Durante la última semana, agentes migratorios mexicanos y elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en el sur de México para dispersar múltiples caravanas de solicitantes de asilo, incluyendo familias, niños y niñas, que intentaban dirigirse al norte del país. Periodistas y activistas han acompañado a estas caravanas y han grabado muchos de sus enfrentamientos con autoridades mexicanas. Las imágenes que han recogido son espeluznantes.
En un video, que tuvo amplia difusión en redes sociales, se ve a un agente migratorio mexicano que patea reiteradamente a un migrante en el rostro, mientras otro lo sujeta contra el piso. En otro video, se observa a agentes de la Guardia Nacional usando sus escudos para derribar a un hombre haitiano que lleva a un niño en brazos. “¡Mátame!”, grita el hombre, “¡mátame con el niño!”. Estos ejemplos son apenas algunos entre decenas de incidentes.
Según periodistas y activistas que han viajado con las caravanas, las autoridades mexicanas han separado a familias, pateado y golpeado a migrantes, irrumpido por la fuerza en viviendas particulares para perseguir a migrantes y agredido a miembros de la prensa, activistas y representantes de la comisión de los derechos humanos de México que intentaban documentar los abusos. En estos choques, han resultado heridos tanto migrantes como autoridades mexicanas.
En las últimas dos semanas cuatro caravanas en camino al norte han sido dispersadas violentamente por autoridades mexicanas. A diferencia de caravanas anteriores, no se formaron en Centroamérica sino en la ciudad de Tapachula al sur de México, a unos 10 km de la frontera con Guatemala. Han estado integradas mayoritariamente por haitianos y hondureños que han solicitado asilo en México y están a la espera de una resolución de su caso.
Tras presión del gobierno de Biden para impedir que los migrantes lleguen a la frontera de EE. UU., el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha puesto en práctica una política de “contención”, centrada en mantener a los migrantes en el sur de México, sobre todo en Tapachula.
Human Rights Watch visitó Tapachula a comienzos de agosto. Allí encontramos a miles de solicitantes de asilo sin trabajo, vivienda ni alimentos, que en muchos casos dormían en las calles. Si bien la ley mexicana les permite viajar a cualquier lugar dentro del estado de Chiapas hasta que se emita una decisión en sus casos, retenes migratorios les han impedido irse de Tapachula.
Los recientes hechos de violencia son una consecuencia extrema de la nefasta estrategia migratoria que México está implementando a instancia de Estados Unidos. En el largo plazo, ambos países necesitarán un nuevo enfoque en materia migratoria basado en el respeto de los derechos humanos. En el corto plazo, AMLO debe cerciorarse de que los agentes que cometieron estos abusos respondan por sus acciones por medio de investigaciones internas y colaboración con autoridades judiciales.
