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El Senado mexicano tendría que hacer consultas significativas para aprobar legislación en salud mental

Colectivo en México urge a la inclusión de personas con discapacidad en el proceso de consulta para reformar la legislación del país en materia de salud mental

“Quiero ayudar a cambiar el sistema de salud mental porque es violento en contra de nosotras, las personas con discapacidades psicosociales”, me dijo Felipe Orozco la semana pasada.

Felipe es un activista de derechos de personas con discapacidad y miembro activo del colectivo que actualmente está urgiendo al Senado para no aprobar una ley de salud mental regresiva. Él fue hospitalizado en cinco ocasiones desde 2017 en conexión con una condición de salud mental, y fue encadenado una vez por 12 horas y obligado a orinar y defecar mientras estaba amarrado a una cama.

En julio 28 el Senado detuvo la aprobación de una iniciativa de ley de salud mental después de que el colectivo Salud Mental con Derechos, al que Human Rights Watch pertenece, junto con numerosas organizaciones de personas con discapacidad en México, se opusieron a ella. La iniciativa habría reforzado un abordaje sobre salud mental que descansa grandemente en forzar a las personas con discapacidad a ser hospitalizadas y tratadas medicamente sin su consentimiento.

El Senado respondió favorablemente al llamado del colectivo para detener la ley y estuvo de acuerdo en abrir un proceso de consulta para reformar el marco legislativo de México en materia de salud mental. Lo que ahora se necesita es un marco adecuado para asegurar que las personas con discapacidad puedan participar efectivamente en este vital proceso.

El gobierno debería comprometerse con una consulta significativa no sólo porque es la manera correcta de hacer las cosas, sino porque está obligado a hacerlo en virtud de ser Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que México ratificó en 2007. A partir de entonces, la Suprema Corte de México ha invalidado legislación de los estados debido a la falta de un adecuado proceso de consulta con organizaciones de personas con discapacidad.

La consulta no puede ser sólo de labios para afuera. El Comité de la CDPD, que monitorea el cumplimiento del tratado, ha sostenido que, para ser efectivas, tales consultas deben involucrar a organizaciones de personas con discapacidad desde el principio del proceso, en lugar de esperar a que la política o la legislación hayan sido ya terminadas.

Asimismo, las consultas no deben ser usadas para limitar derechos humanos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, sería inapropiado usar el procedimiento de consulta para justificar despojar a las personas con discapacidad del derecho a la capacidad jurídica plena, y retirarles su subjetividad en los tratamientos de salud mental.

Con un efectivo y significativo proceso de consulta, México tiene una oportunidad única de crear un nuevo sistema mediante legislación que se aparte de prácticas abusivas en salud mental que han perdurado por generaciones. Como primer paso, el gobierno debería genuinamente escuchar voces como la de Felipe Orozco, para que nadie tenga que soportar lo que a él le ocurrió.

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