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Nilsa Hernandez. Augusto de 2018. © 2018 Human Rights Watch
Por Tamara Taraciuk Broner y Kathleen Page

La crisis social, económica y política de Venezuela ha provocado la huida de casi tres millones de habitantes desde 2014 a los países vecinos de América Latina y el Caribe. La escasez de medicamentos fue el motivo que llevó a Nilsa Hernández, de 61 años y diagnosticada de VIH, a abandonar su hogar. Human Rights Watch comparte su historia.

Nilsa Hernández sonríe al ofrecernos un plato casero con arroz y frijoles. Vive en una casa pequeña con coloridas cortinas a modo de puertas. Nos sentamos en unos banquitos sobre la tierra, en la entrada, bajo la sombra de un árbol viejo. Estamos en la cálida y húmeda ciudad de Boa Vista del Estado de Roraima, en el norte de Brasil, donde Nilsa encontró un refugio, y una vocación, tras verse obligada a abandonar su hogar en Bolívar, Venezuela.

Hace trece años fue diagnosticada de VIH. Recibió tratamiento ininterrumpido hasta hace dos años. Los tres medicamentos que toma dejaron de estar disponibles en Venezuela. En enero de 2018 decidió reunir el dinero que había ahorrado y cruzar la frontera hacia Brasil. Conocía a personas que estaban muriendo a causa del VIH en Venezuela y no quería convertirse en un número más de las estadísticas.

Nilsa es una de las decenas de miles de venezolanos con VIH que no pueden recibir tratamiento adecuado en su país. Venezuela es el único Estado de ingresos medios del mundo donde pacientes con VIH tienen que interrumpir su tratamiento debido a la escasez generalizada de medicamentos antirretrovirales.

Esa carencia es solo una pequeña muestra de un problema mucho más amplio de acceso a la atención médica y a los fármacos en Venezuela, que se suma a la hiperinflación, la violencia y la brutal represión del Gobierno. Los brotes de sarampión y difteria están en aumento, según los pocos datos disponibles, y la cantidad de casos de malaria y tuberculosis representa la más elevada de los últimos 30 años. El aumento de la desnutrición agrava todavía más la crisis de salud y contribuye a que los venezolanos sean más susceptibles a enfermedades infecciosas y tengan más probabilidades de sufrir complicaciones una vez enfermos.

El 87 % de las más de 79.000 personas que viven con VIH inscriptas para recibir tratamiento antirretroviral del sistema de salud pública venezolano no lo están obteniendo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los 25 medicamentos antirretrovirales que el Gobierno brindaba, 15 no se dispensan desde hace casi un año.

Otro informe elaborado por la OPS, ONUSIDA y el Ministerio de Salud de Venezuela indica que la cantidad de nuevos casos identificados de VIH en Venezuela aumentó un 24 % entre 2010 y 2016, y que las muertes relacionadas incrementaron un 38 %. Estas cifras son estremecedoras. Durante este período, a nivel mundial las nuevas infecciones por VIH disminuyeron un 18 % y las muertes relacionadas se redujeron un 34 %, de acuerdo con ONUSIDA.

El informe destaca que, tan solo en 2016, hubo 6.500 nuevas infecciones. Lamentablemente, la cifra real es sin duda mayor. Muchos centros de salud ya no pueden realizar pruebas de detección del VIH, ni siquiera a mujeres embarazadas, ni tampoco controlar la sangre que se utiliza para transfusiones. Los preservativos tienen un precio demasiado elevado para la mayoría. Es muy poco probable que las personas con VIH que reciben tratamiento adecuado transmitan el virus a otras personas; sin embargo, sin tratamiento, las parejas con actividad sexual e incluso los bebés de madres con VIH pueden resultar infectados.

Apenas llegó a Boa Vista, Nilsa tuvo que vivir en la calle. Un día le expresó a una periodista brasileña su sueño: encontrar tratamiento, y ayudar a otros que viven este mismo calvario. Aquella periodista le ayudó a alquilar esta humilde vivienda donde nos recibe. Y a desarrollar el proyecto Valientes por la Vida, que apoya a venezolanos con VIH que se instalan en Brasil en busca de tratamiento. Para financiar su proyecto, Nilsa se dedica a la venta ambulante de helados.

El 80 % de los más de tres millones de personas que se han marchado de Venezuela desde 2014 están en América Latina y el Caribe, y la ola masiva de migrantes ha desbordado particularmente a las regiones fronterizas. Cientos de venezolanos cruzan cada día la frontera hacia Brasil. La mayoría no consiguen llegar más allá del remoto Estado de Roraima. Una carretera de dos vías es lo único que lo conecta con Manaos, una ciudad grande a unos 1.000 kilómetros al sur. Son pocos los migrantes venezolanos que emprenden ese largo trayecto. Por ello, Roraima ha tenido grandes dificultades para absorber a las decenas de miles de personas que han llegado.

Gracias al tratamiento antirretroviral que recibe del sistema de salud pública de Brasil, Nilsa se siente con fuerzas y esperanza. Ya ha acogido y ayudado a 60 valientes. Nos cuenta que el siguiente paso será comprar un refrigerador para poder conservar los helados que vende. Tal vez por eso no ha perdido la sonrisa.

(*) Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior de las Américas y portavoz de Venezuela para Human Rights Watch; Kathleen Page es profesora adjunta y médica en la Universidad Johns Hopkins.

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