Activistas palestinos esperan a subir a un autobús israelí que conecta un asentamiento israelí en Cisjordania con la Jerusalén Oriental ocupada, para protestar contra las restricciones discriminatorias de movimiento, el 15 de noviembre de 2011. El ejército israelí arrestó a los activistas por intentar entrar en Jerusalén sin el permiso que se exige a los palestinos de Cisjordania, pero no a los judíos. Los activistas se llamaban a sí mismos "viajeros por la libertad" en honor a los defensores estadounidenses de los derechos civiles de los años sesenta. 

© 2011 Active Stills

(Jerusalén) – Israel debería otorgar a los palestinos en Cisjordania al menos las mismas protecciones de derechos que a los ciudadanos israelíes, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy, haciendo referencia a los 52 años de ocupación de Israel sin que se vislumbre el final de esta situación. La ley de ocupación permite a los ocupantes restringir algunos derechos civiles en los primeros días de una ocupación basada en limitadas justificaciones de seguridad, pero no tras cinco décadas, las restricciones radicales son injustificadas e ilegales.

En el informe de 92 páginas, Born Without Civil Rights: Israel’s Use of Draconian Military Orders to Repress Palestinians in the West Bank(“Nacidos sin derechos civiles: el uso de órdenes militares draconianas por parte de Israel para reprimir a los palestinos en Cisjordania”), evalúa las órdenes militares israelíes que criminalizan la actividad política no violenta, incluida la protesta, la publicación de material “con significado político” y la pertenencia a grupos “hostiles” a Israel. Human Rights Watch examinó varios estudios de caso para mostrar que Israel se basa injustificadamente en estas órdenes radicales para encarcelar a palestinos por sus discursos contra la ocupación, activismo o afiliaciones políticas; prohibir organizaciones políticas y otras organizaciones no gubernamentales, y cerrar medios de comunicación.

“Los esfuerzos de Israel para justificar la privación de las garantías fundamentales de los derechos civiles a los palestinos durante más de medio siglo en base a las exigencias de su interminable ocupación militar ya no son aceptables”, dijo Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de la división de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch. “Dado el control a largo plazo de Israel sobre los palestinos, como mínimo debería permitirles ejercer los mismos derechos que otorgan a sus propios ciudadanos, independientemente del acuerdo político vigente”.

Human Rights Watch llevó a cabo 29 entrevistas, principalmente con ex detenidos y abogados que los representaron, revisó las acusaciones y sentencias de los tribunales militares, y examinó ocho casos ilustrativos de activistas, periodistas y otros palestinos detenidos bajo órdenes israelíes restrictivas en los últimos cinco años. El informe también refleja respuestas sustantivas a los hallazgos del ejército y la policía israelíes.

En el período previo a la publicación del informe, el gobierno israelí, en lugar de responder de manera concreta al informe de Human Rights Watch, ha optado por impugnar a un miembro del equipo de Human Rights Watch.

Otros gobiernos y organizaciones internacionales preocupados por los derechos de los palestinos deberían respaldar el marco de derechos civiles con la finalidad de resaltar el impacto de las órdenes militares restrictivas de Israel en Cisjordania y presionar a Israel para que otorgue a los palestinos plenos derechos civiles y otros derechos, al menos iguales a los que otorga a los ciudadanos israelíes, recomendó Human Rights Watch. Estos derechos deberían complementar las protecciones bajo la ley de ocupación, como la prohibición de construir asentamientos, que siguen vigentes mientras persista la ocupación.

El derecho internacional que rige la ocupación militar requiere que Israel como ocupante restablezca la “vida pública” de la población palestina ocupada. Esa obligación es mayor en una ocupación prolongada como la de Israel, como han indicado el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Corte Suprema de Israel y ha reconocido el propio gobierno israelí. Las necesidades de la población palestina han aumentado a lo largo de las décadas, mientras que Israel apenas ha dedicado ningún esfuerzo a desarrollar respuestas para contrarrestar las amenazas de seguridad que minimizan las restricciones de derechos.

La suspensión de los derechos por un período breve puede alterar temporalmente la vida pública, pero la suspensión indefinida a largo plazo paraliza la vida social, política e intelectual de una comunidad. Cuanto más larga sea una ocupación, más debería el gobierno militar parecerse a un sistema de gobierno ordinario que respete los estándares del derecho internacional de derechos humanos aplicables en todo momento. En casos de ocupación indefinida, como la de Israel, los derechos otorgados a una población ocupada deberían ser al menos iguales a los derechos otorgados a los ciudadanos del país ocupante.

Las regulaciones de la era del mandato británico que siguen vigentes en Cisjordania y las órdenes militares que Israel emitió desde que se hizo con el control de Cisjordania en 1967 permiten al ejército israelí despojar a los palestinos de las protecciones fundamentales de los derechos civiles. Estas regulaciones, por ejemplo, permiten a Israel declarar como ilegales a grupos que abogan por “provocar odio o desprecio, o incitan la desafección contra” las autoridades locales, y arrestar a los palestinos que estén afiliados a dichos grupos.

Las órdenes militares imponen penas de prisión de hasta 10 años a los civiles condenados por los tribunales militares por influir en la opinión pública de una manera que podría “dañar la paz pública o el orden público”. También se puede imponer una sentencia de 10 años a los palestinos que participen en un reunión de más de 10 personas sin un permiso militar sobre cualquier tema “que pueda interpretarse como político” o si muestran “banderas o símbolos políticos” sin la aprobación del ejército.

Estas amplias restricciones se aplican solo a los 2,5 millones de residentes palestinos en Cisjordania, excluyendo Jerusalén Oriental, pero no a los más de 400.000 colonos israelíes en el mismo territorio cubiertos bajo el derecho civil israelí. Estas leyes, que se aplican también en Jerusalén Oriental –anexionada por Israel, pero aún territorio ocupado bajo el derecho internacional— y en Israel, salvaguardan de manera mucho más sólida los derechos a la libre expresión y reunión.

“No se puede justificar la realidad actual que dicta que en algunos lugares, las personas de un lado de la calle disfrutan de derechos civiles, mientras que las que se encuentran en el otro lado, no”, dijo Whitson.

Según datos proporcionados a Human Rights Watch, el ejército israelí procesó entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2019, a 4.590 palestinos por ingresar en una “zona militar cerrada”, una designación que con frecuencia marca los sitios de protesta: 1.704 por “membresía y actividad en una asociación ilegal”, y 358 por delitos de “incitación”.

En un ejemplo, el ejército israelí detuvo a Farid al-Atrash, de 42 años, que trabaja para la Comisión Independiente de Derechos Humanos, un organismo casi oficial de la Autoridad Palestina. El arresto se realizó por participar en una manifestación pacífica en Hebrón en febrero de 2016 que reclamaba la reapertura de una calle del centro, que es importante para los palestinos. Los fiscales militares citaron como motivos del arresto, disposiciones de la ley militar que prohíben las reuniones políticas, señalando que al-Atrash “ondeaba banderas de la Autoridad Palestina” y sostenía un cartel que decía “Abran la calle Shuhada”.

También lo acusaron de entrar en una “zona militar cerrada” y de “asaltar a un soldado”, pero no proporcionaron ninguna evidencia de estos delitos. Las autoridades lo pusieron en libertad después de cinco días, pero continuaron procesándolo tres años después.

Las autoridades israelíes también recurrieron a las órdenes militares para prohibir 411 organizaciones, entre ellas todos los principales movimientos políticos palestinos, y para detener a las personas afiliadas a ellas. Los reclamos de Israel basados en las normas de asociación contra una organización prohibida, al-Hirak al-Shababi, parecen centrarse en sus protestas contra la Autoridad Palestina, en base a una revisión de una acusación contra Hafez Omar, un artista detenido por los israelíes desde marzo de 2019. El derecho militar no ofrece ningún recurso para tales prohibiciones.

Los fiscales han citado la amplia definición de incitación bajo el derecho militar israelí para criminalizar el discurso que aboga por la resistencia a la ocupación, incluso cuando no alienta a la violencia. Por ejemplo, utilizaron este cargo para justificar la detención de una activista de 43 años, Nariman Tamimi, por una transmisión en vivo que publicó en Facebook de un enfrentamiento entre su hija de 16 años Ahed y soldados israelíes en el patio delantero de su casa en diciembre de 2017.

“La ley militar israelí vigente durante 52 años deniega a los palestinos en Cisjordania libertades tan fundamentales como agitar banderas, protestar pacíficamente por la ocupación, unirse a los principales movimientos políticos y publicar material político”, dijo Whitson. “Estas órdenes le dan al ejército carta blanca para enjuiciar a cualquiera que se organice políticamente, se manifieste o incluso informe sobre las noticias de maneras que desagraden al ejército”.

Extractos de una selección de órdenes militares israelíes

“Una persona que organiza una procesión, asamblea o vigilia sin un permiso, convoca o incita a que se celebren o las alienta o participa en ellas de alguna manera ... puede ser condenada hasta a diez años de encarcelamiento o al pago de una multa de diez mil liras, o ambos”.
Orden Militar 101

“Está prohibido sostener, agitar, exhibir o colocar banderas o símbolos políticos, excepto de acuerdo con un permiso del comandante militar”.
Orden Militar 101

“Está prohibido imprimir o publicitar en la región cualquier publicación de aviso, póster, foto, folleto u otro documento que contenga material que tenga un significado político, a menos que se obtenga previamente una licencia del comandante militar del lugar en el que se vaya a ejecutar la impresión o publicación”.

Orden Militar 101

“[L]a expresión ‘asociaciones ilegales’ significa cualquier grupo de personas ... que por su constitución o propaganda o que de otra manera defiende, incita o alienta ... el odio o desprecio, o alienta la desafección [las autoridades locales]”.
Reglamento de Defensa (Emergencia) de 1945 (aplicado por el ejército israelí)

“Una persona que [intenta], oralmente o de otro modo, influir en la opinión pública en el Área de una manera que pueda dañar la paz pública o el orden público, o ... lleva a cabo una acción que expresa identificación con una organización hostil, con sus acciones o sus objetivos o simpatía por ellos, ondear una bandera, exhibir un símbolo o lema o tocar un himno o expresar un eslogan, o cualquier acción explícita similar que exprese claramente tal identificación o simpatía, y todo en un lugar público o de una manera que permita a las personas en un lugar público ver o escuchar tal expresión de identificación o simpatía, serán condenadas a diez años de prisión”. Orden Militar 1651