El diputado Jair Bolsonaro, que ha avalado la tortura y otras prácticas abusivas, y realizado declaraciones abiertamente racistas, homofóbicas y misóginas, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales en octubre. La puja por la presidencia estuvo marcada por violencia política y amenazas contra periodistas.
La violencia alcanzó un nuevo récord en Brasil, con alrededor de 64.000 asesinatos en 2017. La policía resuelve apenas una proporción ínfima de los homicidios. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías agudizan la ola de violencia. El débil control estatal en muchas cárceles facilita el reclutamiento de nuevos miembros de pandillas.
La violencia doméstica sigue siendo un fenómeno muy extendido, y cada año hay miles de casos que no se investigan adecuadamente.
En 2018, llegaron a Brasil decenas de miles de venezolanos que huían de la represión, el hambre y de la falta de atención médica adecuada. Aunque Brasil ha mantenido abiertas sus fronteras, se han registrado varios graves ataques xenófobos contra ciudadanos venezolanos.
Numerosos brasileños de zonas rurales están expuestos a plaguicidas que se rocían en las proximidades de sus viviendas, escuelas y lugares de trabajo, y temen sufrir represalias si denuncian las intoxicaciones.
Seguridad pública y conducta policial
Según un estudio a gran escala llevado a cabo por criminalistas y periodistas, solamente en dos de cada diez homicidios los fiscales presentan cargos.
Los abusos policiales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a agravar un ciclo de violencia que socava la seguridad pública y pone en riesgo la vida de policías y civiles.
El gobierno federal no ha cumplido con el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido en 2017, de publicar un informe anual sobre homicidios que involucran a policías, tanto en calidad de autores como de víctimas. Según datos recopilados de fuentes oficiales por la organización sin fines de lucro Foro Brasileño de Seguridad Pública, 367 policías murieron asesinados en servicio y fuera de servicio en 2017, el último año sobre el cual se tienen datos. El número de muertes a manos de policías, incluidas aquellas perpetradas por agentes fuera de servicio, fue de 5.144 durante 2017, aproximadamente un 20 % más que en 2016.
Si bien algunas muertes causadas por policías son en defensa propia, las investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otras organizaciones demuestran que, en otros casos, se trata de ejecuciones extrajudiciales. En São Paulo, el ombudsman de policía analizó cientos de casos de muertes causadas por policías en 2017 y concluyó que en tres cuartas partes de estos los agentes habían hecho un uso excesivo de la fuerza, en ocasiones contra personas desarmadas.
Una ley de 2017 trasladó de la justicia penal ordinaria a la justicia militar los procesos contra integrantes de las fuerzas armadas acusados de la ejecución extrajudicial de civiles. La ley también trasladó a la justicia militar los procesos contra miembros de la policía militar —la fuerza policial estatal que patrulla las calles en Brasil— acusados de torturas y otros delitos, aunque los casos de homicidio por agentes de la policía militar continúan en la jurisdicción penal ordinaria. Esto significa que las fuerzas armadas y la policía militar investigan a sus propios miembros acusados de delitos. Conforme al derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares deben ser investigadas por autoridades de la justicia penal ordinaria y juzgadas en esta jurisdicción.
Menos de un mes después de que se sancionara la ley, ocho civiles fueron asesinados durante un operativo conjunto llevado a cabo por la policía civil y el Ejército en el área metropolitana de Río de Janeiro. Al momento de la redacción de este informe, ni los investigadores de las Fuerzas Armadas ni el Ministerio Público Militar han entrevistado a testigos civiles.
En febrero, y hasta diciembre de 2018, el entonces Presidente Michel Temer trasladó al Ejército la responsabilidad por la seguridad pública y las cárceles en el estado de Río de Janeiro, y anunció que el propósito de esta medida era mejorar la seguridad ciudadana. No obstante, entre marzo y octubre, el número de homicidios en ese estado subió un 2 %, mientras que las muertes causadas por policías aumentaron un 44 %, en comparación con el mismo período de 2017.
Dos de las víctimas de homicidio en Río fueron la concejala y defensora de derechos humanos Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, abatidos por disparos de sicarios en marzo. Al momento de la redacción de este informe, la policía no había hecho ningún arresto en relación con el caso.
Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos
En junio de 2016, había más de 726.000 adultos encarcelados en establecimientos construidos para albergar a la mitad de ese número, según datos del Ministerio de Justicia. El gobierno federal estimaba que otras 115.000 personas estarían encarceladas a finales de 2018.
El hacinamiento y la falta de personal suficiente impiden que las autoridades penitenciarias conserven el control dentro de muchas cárceles, y esto hace que los detenidos sean vulnerables a violencia y al reclutamiento por pandillas.
Menos del 15 % de los internos tienen acceso a oportunidades educativas o laborales, y los servicios de salud suelen ser deficientes. La Defensoría Pública de Río informó que solamente en ese estado 266 presos murieron en 2017, la mayoría a causa de enfermedades tratables como diabetes, hipertensión o afecciones respiratorias.
En febrero, el Supremo Tribunal Federal determinó que las mujeres embarazadas, las madres de niños menores de 13 años y las madres de niños y adultos con discapacidad que estén en prisión preventiva por delitos no violentos debían cumplir arresto domiciliario hasta el momento del juicio, excepto en “casos muy excepcionales”. Si bien el Ministerio de Justicia indicó que la orden podía aplicarse a 10.693 mujeres encarceladas, hasta el 1 de mayo, la fecha fijada por el Supremo Tribunal para el cumplimiento de esta decisión, los jueces habían concedido el arresto domiciliario a apenas 426. La justicia hizo un uso extendido de la excepción sobre “casos muy excepcionales” para que las mujeres permanecieran en prisión.
Es habitual que muchas personas que están a la espera de juicio sean alojadas con otras que ya han recibido condenas, lo cual viola lo dispuesto por las normas internacionales y la legislación brasileña.
El Consejo Nacional de Justicia dispuso que, para mayo de 2016, todos los detenidos debían ser llevados, dentro de las 24 horas de su arresto, a una audiencia para determinar si debían ser mantenidos en prisión preventiva o puestos en libertad a la espera del juicio. Pero más de dos años después, muchas jurisdicciones fuera de las capitales de los estados aún no llevan a cabo estas “audiencias sobre prisión preventiva”. Cuando no se realizan estas audiencias, los detenidos frecuentemente deben esperar varios meses antes de ser llevados ante un juez por primera vez.
En las audiencias sobre prisión preventiva, los jueces pueden detectar si hubo abuso policial; sin embargo, algunos no preguntan a los detenidos sobre el trato recibido. En la mayoría de los casos, hay policías presentes durante la audiencia, lo cual puede resultar intimidante. Aun así, en las audiencias cerca del 5 % de los detenidos denuncian abusos, según el Consejo Nacional de Justicia. Varios estudios han demostrado que sus denuncias no suelen investigarse adecuadamente.
Al momento de la redacción de este informe, el Congreso estaba analizando un proyecto legislativo para establecer la obligatoriedad de las audiencias de prisión preventiva en todo el país. Sin embargo, el proyecto permitiría que algunas de las audiencias se realicen por videoconferencia con las personas en sus lugares de detención. De ser así, no serían oportunidades verdaderamente genuinas para conocer denuncias de abuso policial.
Derechos de niños y niñas
Según datos oficiales, en enero de 2018 los centros de detención de menores de Brasil alojaban a 24.345 niños y niñas y adultos jóvenes.
La policía acusó a 13 miembros del personal penitenciario de homicidio culposo por demorar en responder a un incendio, ocurrido en mayo, en el cual murieron 10 niños en un centro de detención en el estado de Goiânia. Y en el estado de Ceará, el Ministerio Público Federal responsabilizó a los “actos y omisiones” de las autoridades estatales por la muerte de siete niños y adultos jóvenes en 2017 y 2018.
En un estudio de 2018 sobre niños y adultos jóvenes detenidos en el estado de São Paulo llevado a cabo por la organización sin fines de lucro Instituto Sou da Paz con la colaboración de autoridades estatales, el 90 % indicó que miembros de la policía militar los habían maltratado durante la detención, y el 25 % manifestó haber sido golpeado por personal de correccionales de menores. Las investigaciones llevadas a cabo por el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y Human Rights Watch han revelado gran número de casos de maltrato en diversos estados. A menudo, los abusos no son objeto de investigaciones y puniciones adecuadas.
Libertad de expresión
Más de 140 periodistas que dieron cobertura al proceso electoral sufrieron acoso, amenazas y, en algunos casos, agresiones físicas, según concluyó la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji). Tras ganar las elecciones, Bolsonaro declaró que retiraría la publicidad oficial de los medios de comunicación que se comportaran de forma “indigna”.
Durante la campaña, jueces de tribunales electorales ordenaron a universidades que actuaran contra lo que consideraron “propaganda electoral irregular”, como un evento contra el fascismo y publicaciones “en defensa de la democracia”. En una decisión unánime, el Supremo Tribunal Federal derogó esas restricciones por considerar que violaban la libertad de expresión.
La decisión se emitió en un momento en que Bolsonaro y sus aliados impulsaban un proyecto de ley que prohibiría a los docentes “promover” sus propias opiniones en las aulas o utilizar los términos “género” u “orientación sexual”, y dispondría que la educación sexual y religiosa se enmarque dentro de los “valores familiares”.
En marzo, en el caso de un hombre condenado a seis meses de prisión por insultar a un soldado, tres jueces del Supremo Tribunal Federal ratificaron una disposición legal de desacato que pena con hasta dos años de prisión la “falta de respeto” hacia funcionarios públicos. Un cuarto juez sostuvo que penar la “falta de respeto” resulta violatorio de la libertad de expresión. El Colegio de Abogados de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que declare la inconstitucionalidad de la disposición de desacato. A la fecha de redacción de este informe, el recurso no se había resuelto.
La policía militar ha abusado de la disposición sobre desacato para acallar críticas, por ejemplo, al detener a personas que participaban en manifestaciones aduciendo que no respetaron a los agentes.
También los policías militares enfrentan severas restricciones a su propia libertad de expresión. Las disposiciones de los códigos disciplinarios y del Código Penal Militar exponen a los agentes a la posibilidad de expulsión de la fuerza y a penas de prisión por infracciones como criticar a un superior o una decisión gubernamental.
Derechos de mujeres y niñas
A fines de 2017, había más de 1,2 millones de causas de violencia doméstica pendientes en los tribunales. La implementación de la ley brasileña contra la violencia doméstica, la ley “Maria da Penha”, de 2006, está incompleta. Los datos oficiales muestran que, en 2017, 23 albergues que acogían a mujeres y niños con necesidad urgente de protección cerraron debido a recortes presupuestarios. Quedan apenas 74 albergues en un país con una población de más de 200 millones de personas. Cada año, la policía no investiga adecuadamente miles de casos de violencia doméstica que, en consecuencia, nunca son juzgados.
Cuando no se pone freno a la violencia doméstica, es habitual que se agrave y pueda llevar a la muerte. En 2017, el último año para el cual hay datos disponibles, 4.539 mujeres fueron asesinadas en Brasil, según informa el Foro Brasileño de Seguridad Pública. La policía registró 1.133 muertes como feminicidios, definidos por la legislación brasileña como el asesinato de mujeres “por el hecho de ser personas de sexo femenino”. Es probable que la cifra real sea más elevada, puesto que la policía no registra como feminicidios los homicidios en los cuales inicialmente los motivos no son claros.
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal. Las mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos se exponen no sólo al riesgo de lesiones y de muerte, sino a penas de hasta tres años de cárcel, en tanto que las personas que practican abortos ilegales pueden recibir penas de hasta cuatro años. En agosto, el Supremo Tribunal Federal celebró una audiencia de dos días en la que trató un recurso para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo.
En 2015 y 2016, un brote del virus del zika tuvo impactos nocivos especialmente en mujeres y niñas. Cuando infecta a una mujer embarazada, el zika puede causar complicaciones en el desarrollo fetal, incluyendo el desarrollo del cerebro. Los datos del Ministerio de Salud correspondientes a junio mostraron que dos tercios de los niños nacidos con síndrome del zika no habían recibido la estimulación temprana especializada que resulta crucial para su desarrollo.
Derechos de las personas con discapacidad
Miles de personas con discapacidad, incluidos bebés y niños pequeños, están internadas innecesariamente en instituciones, donde pueden enfrentar desatención y abuso, a veces de por vida. A pedido de un familiar o del director de una institución, los tribunales pueden privar a las personas con discapacidad de su capacidad legal, es decir, del derecho a tomar decisiones por sí mismas, con asistencia si la solicitan. Una persona privada de su capacidad legal sólo puede abandonar una institución con el consentimiento de su tutor, lo cual constituye privación ilegal de la libertad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Brasil ha ratificado.
En junio, el Senado aprobó un proyecto legislativo que reconoce el derecho a la capacidad legal de algunos adultos con discapacidad. El proyecto no establece la capacidad legal universal ni un sistema que reconozca a todas las personas con discapacidad el acceso a la toma de decisiones asistida.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Miles de venezolanos han cruzado la frontera con Brasil huyendo del hambre, la falta de atención médica básica y la persecución. Según datos del ACNUR, desde enero de 2014 hasta abril de 2018, 25.311 ciudadanos venezolanos solicitaron un permiso de residencia en Brasil. Desde enero de 2014 hasta julio de 2018, 57.575 solicitaron asilo. Brasil otorgó asilo a 14 venezolanos en 2016, y le negó este beneficio a 28. El titular del organismo brasileño para los refugiados (CONARE) indicó en octubre a Human Rights Watch que “en los últimos años” la institución no había tomado ninguna decisión con respecto a las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos.
Para octubre, el gobierno federal y el ACNUR habían abierto 13 albergues en Roraima, el estado brasileño limítrofe con Venezuela, que acogían a más de 5.500 venezolanos. Las medidas gubernamentales para la integración de estas personas en la sociedad han sido lentas; la mayoría de los niños de los albergues no asiste a la escuela, y muchos venezolanos aún no tienen documentación legal. Hasta noviembre, más de 3.100 venezolanos se habían beneficiado con un programa federal que los reubica en otros estados.
En marzo, una turba expulsó a venezolanos de un albergue improvisado en Roraima y quemó sus pertenencias; en agosto, tras otro ataque, una turba forzó a cerca de 1.200 venezolanos a volver a cruzar la frontera mientras la policía simplemente observaba, sin efectuar arrestos; y en septiembre, varios brasileños lincharon a un ciudadano venezolano a quien acusaban de haber cometido un asesinato.
Orientación sexual e identidad de género
En septiembre de 2017, la justicia federal invalidó una decisión de 1999 del Consejo Federal de Psicología de Brasil que prohibía la terapia de conversión, que intenta cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Al momento de la redacción de este informe, se encontraban pendientes apelaciones del consejo ante un tribunal federal y el Supremo Tribunal Federal.
En marzo, el Supremo Tribunal Federal determinó que las autoridades ya no pueden exigir procedimientos médicos o autorizaciones judiciales para que las personas transgénero cambien su nombre o indicación de género en los documentos de identidad.
Los medios brasileños informaron sobre decenas de casos de amenazas y ataques a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero durante la campaña presidencial, muchos de estos presuntamente realizados por partidarios de Bolsonaro.
Derechos laborales
Desde enero hasta octubre, el Ministerio de Trabajo identificó 1.246 casos de trabajadores expuestos a condiciones abusivas que, conforme al derecho brasileño, constituyen situaciones “análogas a la esclavitud”, como el trabajo forzado o las condiciones laborales degradantes. En respuesta a una orden judicial, en abril el Ministerio de Trabajo publicó una lista de 166 empleadores a los que había impuesto sanciones desde 2010 por emplear a personas en condiciones análogas a la esclavitud.
Conflictos ambientales y vinculados con tierras
Numerosos residentes de zonas rurales están expuestos a plaguicidas que se rocían en las proximidades de sus viviendas, escuelas y lugares de trabajo. Temen ser blanco de represalias de grandes terratenientes si denuncian las intoxicaciones.
El gobierno no vigila adecuadamente la exposición a plaguicidas y residuos de plaguicidas en el agua potable y los alimentos. Cuando se elaboró este informe, el Congreso estaba tratando un proyecto legislativo que debilitaría el marco regulatorio de los pesticidas, entre otras cosas, al reducir el rol de los Ministerios de Salud y Medioambiente en la autorización de nuevos plaguicidas.
En 2017, 71 personas implicadas en conflictos por tierras murieron de forma violenta, la máxima cifra desde 2003, según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia católica.
En marzo, el entonces Presidente Temer dictó tres decretos reglamentarios de una ley federal de 2017 que otorgaría títulos a personas que ocuparon tierras ilegalmente. Organizaciones ambientales y de campesinos sin tierras sostienen que esta norma beneficiaría a grandes terratenientes y madereras ilegales. El Ministerio Público Federal ha advertido de que la medida podría aumentar el número de asesinatos relacionados con conflictos por tierras. Hay tres recursos pendientes ante el Supremo Tribunal Federal para que se declare la inconstitucionalidad de la ley.
Enfrentar abusos del período militar
Los autores de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de 1964 a 1985 siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía de 1979, que fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el fallo violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.
Desde 2012, los fiscales federales han acusado a más de 40 exmilitares y otros agentes de la dictadura en relación con asesinatos, secuestros y otras graves violaciones de derechos humanos. Los tribunales inferiores desestimaron la mayoría de las causas y el Supremo Tribunal Federal puso dos en suspenso, mientras reconsidera la ley de amnistía.
En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la forma en que Brasil gestionó el caso del periodista Vladimir Herzog, torturado y asesinado por agentes del Estado en 1975. La corte determinó que el asesinato debía considerarse un delito de lesa humanidad y ordenó que las instituciones brasileñas reconozcan la imprescriptibilidad de este tipo de delito. En cumplimiento del fallo, los fiscales federales reabrieron la investigación sobre el asesinato de Herzog.
En octubre, un tribunal de apelación revirtió la decisión de un tribunal inferior que ordenaba a un excoronel del Ejército a pagar cerca de USD 25.000 a la familia de un hombre que fue torturado y asesinado por unidades bajo el mando del coronel durante la dictadura. El tribunal determinó que había transcurrido el plazo de prescripción.
Actores internacionales clave
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron su “profunda preocupación” por la decisión del entonces presidente Temer de poner la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas en Río de Janeiro. El Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias criticó la ley de 2017 que impide que se juzgue en la justicia penal ordinaria a miembros de las fuerzas armadas acusados de la ejecución extrajudicial de civiles. En noviembre, tras su primera visita a Brasil desde 1995, la CIDH identificó violaciones sistemáticas de derechos humanos por agentes estatales, como ejecuciones extrajudiciales por policías y condiciones “deplorables” en los centros de detención.
Política exterior
El gobierno brasileño condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, instó al gobierno del Presidente Nicolás Maduro a permitir el ingreso de asistencia humanitaria al país, y pidió el restablecimiento de la democracia. Brasil no copatrocinó una resolución en repudio a los abusos en Venezuela que los países del llamado Grupo de Lima presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero votó a favor.
Una coalición encabezada por Arabia Saudita utilizó municiones en racimo de fabricación brasileña en Yemen en al menos cuatro ocasiones en los últimos años. Las municiones en racimo están prohibidas por un tratado de 2008 al cual se sumaron 104 países, pero no Brasil.
Brasil es un enérgico promotor de la prohibición de armas completamente autónomas. Junto con Austria y Chile, Brasil hizo un llamamiento en agosto para la negociación de un tratado que mantenga el control humano efectivo de los sistemas de armas y el uso de la fuerza.