(Washington D.C.) – Los paquetes de ayuda contra el COVID-19 que se dispongan en el futuro en Estados Unidos deben orientarse para que atienda las necesidades básicas de aquellos cuya situación sea más delicada, expresó hoy Human Rights Watch.
Tres paquetes de medidas anteriores que aprobó el Congreso no brindaron la asistencia ni las garantías que necesitan las familias en situación de pobreza y, como resultado, no las protegieron de quedar sumidas en deudas ni de la posibilidad de ser desalojadas o de no poder satisfacer sus necesidades básicas. La purga de inspectores generales que ha impulsado el presidente Donald Trump es un factor que agrava incluso más este riesgo.
“A medida que se agudizan las dificultades financieras, muchas personas en Estados Unidos tendrán que tomar decisiones sumamente difíciles, a menos que el gobierno estadounidense adopte medidas coordinadas para mitigar estas dificultades”, opinó Komala Ramachandra, investigadora sénior sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “En una crisis de salud pública, la máxima prioridad de todos debe ser mantenerse seguros y saludables y no preocuparse por tener que hacer pagos”.
Las medidas de distanciamiento social han provocado el cierre de actividades y esto ha hecho que millones de trabajadores pierdan sus empleos o vean reducidos sus salarios. Los cierres de establecimientos educativos y de cuidados han obligado a las personas a ocuparse primordialmente del cuidado de dependientes a su cargo, a costa de su trabajo. Un número sin precedentes de 16 millones de personas solicitaron beneficios por desempleo en las últimas tres semanas. Con esto, el total de puestos de trabajo que se han perdido recientemente asciende al 10 % de la fuerza laboral estadounidense. Se prevé que estas cifras sigan aumentando, y que casi 4 de cada 10 estadounidenses informen la pérdida del empleo o de ingresos. Muchos de los puestos de trabajo que desaparecieron eran tareas con baja remuneración, por lo que la situación afecta a quienes no tenían ninguna capacidad de ahorro.La crisis económica ha diezmado la capacidad de muchas familias de costear comida, medicamentos, alquileres y servicios públicos. Los bancos de alimentos en todo el país han informado que entregan una cantidad récord de comidas. Casi un tercio de las personas que viven en departamentos alquilados en Estados Unidos no pagó la renta de abril.
Suspensión de desalojos, cortes de servicios y cobro de deudas
Los paquetes de alivio establecidos por el Congreso protegen contra nuevos procedimientos de desalojo en ciertos tipos de vivienda y ejecuciones de hipotecas federales. Pero no establecen protecciones para quienes no pueden pagar servicios públicos, como agua y electricidad, o pagar deudas como facturas médicas o consumos de tarjetas de crédito.
Varios gobiernos estaduales y locales han adoptado protecciones más amplias. Al menos 24 estados han suspendido los cortes de servicios por falta de pago. Algunos estados, como California, han tomado medidas para restablecer el servicio de agua en los hogares que antes habían sido desconectados del suministro. Algunos han paralizado los desalojos y las ejecuciones hipotecarias, y otorgado períodos de gracia para después de la crisis, a fin de darles tiempo a que recuperen las fuentes de ingresos.
La respuesta de los estados en materia de cobro de deudas ha sido dispar. Massachusetts estableció límites a ciertas actividades de cobro de deudas, mientras que Virginia Occidental declaró que los cobradores profesionales de deudas eran una “actividad esencial” exceptuada de la obligación de permanecer en casa. Para las personas con bajos recursos, es probable que se acumulen boletas impagas y que esto, a su vez, provoque el embargo de sueldos y cuentas bancarias e historiales de crédito negativos, con un impacto a largo plazo en el acceso a vivienda, préstamos, seguro y empleos.
Este abordaje fragmentado deja muchos aspectos desprotegidos. En el proyecto de la legisladora Nita Lowey sobre Responsabilidad por Trabajadores y Familias (Take Responsibility for Workers and Families) se proponen algunas soluciones federales. La presidenta de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, ha propuesto un anteproyecto para un paquete integral de medidas en materia de defensa del consumidor; también tramita en el Senado un proyecto complementario.
Para reafirmar el derecho a la vivienda adecuada, los gobiernos deberían tomar medidas que protejan a las personas de desalojos injustos y de la pérdida indebida de sus viviendas. En épocas de grave crisis económica y financiera, los gobiernos deben establecer protecciones especiales para las personas vulnerables y cerciorarse de que las medidas de ayuda para las personas con ingresos bajos o que no tienen ningún ingreso sean suficientes para proteger el derecho a la vivienda adecuada. Éstas pueden incluir la asistencia financiera directa para pagos de alquileres e hipotecas, o la postergación de tales pagos; la suspensión de desalojos debido a cuotas atrasadas; la estabilización de los alquileres o medidas de reducción; y la suspensión de los costos de servicios públicos y cobro de deudas.
El Congreso debería recurrir a propuestas existentes para proteger a todos los que enfrentan la pérdida del empleo o tienen dificultades económicas de la posibilidad de desalojos y cortes de servicios y de la acción de cobradores de deudas.
Orientar los pagos a trabajadores con bajos ingresos o desempleados
Los paquetes de alivio anteriores brindaron apenas un único pago directo a personas que están por debajo de un cierto nivel de ingresos e incrementaron provisoriamente el seguro de desempleo, incluso para los trabajadores del hogar y quienes están en la economía del trabajo esporádico (gig economy). Estas protecciones resultaron absolutamente insuficientes para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, y amplios sectores de la población activa no reunieron los requisitos para los beneficios.
Estos beneficios son exclusivamente para las personas con número de Seguro Social, lo cual excluye a millones de inmigrantes que trabajan y pagan impuestos estadounidenses. Las personas de más de 16 años cuyos padres podrían declararlas dependientes tampoco recibirán asistencia financiera. Estos son algunos de los trabajadores más vulnerables y más afectados por la pérdida de puestos de trabajo y los recortes salariales, los cuales, además, cuando se inició la crisis eran quienes tenían menos recursos.
Aunque la Ley de Priorización de las Familias en Respuesta al Coronavirus (Families First Coronavirus Response Act) garantiza la licencia remunerada para casi la mitad de los trabajadores estadounidenses y la licencia remunerada extendida para algunos padres cuyos hijos no estén asistiendo a la escuela, no se aplica a empleadores que tengan una plantilla de 500 o más trabajadores. Muchas de estas empresas emplean a trabajadores considerados esenciales. Los legisladores deberían extender la licencia remunerada por enfermedad a todos los trabajadores, los trabajadores en riesgo y aquellos con familiares enfermos o en riesgo. En parte debido a prejuicios de género y la persistente brecha salarial de género, las mujeres son las más expuestas al riesgo de quedar fuera de la economía sin la garantía de licencia remunerada extendida en un contexto en el que los trabajadores tienen que ocuparse del cuidado infantil.
Asegurar tratamiento médico asequible
Ninguno de los paquetes de ayuda asegura tratamiento asequible y accesible contra el COVID-19. Algunos paquetes anteriores incluyeron medidas para pruebas gratuitas, aunque hay personas a las que se hicieron pruebas, que han recibido facturas.
Al menos 28 millones de estadounidenses no contaban con seguro antes de la crisis y es probable que esa cifra aumente drásticamente a medida que las personas pierdan los puestos de trabajo y el seguro que estaba a cargo de los empleadores. Si bien los hospitales no pueden negarse a atender a las personas que necesitan tratamiento, es probable que muchas personas sin seguro posterguen la atención o no busquen tratamiento por temor a tener que asumir cuantiosas deudas por servicios médicos. Una mujer sin seguro médico en Pennsylvania murió tras negarse a ir al hospital, por temor a no poder pagar el costo. El costo de la atención puede ser desorbitante: los servicios de internación y tratamiento pueden costar entre USD 14.000 y más de USD 70.000.
El gobierno de Trump se ha negado a permitir que se inicie un período nacional de inscripción abierta en el seguro de salud al amparo de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act), está disponible para quienes perdieron su empleo recientemente y varios estados han abierto períodos de inscripción de emergencia. Sin embargo a asequibilidad de estos planes sigue siendo un obstáculo, sobre todo en los 14 estados que no han aceptado la expansión de Medicaid.
El gobierno ha expresado que usará parte de los USD 100.000 millones destinados a hospitales en un paquete de ayuda anterior para pagar el tratamiento contra el COVID-19 de personas que no cuentan con seguro, y se cree que esto podría insumir hasta USD 40.000 millones. Los proveedores de atención de la salud esperaban contar con estos fondos para cubrir otros costos, como los de estructuras provisorias e insumos médicos, por lo que no queda claro si esta asignación será suficiente para un sistema de salud que ya está desbordado.
El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud comprende la atención asequible y el acceso a establecimientos de salud para todas las personas a efectos de prevenir, tratar y controlar epidemias. El Congreso debe cerciorarse de que todas las personas en EE. UU. puedan obtener atención de salud asequible, y al mismo tiempo asegurar que los hospitales y proveedores de atención de la salud cuenten con los recursos necesarios para prestar servicios. Asimismo, el Congreso debería asignar fondos para la obtención de datos sobre grupos específicos afectados por el COVID-19, como afroamericanos y latinos, a fin de que haya una distribución adecuada de las medidas de prevención y tratamiento.
Establecer una supervisión efectiva
Los paquetes de ayuda actuales y futuros brindarán asistencia financiera a las empresas para sortear las consecuencias económicas de la crisis. Los paquetes de medidas de recuperación que se otorguen en lo sucesivo también deberían incluir inversiones importantes en infraestructura. Hasta el momento, los fondos para empresas no han incluido medidas de supervisión adecuadas que aseguren que los fondos se orienten efectivamente a proteger a los trabajadores.
Los fondos podrían ser susceptibles de favoritismo político y medidas en beneficio propio, que se verían agravadas por el volumen sin precedentes de los fondos que se están asignando, la velocidad con que los gobiernos desean distribuirlos y los esfuerzos de la administración para limitar la posibilidad de supervisión, incluso antes de que empiecen las operaciones.
Un investigador general especial tiene a su cargo la supervisión de un fondo de USD 500.000 millones para sociedades. Sin embargo, al refrendar la ley, Trump añadió una declaración por la cual se atribuye la facultad de impedir que se informe al Congreso. La administración designó al abogado de la Casa Blanca Brian Miller para esa función, y esto hace temer que Miller no realice una supervisión independiente e imparcial.
El paquete también creó el Comité de Rendición de Cuentas de la Respuesta a Pandemias (Pandemic Response Accountability Committee), integrado por inspectores generales y el encargado de supervisar la administración de los fondos de ayuda. El comité designó como presidente a Glenn Fine, inspector general interino del Departamento de Defensa, con antecedentes en gestiones republicanas y demócratas; sin embargo, Trump lo separó del cargo en forma intempestiva.
La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi anunció un panel bipartidista de supervisión legislativa que velaría por la asignación y el uso de los fondos de ayuda y que, según señaló, tendría como propósito “prevenir la posibilidad de manipulación de precios, utilidades desmedidas y favoritismo político”. El pánel también estará facultado a citar a las partes y contará con especialistas que contribuirán a que las decisiones que se tomen sean acordes con las prioridades de salud pública.
“La supervisión independiente es fundamental para que los billones de dólares de fondos públicos destinados a ayudar a personas y empresas en dificultades, realmente lleguen a manos de quienes los necesitan”, apuntó Ramachandra. “Los esfuerzos del gobierno de Trump para debilitar la supervisión deberían ser una señal de alarma de que el Congreso no debería aprobar fondos adicionales si no hay garantías de una supervisión bipartidista transparente e independiente”.
