Las imágenes satelitales tomadas el 25 de abril de 2019 muestran una rápida actividad de construcción en previsión del aumento de la detención de familias y niños en tiendas construidas en las estaciones de patrulla fronteriza de El Paso y Donna, Texas desde el 14 de abril de 2019. Las nuevas tiendas están resaltadas en rojo. Un oficial de la Patrulla Fronteriza le dijo al New York Times que la agencia podría mantener a las familias por hasta 20 días. Human Rights Watch supervisará los cambios en la actividad de construcción en estos sitios en las próximas semanas.

©2019 Planet Labs; Crédito: Human Rights Watch
 
(San Francisco) – Imágenes satelitales tomadas el 25 de abril de 2019 muestran la rápida construcción de campamentos-cárcel para migrantes, destinados a albergar a familias y niños en puestos de la Patrulla Fronteriza en El Paso y Donna, Texas, señaló Human Rights Watch.
 
A mediados de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP) contrató a Deployed Resources, LLC, una sociedad de Nueva York, para que construyera “instalaciones temporales (para periodos de 8 meses) sin paredes” destinadas a brindar a la CBP “capacidad adicional para albergar a grupos familiares y menores no acompañados [unaccompanied children, UAC] que llegan en números crecientes a la frontera sudoeste”, con capacidad para alojar hasta 500 personas en cada sitio.
 
“En un momento en que las necesidades humanitarias están peligrosamente al límite, la CBP gasta casi USD 40 millones en nuevas tiendas-cárcel para albergar a familias y niños”, expresó Clara Long, investigadora sénior del Programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “Los niños, las niñas y las familias no deberían ser detenidos, sobre todo por un organismo con antecedentes tan nefastos en lo que refiere al respeto de derechos básicos de los migrantes detenidos”.
 
En marzo, funcionarios estadounidenses interceptaron a más de 103.000 migrantes en la frontera entre EE. UU. y México, incluidas muchas familias que intentaban obtener asilo en Estados Unidos. La mayoría de las familias son puestas en libertad en localidades fronterizas para que se desplacen hacia otros destinos en Estados Unidos, donde deberán presentarse ante un juez inmigratorio para que emita una decisión sobre su caso. Diversas organizaciones religiosas y sin fines de lucro en la frontera se han visto desbordadas en su intento por responder a las necesidades humanitarias de estas familias recientemente liberadas.
 
Las nuevas tiendas parecen tener como finalidad incrementar la cantidad de familias, niños y niñas que la CBP puede detener. Un funcionario de la Patrulla Fronteriza indicó a The New York Times que el organismo podría retener a las familias por hasta 20 días.
 
Las imágenes analizadas por Human Rights Watch muestran que, desde el 14 de abril de 2019, dos días después de que el Gobierno anunciara la contratación, se instalaron tres estructuras de grandes dimensiones en las dependencias de la Patrulla Fronteriza de El Paso y Donna, en Texas. El viernes, la CBP invitó a contratistas a ofertar para la instalación de barricadas de control de multitudes y vallas metálicas en el predio de Donna, Texas, destinadas a detener y separar con estructuras de alambrado a los menores no acompañados que prevé mantener allí.
 
“En vez de insistir en reforzar los centros de detención, el Gobierno debería estar invirtiendo en una respuesta verdaderamente humanitaria en la frontera”, expresó Long. “Las organizaciones religiosas y sin fines de lucro que ya reciben a migrantes luego de haber estado bajo custodia de la CBP tienen mucho para enseñar al Gobierno sobre cómo podría organizarse una respuesta compasiva y humanitaria”.