A mediados de noviembre, una línea telefónica de denuncias del gobierno paraguayo recibió información sobre sospechas de abuso sexual contra una niña indígena de 13 años en una comunidad próxima a la frontera con Brasil. El caso fue asignado a la defensora Roselí Echeguren, del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay.
Echeguren contó a Human Rights Watch que miembros de la comunidad habían notado que la niña había empezado a usar una faja. Echeguren acudió a ver a la niña y la llevó a un hospital, donde los médicos confirmaron que estaba embarazada. La niña aseguró no haber dicho nada sobre qué le ocurría “por miedo”.
Las autoridades iniciaron una investigación penal por abuso sexual y los líderes de la comunidad hicieron gestiones para que la niña fuera trasladada fuera de su casa. Varios psicólogos la han entrevistado desde entonces. Sin embargo, Echeguren contó, nadie le hizo una pregunta crucial: si deseaba seguir adelante con el embarazo. Según Echeguren, esto se debe a la draconiana ley sobre aborto en el país.
En Paraguay, el aborto solo es legal cuando resulta necesario para salvar la vida de la persona embarazada. Mujeres y niñas se ven obligadas a seguir adelante con embarazos no deseados incluso en casos de violación o incesto, embarazos que suponen un riesgo grave para su salud (pero no para su vida) y embarazos en los cuales el feto es inviable fuera del útero. Se trata de una de las leyes sobre aborto más restrictivas de América Latina.
La excepción limitada que prevé la ley no es suficiente para proteger vidas, ni mucho menos la salud o la dignidad de las niñas. Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en la región indican que las prohibiciones estrictas en materia de aborto no impiden que las mujeres y niñas se sometan a abortos, sino que las obligan a hacerlo en condiciones inseguras, que ponen en peligro su vida y su salud.
En 2018, una niña paraguaya de 14 años que quedó embarazada tras ser violada por un hombre de 37 años falleció mientras los médicos le practicaban una cesárea de emergencia, en un intento desesperado por salvar su vida y la del bebé. Anteriormente, había estado varias semanas internada por complicaciones relacionadas con el embarazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que las niñas de entre 10 y 14 años enfrentan un riesgo mayor de complicaciones y de muerte como resultado de un embarazo, en comparación con niñas mayores o mujeres.
Según datos del Ministerio de Salud recabados por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), una coalición de organizaciones no gubernamentales paraguayas, desde 2013 un promedio de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en Paraguay, aun cuando la ley paraguaya establece que mantener relaciones sexuales con niñas y niños de menos de 14 años constituye abuso sexual. Amnistía Internacional informó el año pasado que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a sus víctimas.
Las niñas y las mujeres indígenas en Paraguay están particularmente expuestas a riesgos debido a que, como lo señaló en 2017 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, enfrentan discriminación y tienen dificultades para acceder a la atención médica, a la educación y a oportunidades de empleo.
Con independencia de qué habría decidido sobre su embarazo la víctima de violación de 13 años a quien Echeguren asiste, debería haber tenido la opción de interrumpirlo de manera segura y legal. Todos los años, cientos de niñas sufren como ella, a menudo atemorizadas y en silencio, sin acceso a información y despojadas de la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Estas son las terribles consecuencias de la injusta ley sobre aborto que rige en Paraguay.
Paraguay debería despenalizar el aborto. Como mínimo, debería permitir excepciones acotadas que, además de la ya establecida para preservar la vida de la persona, también salven vidas y protejan la salud y la dignidad. Es esencial que se permita que los médicos, con el consentimiento informado de sus pacientes, interrumpan un embarazo cuando sea el resultado de violación o incesto, cuando no haya posibilidades de que sobreviva el feto o cuando sea necesario para proteger la salud de una persona. Las autoridades paraguayas deben actuar ahora, antes de que más mujeres y niñas sufran innecesariamente.
