Agentes de las fuerzas de seguridad encargados de hacer cumplir la cuarentena han detenido a cientos de personas en centros de contención, donde existe un mayor riesgo de propagar el contagio de Covid-19. El 15 de abril de 2020, la Corte Suprema dictó la última de tres sentencias que procuran frenar estos abusos, pero Bukele emitió declaraciones públicas después de cada una de ellas en las cuales desafía a la corte. Su gobierno todavía no ha acatado lo dispuesto por el máximo tribunal.
“El desprecio manifiesto de Bukele por el papel que juega la Corte Suprema en la protección de derechos fundamentales debería encender todas las alarmas para que la OEA adopte medidas urgentes que prevengan un mayor deterioro del Estado de derecho y la erosión de las instituciones democráticas”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La OEA debe hacerles frente a aquellos gobernantes que privan a sus ciudadanos de la función fundamental que ejercen los tribunales de hacer cumplir el Estado de derecho y prevenir violaciones de derechos humanos”.
El 26 de marzo, la Corte Suprema determinó que la legislación vigente no permitía que las fuerzas de seguridad detuvieran a personas en centros de confinamiento exclusivamente por haber incumplido con la cuarentena domiciliaria y que tales detenciones no podían ser avaladas constitucionalmente por decreto. La corte dispuso, asimismo, que las “dependencias policiales [no] pued[en] emplearse en ningún caso y ni siquiera durante lapsos breves” para detener a los infractores.
No obstante, el 6 de abril, el Presidente Bukele tuiteó que había ordenado a las fuerzas policiales y militares que “endurec[ieran] las medidas contra las personas que incumplan la cuarentena”, y agregó que no le importaría que la policía le “dobla[ra] la muñeca” a alguien durante una detención. Esa noche, cientos de personas fueron detenidas por transgredir la cuarentena domiciliaria. Algunos fueron llevados a dependencias policiales, en flagrante desacato de la sentencia de la Corte Suprema.
En una segunda sentencia del 8 de abril, la Sala de lo Constitucional sostuvo que “el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido” confinar a personas en centros de contención tan solo por haber incumplido las normas de cuarentena. Destacó que el Congreso tendría que aprobar una ley formal que permita y regule específicamente tal detención. El decreto solamente concedió a la policía la facultad de confinar a una persona a internamiento sanitario forzoso cuando se pudiera determinar, objetivamente, que había estado expuesta al virus.
El 9 de abril, el Presidente Bukele tuiteó que el que “viola la cuarentena será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un Centro de Cuarentena... Allí pasará 30 días, o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que… no porta[n] el virus”. Agregó que hacer pruebas en centros de cuarentena no será “una prioridad”, de modo que “podrían estar allí por mucho tiempo”. Ese mismo día, Javier Argueta, el asesor jurídico de la presidencia anunció que las detenciones continuarían pese a la decisión de la corte. El 10 de abril, la policía tuiteó que la institución seguía deteniendo a personas por violar la cuarentena y que las enviaba a centros de contención.
En el pronunciamiento más reciente, del 15 de abril, la Sala ordenó al Presidente Bukele cumplir con las sentencias anteriores, conforme lo exige la Constitución. La corte señaló que, pese a sus decisiones, distintos medios de comunicación y los numerosos recursos de habeas corpus que había recibido indicaban que se seguía deteniendo a personas por violar la cuarentena.
Menos de una hora después, pasada la medianoche, el Presidente Bukele emitió un mensaje vía Twitter, y esta vez indicó que “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, presuntamente acusando a la corte de socavar sus políticas contra el coronavirus.
También expresó que “no acataría” una orden que permitiría que mueran miles de salvadoreños.
La OEA no puede permitirse hacer la vista gorda cuando un líder actúa abiertamente contra el Estado de derecho e incentiva a sus autoridades a incumplir pronunciamientos constitucionales sobre derechos fundamentales, apuntó Human Rights Watch.
La OEA podría abordar esta amenaza a los derechos fundamentales en El Salvador invocando la Carta Democrática Interamericana. Esto permite al Secretario General, Luis Almagro, o a cualquier país miembro convocar a una sesión del Consejo Permanente para que analice situaciones en las que haya existido una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”.
Invocar la carta es el primer paso en un proceso para determinar si se han violado sus disposiciones. Da lugar a una evaluación inicial de la situación por los Estados Miembros y establece que el Consejo Permanente dispondrá la “realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática” en estos casos.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dejó en claro que creía que el incumplimiento del gobierno de Bukele constituía una amenaza a la separación constitucional de poderes y señaló que el cumplimiento de las decisiones judiciales configura “una manifestación de la separación e independencia de los poderes públicos, … un componente fundamental del Estado de Derecho [y] uno de los elementos esenciales de la democracia representativa”. Citó la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, en la cual se reafirmó “el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia”.
Un informe especial elaborado por el Comité Jurídico Interamericano en 2015 señala que la Carta Democrática debe considerarse una “respuesta para los atropellos a la democracia en donde son los propios gobiernos elegidos democráticamente los que atentan contra las instituciones democráticas y contra los derechos humanos”.
“Bukele actúa como si la pandemia de Covid-19 justificara dejar a un lado el papel crucial de la Corte Suprema, que actúa como un freno a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Poder Ejecutivo”, expresó Vivanco. “Para proteger a los salvadoreños, la OEA debe dejar en claro que las garantías de derechos fundamentales y las instituciones siguen en pie, incluso durante una pandemia”.
