El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reunió esta semana con representantes del gobierno de Bolsonaro para abordar preocupaciones de derechos humanos en Brasil. Las reuniones fueron con funcionarios que incluyeron al ministro de Justicia Sérgio Moro; el secretario de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz; y la ministra de Derechos Humanos Damares Alves.
“Es entendible que los brasileños estén cansados de los altos índices de criminalidad en el país”, expresó Vivanco. “Sin embargo, instar a la policía a matar y encarcelar a más sospechosos, que todavía no han sido juzgados, en las hacinadas prisiones brasileñas no contribuirán a mejorar la seguridad pública, sino que la empeorarán”.
En la 29.º edición del Informe Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth destaca la resistencia que se está dando ante el odio y la intolerancia que profesan los populistas en muchos países. Las nuevas alianzas forjadas por gobiernos que respetan los derechos humanos, a menudo a instancias de organizaciones de la sociedad civil y del público y con su apoyo, están elevando el costo de los excesos autocráticos. Sus logros dejan en evidencia que es posible defender los derechos humanos incluso en épocas más sombrías—y que, además, existe una responsabilidad de hacerlo.
En su primer día en el cargo, el 1 de enero de 2019, Bolsonaro dictó un decreto en el cual dio instrucciones al secretario de Gobierno de “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades” de las organizaciones no gubernamentales.
“Planteamos a las autoridades nuestro temor de que los intentos de ‘supervisar’ y ‘monitorear’ a estas organizaciones puedan socavar su rol independiente en una sociedad abierta y democrática”, dijo Vivanco. “Nos resulta particularmente alarmante que el decreto se aplique no sólo a las organizaciones que reciben fondos gubernamentales, sino también a aquellas que no tienen este financiamiento”.
Durante la campaña, Bolsonaro prometió dar “carta blanca” a la policía para que matara a personas que presuntamente hayan delinquido. El nuevo gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que pertenece al Partido Social Cristiano, aliado de Bolsonaro, ha indicado que la policía debería disparar a matar, sin advertencia previa, contra cualquier persona que lleve un fusil, incluso si la persona no está amenazando a otros, y también sugirió que se usaran francotiradores y drones. El ministro Moro indicó a Human Rights Watch que el gobierno está redactando un proyecto de ley que procurará “aclarar” en qué situaciones la policía podrá matar en defensa propia.
Los estándares internacionales de derechos humanos prohíben que las fuerzas policiales maten deliberadamente a personas, salvo cuando esto sea necesario para proteger su vida o la de terceros.
Los datos nacionales más recientes indican que la policía brasileña mató a 5.144 personas en 2017. En el estado de Río de Janeiro, 1.444 personas murieron a manos de policías entre enero y noviembre de 2018, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), un organismo público. Esto implica que Río terminó el año con la cifra más alta de muertes por policías desde que el estado empezó a registrar estos datos, en 1998. El récord anterior fue de 1.330 personas, en 2007.
Aunque algunas muertes en manos de la policía son justificables, las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que muchos otros casos son ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos enfrentan a las comunidades con la policía y reducen las probabilidades de que los residentes denuncien delitos y colaboren con las investigaciones, manifestó Human Rights Watch. Las ejecuciones ilegales perpetradas por algunos policías también ponen en peligro a otros agentes, al convertirlos en blanco de represalias por miembros de pandillas y al reducir las probabilidades de que quienes presuntamente han delinquido se entreguen al verse acorralados. En 2017, fueron asesinados en todo el país 367 policías.
El gobierno anterior estimó que, para fines de 2018, 840.000 personas estarían encarceladas en Brasil. Los datos más recientes disponibles indican que el 40 % de las personas detenidas están a la espera de un juicio. Bolsonaro defiende la idea de “amontonar” incluso a más personas en el sistema penitenciario, pese a que, según los últimos datos disponibles, ya alberga al doble de la cantidad de internos para los cuales fueron diseñados los establecimientos. A menudo se encuentran en celdas insalubres, violentas y controladas por bandas.
En vez de impulsar políticas que vulneren los derechos humanos, el gobierno de Bolsonaro debería emprender reformas que sean congruentes con las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Brasil y que, en definitiva, resultarán más eficaces para reducir la criminalidad, destacó Human Rights Watch.
El nuevo gobierno y el Congreso deberían mejorar la capacidad de investigación de la policía civil para superar el clima de impunidad que existe actualmente, a la luz de la baja proporción de homicidios que se esclarecen. Asimismo, las autoridades deberían abandonar la “guerra contra las drogas”, que no hace más que agudizar la violencia en las calles y permitir que las bandas delictivas incrementen su poder. En vez de esto, deberían despenalizar el consumo de drogas.
Otra medida crucial consiste en reducir la prisión preventiva. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ordenó que, para mayo de 2016, todos los detenidos fueran llevados, dentro de las 24 horas posteriores a su detención, a una “audiencia sobre prisión preventiva” para determinar si debían ser mantenidos en prisión preventiva o puestos en libertad a la espera del juicio. No obstante, luego de más de dos años, más de la mitad de los detenidos todavía no han tenido este tipo de audiencias, informó el CNJ a Human Rights Watch. Suelen pasar meses sin que sean presentados por primera vez ante un juez.
El 15 de enero, Bolsonaro aprobó un decreto que flexibiliza algunas restricciones para obtener la titularidad de armas de fuego. Bolsonaro sostiene, entre otras cosas, que el acceso a armas facilitará que las mujeres puedan defenderse frente a parejas abusivas. Sin embargo, esta no es una respuesta adecuada a los gravísimos niveles de violencia contra la mujer en Brasil, opinó Human Rights Watch.
Las nuevas autoridades de los gobiernos a nivel federal y estatal deberían responder a la grave situación de violencia doméstica fortaleciendo las protecciones para las mujeres y asegurando que se haga justicia cuando ocurran hechos de violencia. Brasil, que tiene una población de más de 200 millones de personas, cuenta con apenas 74 albergues para mujeres abusadas. La policía no investiga adecuadamente los miles de casos de violencia doméstica que ocurren cada año, y esto hace que nunca sean juzgados. “Si a Bolsonaro le preocupa la seguridad de las mujeres, debería mejorar el apoyo jurídico, psicológico y de otro tipo para las mujeres y la respuesta policial a la violencia doméstica”, expresó Vivanco.
En su Informe Mundial 2019, Human Rights Watch también aborda problemas de derechos humanos que afectan a niños y niñas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, poblaciones indígenas y migrantes, entre otros.
