La semana pasada una niña de 14 años murió dando a luz en Paraguay. Quedo embarazada al ser violada por un hombre de 37 años, y falleció mientras los médicos le practicaban una cesárea de emergencia, en un intento desesperado por salvar su vida y la del bebé, luego de haber pasado varias semanas en el hospital por complicaciones relacionadas con el embarazo. “Su cuerpo no estaba preparado para un embarazo”, manifestó el director del hospital. El bebé sobrevivió.
En Paraguay el aborto es ilegal en casi todas las circunstancias. La única excepción es cuando un embarazo genera complicaciones con riesgo para la vida. Esta excepción muy restringida no es suficiente para proteger la vida, la salud y la dignidad de las niñas y las mujeres.
El aborto en casos de embarazo por violación o incesto es ilegal en Paraguay. También es ilegal cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud—sin poner en peligro la vida de la madre—y cuando no hay posibilidades de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero.
No sabemos si la niña de 14 años que murió la semana pasada deseaba someterse a un aborto. La decisión de interrumpir un embarazo es absolutamente personal. Tal vez habría optado por continuar el embarazo incluso si el aborto legal fuera una alternativa. Pero, como mínimo, ella y su familia, algún representante de su religión o una persona de confianza, y el médico que la atendía deberían haber tenido la posibilidad de conversar y considerar el riesgo que suponía seguir adelante con el embarazo y la opción de interrumpirlo.
En 2015, una niña de diez años quedó embarazada en Paraguay tras ser violada por su padrastro. Su madre pidió autorización para que la niña se sometiera a un aborto, pero las autoridades rechazaron el pedido. La niña dio a luz a los 11 años. Es decir, una víctima de violación sexual de apenas 11 años de edad fue obligada a experimentar la maternidad contra su voluntad. Esto podría haberse evitado si el país permitiera que hubiera abortos seguros y lícitos.
Numerosos expertos internacionales han manifestado que impedir el acceso al aborto para las víctimas de violación puede equivaler a tortura. Refiriéndose a la situación en Paraguay, el Comité contra la Tortura ha manifestado que la prohibición del aborto implica para las sobrevivientes “una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas, lo que supone un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos”.
Cada día cuatro niñas sufren violencia sexual en Paraguay y dos niñas menores de 15 años dan a luz, según datos del Ministerio de Salud. No sé si la niña de 14 años habría elegido no seguir adelante con el embarazo que se le impuso si hubiera tenido la opción de interrumpirlo de manera segura y legal. Pero nunca se le ofreció esa posibilidad. Y hay cientos de niñas como ella, a las que se despoja de toda información y poder de decisión sobre su vida y su cuerpo. Estas son las consecuencias brutales e inevitables de la legislación sobre aborto de Paraguay.
Paraguay debería derogar todas las leyes que criminalizan el aborto. Incluso excepciones restringidas posibilitarían salvar algunas vidas, al permitir que los médicos, con el consentimiento expreso de sus pacientes, interrumpan un embarazo cuando sea necesario proteger la vida o la salud de una mujer o niña, cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto, o cuando el feto sea inviable. Las autoridades paraguayas deberían tomar medidas inmediatamente, antes de que otras adolescentes sufran las consecuencias de las restricciones al aborto que existen en el país.
