Los comandantes de las FARC han intentado ocultar la verdad sobre el rol de la guerrilla en reclutamiento infantil y otras graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia sexual y aborto forzado. Colombia ahora tiene una oportunidad para desafiar ese falso relato y dejar al descubierto la verdad.

El 6 de marzo, la JEP abrió un caso sobre reclutamiento infantil y otros abusos, incluidos sexuales, que las FARC cometió contra los menores que hacían parte de sus filas.

En 2015, los comandantes de las FARC sostuvieron que la guerrilla “bajo ninguna circunstancia procedió a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente”. Las denuncias sobre reclutamiento forzado era una “propaganda”, dijeron, que buscaba “deslegitimar” a la guerrilla. Como si la guerrilla tuviera una reputación que proteger. Del mismo modo, en diciembre pasado, Marcos Calarcá, un ex comandante de las FARC, sostuvo que “nadie” había sido obligado a unirse a las FARC.

Se trata de una mentira. Es cierto que muchos menores se unieron a las FARC para escapar de la pobreza o de falta de apoyo y afecto familiar. Pero los informes de Human Rights Watch demuestran que las FARC también reclutó a menores de forma forzada.

“Me capturaron y me amarraron”, nos dijo un niño de 12 años. “No quería unirme, pero me convencieron de que si no me les unía me mataban”. En muchos otros casos, los menores fueron engañados y amenazados con que serían ejecutados si intentaban escaparse. Un informe de 2016 de la Fiscalía concluye que en el 53% de los casos analizados, los niños fueron reclutados a la fuerza o a través de engaños.

El argumento de la guerrilla, además, no tiene sentido. Con arreglo al derecho internacional humanitario, el reclutamiento de menores de 15 años –una práctica habitual de las FARC— por un grupo armado es un crimen de guerra, independientemente de si los menores “quisieron” formar parte del grupo armado.

Los comandantes de las FARC también han intentado lavarle la cara al rol de la guerrilla en abusos sexuales contra las mujeres y niñas que hacían parte de las filas. Estos incluyeron violaciones y abortos forzados. En 2015, por ejemplo, miembros de las FARC aseguraron que en sus filas “no hay espacio para la violencia contra mujeres”. Sin embargo, las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que los comandantes de las FARC con frecuencia utilizaban su poder para presionar a menores de edad a tener relaciones sexuales. La Fiscalía, por su parte, señala en su informe de 2016 que ha recibido denuncias sobre cerca de 100 casos de violaciones de mujeres y niñas en las filas de las FARC.

Nuestras investigaciones también muestran que comandantes de las FARC obligaban a mujeres de tan solo 12 años a tener relaciones sexuales, a usar anticonceptivos y a abortar.

Una niña le dijo a Human Rights Watch que un comandante de las FARC de 35 años empezó a tener relaciones sexuales con ella cuando tenía 12 años. Dos años después, ella quedó embarazada. La niña quería continuar su embarazo. Pero las FARC se lo negaron. Con la excusa de que le harían un control de salud, guerrilleros de las FARC la sometieron a un aborto en contra de su voluntad. “Lo peor es no poder tener un bebé”, nos dijo.

Las FARC insisten en que solo “promovían el uso de anticonceptivos” y que sus comandantes “explicaban” a las mujeres que formaban parte de las filas que “no se admitían embarazos”. “Las mujeres embarazadas debían tomar la decisión de asumir su maternidad y retirarse de la fuerza o dar por terminado su estado”, sostuvieron ex integrantes de la guerrilla en un comunicado de 2017. Esta narrativa absurda asume que las mujeres podían de forma libre y segura salirse de las filas de la guerrilla con toda normalidad.

El acuerdo de paz les hace una oferta inusualmente generosa a los comandantes de las FARC involucrados en estos aberrantes abusos: si confiesan y reconocen su responsabilidad, pueden evitar la prisión. Pero ello exige que los comandantes abandonen su falso relato y digan la verdad. De lo contrario, deberían enfrentar largas penas de prisión. Los niños y niñas reclutados y abusados por las FARC merecen verdad y justicia.