Las declaraciones del Presidente Nayib Bukele han promovido el uso excesivo de la fuerza y la ejecución draconiana de las medidas ordenadas por su gobierno. Es muy probable que sus comentarios, vía Twitter y en cadena nacional, hayan incentivado a agentes de las fuerzas de seguridad a cometer abusos y hayan contribuido a una respuesta policial desproporcionada. Cientos de detenidos fueron recluidos en centros de cuarentena en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y un hombre murió el 1° de abril, tras no recibir atención médica adecuada.
“El Presidente Bukele actúa como si cualquier política fuera válida para detener la propagación de la Covid-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las fuerzas de seguridad deben estar sujetas a un control estricto y rendir cuentas si cometen abusos, dado su historial, presente y pasado, de comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
El 21 de marzo de 2020, Bukele anunció, por cadena nacional, que dictaría un decreto ordenando una cuarentena domiciliaria obligatoria a nivel nacional por 30 días para contener la propagación del virus. El decreto, que fue publicado en el Diario Oficial recién el 22 de marzo, estipuló que sólo una persona por familia podía circular para comprar alimentos o medicinas. A su vez, los funcionarios públicos, médicos, periodistas, distribuidores de alimentos, agentes militares y policiales, así como trabajadores de autopistas, energía, bancos y restaurantes, quedaron exentos.
Algunos de los autorizados para circular no necesitaban mostrar documentación para hacerlo, pero aquellos que trabajaban para empresas privadas o quienes brindaban atención o cuidado a niños o enfermos, personas con discapacidad o adultos mayores debían mostrar su identificación personal y una carta de su empleador.
El decreto ordenaba que los infractores serían retenidos en un “centro de contención” u otra instalación que el Ministerio de Salud considere adecuada. Asimismo, dispuso que las autoridades del Ministerio de Salud determinarían si una persona debía ser retenida en un centro de cuarentena o enviada a cumplir con la cuarentena en su casa.
Durante la madrugada del 22 de marzo, tras el anuncio de Bukele pero antes de que el decreto que disponía la cuarentena fuera publicado en el Diario Oficial, fueron detenidas setenta personas. Otras fueron detenidas por no usar mascarillas, aunque el decreto no lo requería, y a pesar de que, según una alta autoridad del gobierno, no había mascarillas disponibles en las farmacias. Otras personas fueron detenidas cuando salieron a comprar comida o medicinas, a pesar de estar exceptuadas por el decreto.
En otros casos, las personas fueron arrestadas a pesar de que el decreto las exceptuaba por trabajar en servicios esenciales o porque sus compañías no habían sido incluidas en una limitada lista elaborada por la policía con los nombres de las compañías autorizadas para operar.
El mismo día que entró en vigencia el decreto, el Ministro de Defensa sostuvo, respondiendo a una pregunta sobre cuáles eran los criterios utilizados por las fuerzas de seguridad para realizar una detención, que “uno detecta cuando le están mintiendo”. Posteriormente, otro decreto emitido el 30 de marzo proporcionó más detalles sobre los criterios para poder circular durante la cuarentena, incluida la documentación que las personas debían portar.
El 22 de marzo, el director de la Policía Nacional señaló que los detenidos serían trasladados a unidades policiales “hasta [recibir] nuevas instrucciones”, debido a que no se habían establecido centros de contención habilitados.
Según la Procuraduría de Derechos Humanos, decenas de personas fueron obligadas a dormir en estacionamientos de vehículos en sedes policiales. Los detenidos en las comisarías señalaron que permanecieron todo el día sin comida ni agua potable en condiciones insalubres.
Entre el 21 de marzo y el 11 de abril, la Procuraduría de Derechos Humanos preliminarmente documentó 343 denuncias, entre las cuales 102 eran por detención arbitraria o uso excesivo de la fuerza. También hubo denuncias por falta de acceso a atención médica y a las pruebas médicas de detección de Covid-19 en los centros de contención.
El 26 de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó la liberación de tres personas, acogiendo un hábeas corpus que había sido interpuesto en su favor. Las tres personas habían sido detenidas cuatro días antes mientras compraban alimentos y medicinas en un mercado en Jiquilisco, en el departamento Usulután. La policía no ofreció explicaciones sobre los arrestos, mantuvo a estas personas detenidas durante los primeros tres días sin comida en una estación de policía, y luego las trasladó a un centro de contención. El tribunal determinó que “centenares de personas” fueron detenidas “al parecer conduciéndolas a dependencias policiales” y que los detenidos no podían ser detenidos “en ningún caso” en dependencias policiales, ni siquiera durante lapsos breves, por violar la cuarentena.
Aunque el fallo del hábeas corpus benefició a las tres personas cuya liberación ordenó el tribunal, la Corte subrayó que la resolución también resultaba aplicable a cualquier otra persona detenida en circunstancias similares. Por ello, no debía continuar aplicándose la política de detención impulsada por el Presidente Bukele, informaron varios juristas a Human Rights Watch.
Hasta el 13 de abril, había 4.236 personas detenidas en 87 centros de contención, según datos oficiales. Algunos detenidos habían violado la cuarentena domiciliaria obligatoria y otros habían regresado al país del exterior. La Procuraduría de Derechos Humanos informó que los centros de contención, creados inicialmente para aislar durante 30 días a las personas potencialmente infectadas que regresaban del extranjero, se encontraban hacinados.
Según la Procuraduría, las personas en estos centros carecían de acceso adecuado al agua, comida y tratamiento médico. Algunos habían sido obligados a dormir en el suelo. Los adultos mayores y aquellas personas con condiciones de salud preexistentes, que están expuestas a un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el virus, no fueron aislados de otros detenidos. Muchos detenidos dijeron que no les habían realizado una prueba de detección de Covid-19 y algunos de los que sí la hicieron, no habían recibido los resultados. La Procuraduría de Derechos Humanos, además, denunció que algunos detenidos fueron trasladados de una instalación a otra sin respetar los protocolos de salud.
Detener a quienes violan las reglas de la cuarentena podría, en la práctica, aumentar la transmisión de la enfermedad si las autoridades los trasladan a centros de contención hacinados donde el virus podría propagarse fácilmente, sostuvo Human Rights Watch. El 6 de abril, en una conferencia de prensa, el Ministro de Justicia y Seguridad instó a los salvadoreños a respetar la cuarentena aclarando que, si la violan, “tendrán que ser llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo, en estos centros, de contraer el virus”.
Hasta el 13 de abril, El Salvador había confirmado 137 casos de Covid-19, pero dada la escasa disponibilidad de pruebas para confirmar el diagnóstico, el número de infectados probablemente sea mayor.
El 1° de abril, Oscar Méndez, ingeniero industrial de 56 años, murió después de ser trasladado a un centro de contención y obligado a observar la cuarentena tras regresar de Panamá el 13 de marzo. Mientras estaba detenido, se enfermó, los médicos le diagnosticaron una infección urinaria y le recetaron antibióticos. El 25 de marzo, fue trasladado a un segundo centro de contención improvisado en un hotel. Cuando su esposa fue al hotel para averiguar qué le había sucedido porque no contestaba su teléfono, las autoridades le dijeron que había muerto, pero no le informaron la causa de su muerte. Posteriormente, el Ministerio de Salud informó que Méndez había muerto por insuficiencia respiratoria. La Procuraduría de Derechos Humanos sostuvo que no había recibido tratamiento médico adecuado y la Fiscalía General anunció que investigaría las circunstancias de su muerte.
Un vídeo que circuló el 25 de marzo en las redes sociales muestra a agentes policiales golpeando a un hombre de 80 años por no cumplir con la cuarentena. Otro vídeo exhibe a agentes policiales obligando a un grupo de hombres a caminar en fila por la calle colocando sus manos en sus cabezas, gritando: “¡No tengo que salir de mi casa!”. La Procuraduría de Derechos Humanos condenó estas últimas acciones como humillantes. El fiscal general destacó que las personas no deberían ser llevadas a sedes policiales por violar la cuarentena y prometió investigar la golpiza y otros abusos.
El 29 de marzo, en respuesta a numerosas críticas sobre las políticas de su gobierno frente a la pandemia, el Presidente Bukele tuiteó que “(…) parece que hay algunas organizaciones de “derechos humanos” que solo trabajan para lograr que mueran más humanos”. El 27 de marzo, el presidente retuiteó a un salvadoreño que llamó al procurador de derechos humanos “idiota”.
El 6 de abril, el Presidente Bukele dijo que había ordenado a las fuerzas de seguridad “endurecer las medidas contra las personas que violen la cuarentena”, y agregó que no le importaría si la policía “doblaba la muñeca” de alguien durante un arresto. Esa noche, cientos de personas fueron detenidas, incluidas algunas que, según informes de prensa, fueron arrestadas por romper la cuarentena, a pesar de haber proporcionado razones válidas para circular. Algunos fueron llevados a estaciones de policía, en flagrante desacato de la sentencia de la Corte Suprema.
En un segundo fallo, el 8 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema reiteró que las personas arrestadas por violar la cuarentena no podían permanecer detenidas en un centro de contención. La Sala enfatizó que la policía solo podía confinar a una persona en un centro de contención si podía determinarse objetivamente que había estado expuesta al virus y no simplemente por violar la cuarentena.
Desafiando nuevamente a la Corte Suprema, el Presidente Bukele tuiteó el 9 de abril que cualquier persona que violara la cuarentena “será retenido por las autoridades y el Ministerio de Salud ordenará su ingreso en un centro de cuarentena, por ser un potencial foco de infección” donde “pasará 30 días o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que no porta el virus”. Agregó que las personas en centros de contención no serán “una prioridad” para la realizarles la prueba de detección de Covid-19, por lo cual “podrían estar allí por mucho tiempo”.
El Presidente Bukele debería públicamente aclarar que el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias son ilegales y no hacen parte de la política del contención del coronavirus, sostuvo Human Rights Watch. Cualquier detención en centros de contención debería llevarse a cabo bajo estricto apego a la legalidad y en condiciones que prevengan la propagación del virus.
El gobierno está obligado a garantizar el acceso a alimentos, agua y atención médica adecuados, y a garantizar que las instalaciones que emplee para aislar a personas presuntamente infectadas cuenten con espacio suficiente para permitir el distanciamiento social y el aislamiento, según corresponda.
El Presidente Bukele también debería abstenerse de atacar a quienes cuestionan las políticas de su gobierno, incluida la Procuraduría de Derechos Humanos y otros defensores de derechos humanos, así como asegurarse de que todos ellos puedan llevar adelante su trabajo sin temor a sufrir represalias, dijo Human Rights Watch.
