(Washington D.C.) – El gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha propuesto un proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” que restringiría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil, señaló hoy Human Rights Watch.
El proyecto, que actualmente está siendo discutido en la Asamblea Legislativa, exige que las personas naturales o jurídicas que reciben fondos o apoyo del exterior se inscriban como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación. Además, la ley limita ampliamente las actividades en las que pueden participar aquellas organizaciones y personas consideradas “agentes extranjeros”. Reiteradamente, los partidarios de Bukele han utilizado su mayoría de dos tercios en la legislatura para adoptar medidas que socavan la independencia judicial y debilitan la rendición de cuentas.
“Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”.
El proyecto de ley sobre “agentes extranjeros” exige que las personas naturales o jurídicas se registren como “agentes extranjeros” si reciben “directa o indirectamente” fondos desde el exterior, trabajan bajo el “control” de personas en el extranjero o representan sus “intereses”. El proyecto establece que quienes no cumplan con la ley, serán sancionados con una multa o la cancelación de su personería jurídica.
El proyecto establece que esas personas o entidades podrían incurrir en “responsabilidades penales” por actos que “amenacen la seguridad nacional” u “otros [actos] debidamente comprobados”. Asimismo, prevé un impuesto del 40 % sobre “cada transacción financiera, desembolsos, transferencias…”, incluidas donaciones, que reciban del exterior las organizaciones consideradas “agentes extranjeros”.
Asimismo, el proyecto estipula que quienes se registren como “agentes extranjeros” no podrán llevar a cabo “actividades para fines políticos” con el objetivo de alterar el “orden público” o que “pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por El Salvador, establecen que las leyes solamente podrán limitar los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación cuando ello resulte necesario y proporcional para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de terceros. El proyecto incluye numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para restringir el trabajo de las organizaciones la sociedad civil y los medios independientes y limitar su acceso a fondos, señaló Human Rights Watch.
El proyecto se presentó tras un anuncio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)el 4 de noviembre de 2021, sobre una “iniciativa a cinco años por USD 300 millones para empoderar a organizaciones locales en El Salvador, Guatemala y Honduras con el fin de que aborden los factores que propician la migración irregular hacia EE. UU.”.
El proyecto sobre “agentes extranjeros” es la última de una serie de medidas del gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil, señaló Human Rights Watch.
El 18 de mayo, los legisladores conformaron una comisión para investigar la asignación de los fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales, en un aparente esfuerzo por atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil. La comisión, compuesta por legisladores del partido de gobierno y aliados, no ha anunciado en forma pública ningún resultado, pero igualmente sus miembros han acusado a organizaciones no gubernamentales de ser “corruptas”, sin ofrecer pruebas que sustenten esos señalamientos.
En septiembre de 2020, el gobierno de Bukele anunció una investigación penal contra el prestigioso medio El Faro por presunto “lavado de dinero”. El anuncio, que el gobierno no respaldó con pruebas, se hizo algunas semanas después de que El Faro informara que el Presidente Bukele había negociado con la mara MS-13, la mayor del país, para conceder privilegios penitenciarios a algunos de sus miembros a cambio del compromiso de bajar la tasa de homicidios y apoyar al partido político del presidente en las elecciones legislativas de febrero de 2021.
Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, usaron leyes similares sobre “agentes extranjeros” para silenciar a la sociedad civil. El Parlamento Europeo ha condenado la ley adoptada por Rusia —la cual es objeto de varias demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— como una herramienta para acallar el disenso, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha expresado de manera inequívoca que la ley viola estándares internacionales.
El proyecto de ley nicaragüense, aprobado en octubre de 2020, contiene disposiciones similares a las de El Salvador. En Nicaragua, la legislación estableció requisitos excesivos para las organizaciones no gubernamentales que deben registrarse ante el Ministerio de Gobernación, y obligó así a algunas a suspender sus actividades en el país.
