En 2020 habrá que estar atento a quiénes intentan apagar internet.
Desde Caracas hasta Jartum, los manifestantes utilizan Internet para organizarse en línea y defender sus derechos fuera de Internet. A modo de respuesta, el último año, los gobiernos de Bangladés, la República Democrática del Congo, Egipto, India, Indonesia, Irán, Irak, Sudán, Myanmar y Zimbabue han apagado Internet en una parte o en la totalidad del territorio de esos países, quizás con la esperanza de que, con eso, se terminarían todos sus problemas.
Los gobiernos recurren cada vez más a esos apagones en momentos de crisis, con el argumento de que son necesarios para la seguridad pública o para interrumpir la difusión de información incorrecta. Sin embargo, esas radicales medidas se parecen más a un castigo colectivo que a una respuesta táctica. Cuando se corta el acceso a Internet, la capacidad de las personas de expresarse libremente se encuentra limitada, la economía se ve afectada, los periodistas tienen dificultades para poder cargar fotografías y videos que muestren las extralimitaciones y abusos de los gobiernos, las clases de los estudiantes se interrumpen, los impuestos no pueden pagarse puntualmente, y quienes necesitan atención de la salud no pueden acceder sistemáticamente a ella.
Quizás piense que los regímenes autoritarios son los que cortan Internet; sin embargo, la India —la mayor democracia del mundo— es líder mundial en ese tipo de medidas. Cuando bloqueó varios meses el acceso a Internet en Cachemira a fines de 2019, los funcionarios indios lo justificaron diciendo que eso era necesario para limitar temporalmente el acceso a Internet durante períodos de crisis, a fin de evitar la “pérdida permanente de vidas”. Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas condenaron la medida y advirtieron que el apagón en Cachemira era “incompatible con las normas sobre necesidad y proporcionalidad”. En al menos un estudio realizado por un investigador de la Incubadora de Políticas Digitales Globales de Stanford se ha determinado que los apagones, en realidad, tienen un efecto contraproducente para la disuasión de incidentes violentos, y se detectó que la violencia se cuadruplica cuando las redes dejan de funcionar, en comparación con lo que ocurre cuando la Internet sigue funcionando.
Si bien los gobiernos ordenan los apagones, son los proveedores de servicios de Internet quienes los implementan. Las empresas, con frecuencia, justifican el cumplimiento de esas solicitudes alegando que así observan las leyes locales, lo cual sugiere que corren el riesgo de perder sus licencias si no lo hacen. Sin embargo, los proveedores deberían seguir los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que constituyen el conjunto más ampliamente aceptado de estándares sobre derechos para empresas, y reconsiderar esta colaboración que prestan sin ningún cuestionamiento. Después de todo, el Consejo de Derechos humanos de la ONU ha manifestado de manera inequívoca que las medidas destinadas a impedir o interrumpir intencionalmente el acceso a la difusión de información en línea violan las normas internacionales de derechos humanos.
Las autoridades a menudo intentan justificar los apagones invocando fundamentos legales endebles. Por tal motivo, no sorprende que en las demandas interpuestas por abogados activistas en Sudán, Pakistán y Zimbabue se haya hecho lugar a las impugnaciones a los apagones. Cuando los proveedores de servicios de Internet se enfrenten a exigencias estatales de restringir de manera general el acceso, deberían evaluar la posibilidad de iniciar ellos mismos ese tipo de acciones. Por lo menos, en pos de la transparencia, deberían publicar toda la información que imponen o interpretar las solicitudes en un sentido tal que se apliquen las restricciones menos significativas.
Los apagones generan titulares, pero también hay que prestar atención a técnicas más sutiles, pero igualmente devastadoras, orientadas a manipular la Internet. Algunas autoridades, como las de Chad, Kazajistán, Sri Lanka y Venezuela, eligen bloquear determinadas redes sociales o aplicaciones de mensajería, o impedir el tráfico hacia plataformas de transmisión en vivo. En Indonesia e Irán se han reducido las velocidades de Internet al mínimo, para que sea difícil detectar la manipulación. En Rusia, una nueva ley “de Internet soberana”, que exige que la red funcione sin enviar datos a servidores en el extranjero, sienta las bases para que las autoridades de ese país exijan desde el bloqueo de un único mensaje o publicación hasta la desconexión de Internet en toda Rusia. En Irán, es posible que la Red de Información Nacional, una red interna completamente independiente, le haya permitido a ese país disponer a principios de diciembre la desconexión más importante que haya seguido NetBlocks en cualquier país, en cuanto a complejidad técnica y ancho de banda.
Incluso si es posible ingresar a Internet, existen diversas leyes y regulaciones excesivamente amplias que permiten a los gobiernos presionar a las compañías para que censuren el contenido en la web disponible para los usuarios en sus jurisdicciones. En China, los creadores de aplicaciones de mensajería y navegación deben incluir filtros gubernamentales en todos sus productos. La ley NetzDG de Alemania amenaza a las compañías de Internet con imponerles multas abultadas si no bajan material “ilegal”, conforme este se define en 22 disposiciones que abarcan diversos temas, desde difamación de religiones e insultos a funcionarios públicos hasta amenazas de violencia. El enfoque alemán se está exportando. Trece países, entre ellos, las Filipinas, Rusia, Singapur y Venezuela, lo citan para justificar sus propias medidas regresivas. Vietnam sancionó leyes similares y sostiene que ahora Facebook cumple con la mayoría de sus solicitudes para restringir o retirar contenido, aunque ha sido difícil verificar esto.
Obviamente, es razonable que las compañías de Internet vigilen el contenido que se comparte en sus plataformas. Existe un consenso prácticamente universal a favor de eliminar de Internet las imágenes de pornografía infantil. Ante la presión y el escrutinio público, Facebook ha tomado medidas para responder a los intentos de utilizar su plataforma para manipular las elecciones en los Estados Unidos y atizar el odio y la violencia en Myanmar. Luego de los tiroteos masivos transmitidos en vivo en Facebook Live o Twitch, diversas compañías de Internet y gobiernos han elaborado políticas, como la iniciativa Christchurch Call, para alentar la “eliminación” de contenido considerado problemático en tiempo real antes de que siquiera se suba.
Sin embargo, este tipo de filtros de carga podrían aprovecharse fácilmente para establecer limitaciones previas sin que haya posibilidad de apelar. Dado que las definiciones de “terrorismo” o “extremismo” son tan imprecisas, existe el riesgo de que muchos actos de expresión legítima sean retirados antes de que alguien pueda verlos, en especial, en lugares como Egipto o Tailandia, donde los gobiernos represivos acallan el disenso calificando a sus oponentes de “terroristas” o promotores de “noticias falsas” y procesándolos como tales.
Si bien los gobiernos han conseguido eliminar material de la Internet, a las personas físicas aún les resulta difícil tener una respuesta satisfactoria a sus solicitudes. Las mujeres y niñas que intentan la eliminación de imágenes íntimas compartidas sin su consentimiento o que buscan obtener una solución ante casos de acoso en línea son especialmente vulnerables. Lo paradójico es que, mientras las compañías y los gobiernos se hacen cargo de la lucha contra el “extremismo”, a la mayoría de las víctimas de acoso se les pide que sean mayormente ellos o ellas las que se encarguen de buscar una respuesta.
Algunas organizaciones, como Access Now, que encabeza la campaña #KeepItOn, se han dedicado a objetar los apagones indiscriminados y a orientar las conversaciones en torno a conseguir regulaciones más adecuadas. Si se aplicaran enfoques menos categóricos con respecto a la responsabilidad de los intermediarios, se podría lograr que las compañías de Internet no establezcan medidas excesivas de censura, pues intentarían evitar juicios en su contra. Las compañías deberían dar prioridad a elaborar políticas de respeto por los derechos, que apoyen la seguridad de las personas físicas en línea y, al mismo tiempo, que protejan y promuevan una Internet libre. De lo contrario, se corre el riesgo de que los gobiernos las utilicen como herramientas para acallar el disenso y la oposición pacífica.
Mientras tanto, crece la producción artesanal de productos para evadir restricciones a Internet, al permitir a los usuarios más sofisticados evadir los bloqueos establecidos por sus gobiernos. Hoy en día, es indispensable que los activistas cuenten en su repertorio de herramientas con redes mesh, redes privadas virtuales y proxies. En este juego del gato y el ratón que constituye la censura de Internet, esperemos que los activistas, a diferencia de aquellos que incitan al odio, puedan estar un paso adelante de la censura de Internet.
