Manifestantes cubiertos con velo, en su mayoría familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, exhiben pancartas durante una protesta frente a los campamentos militares y policiales filipinos en Quezon City, Filipinas, el miércoles 17 de julio de 2019.

© 2019 AP Photo/Bullit Marquez
(Manila) – La sanguinaria “guerra contra las drogas” que ha emprendido el gobierno filipino es la preocupación de derechos humanos más grave en Filipinas tanto en 2019 como en la actualidad, dijo hoy Human Rights Watch al publicar su Informe Mundial 2020. Las fuerzas de seguridad también estuvieron implicadas en ataques contra activistas, muchos de ellos letales.

“La campaña contra las drogas del presidente Duterte continua siendo tan brutal como cuando comenzó: sospechosos de narcotráfico aparecen asesinados regularmente en todo el país”, dijo Phil Robertson, subdirector del Programa de Asia. “Cuatro años después de que empezara la ‘guerra contra las drogas’, la necesidad de que los mecanismos internacionales aseguren la rendición de cuentas de los responsables de estos abusos es más urgente que nunca”.

En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

El nombramiento en noviembre por parte de Duterte del vicepresidente Leni Robredo como copresidente del Comité Interinstitucional contra las Drogas (ICAD, por sus siglas en inglés) alimentó las esperanzas de que la violencia en la guerra contra el narcotráfico se atenuaría. Pero Duterte despidió a Robredo, un opositor de la campaña, solo unos días después.

En julio, la Policía Nacional de Filipinas informó que sus fuerzas habían matado a más de 5.500 personas durante redadas de drogas. Grupos de derechos locales, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostienen que el número de muertos estaría más cerca de los 27.000. A excepción de tres policías involucrados en un asesinato que fue objeto de gran difusión en agosto de 2017, nadie ha sido condenado por ningún asesinato relacionado con la “guerra contra las drogas”. Duterte continuó defendiendo su campaña y prometió proteger a los agentes de la ley que maten a sospechosos de cometer delitos de drogas en estas redadas.

En diciembre de 2019, la Agencia de Control de Drogas de Filipinas informó que sus fuerzas habían matado a 5.552 personas durante redadas de drogas del 1 de julio de 2016 al 30 de noviembre de 2019. La Corte Penal Internacional (CPI) aún no había concluido su examen preliminar sobre los asesinatos relacionados con la “guerra contra las drogas”, que inició en febrero de 2018. Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) sobre Filipinas adoptada en julio de 2019 ordena a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que emita un informe en junio de 2020.

En 2019 se registró un aumento en los ataques, a menudo letales, contra activistas de izquierda, incluidos líderes campesinos, ambientalistas, líderes tribales y figuras religiosas, todos considerados vinculados al Nuevo Ejército Comunista del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés). La tasa de violencia fue particularmente alta en la isla de Negros, donde presuntas fuerzas de seguridad del Estado mataron a campesinos, líderes comunitarios, ambientalistas, religiosos y sus partidarios.

Los grupos de izquierda y políticamente activos enfrentaron redadas policiales que resultaron en arrestos arbitrarios y detenciones. Los grupos alegaron que la policía plantó armas y otras “pruebas” para justificar las redadas y los arrestos. El gobierno y el ejército frecuentemente se refirieron a estos grupos e individuos como rebeldes comunistas o simpatizantes, una práctica comúnmente conocida como “etiquetado rojo”. Algunos periodistas también enfrentaron ataques políticos similares.

A diferencia de todas sus iniciativas en la guerra contra las drogas, el gobierno de Duterte ha hecho muy poco para investigar y enjuiciar a los responsables de ataques contra activistas por motivos políticos. Incluso parece ser que Duterte alienta tales ataques, por ejemplo, en agosto pidió a las fuerzas militares que “aplicasen medidas más severas” contra la insurgencia.

“Lamentablemente, no hay señales de que el presidente Duterte vaya a cesar los asesinatos de la ‘guerra contra las drogas’ ni a tomar medidas para acabar con los ataques contra activistas”, señaló Robertson. “Por lo que es aún más importante que las instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hagan lo que puedan para lograr que Duterte y otros altos funcionarios rindan cuentas por sus abusos”.