobre desalojos para adecuarlas a los estándares internacionales de derechos humanos, que prohíben los desalojos que expongan a los inquilinos a quedar en situación de calle u otro tipo de violaciones de derechos humanos, explicó Human Rights Watch. La NYCHA debería reforzar la supervisión y la rendición de cuentas del PACT, entre otras cosas, creando una entidad independiente que supervise los desarrollos del PACT.
A nivel nacional, el Congreso debería financiar en forma plena la vivienda pública para cerciorarse de que los gobiernos locales puedan mantener este recurso fundamental para los residentes de bajos ingresos, señaló Human Rights Watch.
El enfoque regresivo que tiene el Gobierno de EE. UU. con respecto a la vivienda pública se inscribe en una tendencia mundial de países que asignan fondos insuficientes a programas que contribuyen a materializar el derecho humano a la vivienda. El 17 de enero, Human Rights Watch divulgó un informe que concluye que las condiciones en los alojamientos temporarios del Reino Unido violan los estándares de derechos humanos. El informe indica que el Gobierno del Reino Unido debería mejorar la calidad de los alojamientos temporarios y revertir el retroceso de la inversión en viviendas sociales.
“Durante décadas, EE. UU. privó a la vivienda pública de fondos suficientes e impulsó estrategias público-privadas; pero la privatización por sí sola no es la solución para la falta de viviendas asequibles”, sostuvo Gandour. “Las ciudades pueden evitar implementar estrategias riesgosas para financiar reparaciones indispensables, y podrían brindar vivienda segura y asequible de calidad durante las próximas décadas si tan solo los gobiernos invirtieran más fondos”.
