El año pasado fue una pesadilla para Ariana Granadillo Roca, una estudiante de medicina de 21 años que se mudó de Río Chiquito, una comunidad rural del estado de Monagas, a Caracas para hacer una pasantía en un hospital. No fue (solo) porque la crisis humanitaria está haciendo más difícil para los médicos tratar a los pacientes. Fue porque se hospedó en la casa de un familiar lejano, un oficial militar, que vivía cerca del hospital y resultó estar siendo investigado por el gobierno venezolano por presunta conspiración.

En febrero, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Granadillo. Durante su detención, los agentes le cubrieron la cabeza con carpetas de cartón que envolvieron con cinta. No le permitían ver y le produjo desorientación. La golpearon y le tocaron varias partes del cuerpo mientras exigían que les dijera dónde se encontraba el propietario de la casa. Ella fue liberada dos días después sin ninguna explicación.

En mayo, agentes de la DGCIM volvieron a detener a Granadillo sin una orden judicial, esta vez junto con sus padres, en la vivienda que estos tienen en el estado Miranda. Las autoridades la mantuvieron incomunicada y no confirmaron su paradero a los abogados del Foro Penal durante una semana.

Granadillo dice que los agentes abusaron de ella para forzarla a que dijera dónde se encontraba el propietario de la casa. Le colocaron una bolsa en la cabeza, le ataron las manos por la espalda y la sujetaron de las piernas. Cuando Granadillo les dijo que no tenía ninguna información para darles, le pusieron una bolsa en la cabeza hasta que casi perdió el conocimiento. Liberaron a Granadillo y sus padres una semana después sin cargos.

En junio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICIP) hicieron bajar a Granadillo de un autobús. En un primer momento, Granadillo estuvo detenida en una prisión y luego fue trasladada a la sede de la DGCIM en Caracas.

El mes siguiente, Granadillo fue llevada ante un tribunal militar y acusada de instigación a la rebelión, señaló el Foro Penal. Se acusó a Granadillo de mantener conversaciones telefónicas con la esposa del dueño de la casa y de recibir dinero de ella. Granadillo le dijo a su abogado que tuvo contacto telefónico periódico con ella mientras vivió en su casa y que el único dinero que recibía de ella era para gastos relacionados con el cuidado de los perros de los dueños de la casa.

Se le concedió la libertad condicional, pero con prohibición de salida del país y se le exige presentarse ante el tribunal cada ocho días.

Granadillo no la única familiar de personas acusadas de conspirar contra el gobierno que ha sido detenida y sometida a malos tratos en Venezuela.

En un informe reciente de Human Rights Watch y Foro Penal, analizamos información sobre 32 casos. Encontramos que agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan.

En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la DGCIM o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Las víctimas incluyen a oficiales militares de varios rangos acusados de conspirar contra el gobierno y civiles acusados de colaborar con Oscar Pérez, el oficial de la policía que fue asesinado luego de lanzar una supuesta granada desde un helicóptero al edificio del Tribunal Supremo en Caracas después de llamar al pueblo venezolano a rebelarse contra el gobierno. En algunos casos, familiares, incluyendo el hijo, la madre, el padre, o la pareja de presuntos implicados fueron detenidos extorsivamente para dar con el paradero de los supuestos conspiradores.

Los agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. Varios detenidos no tuvieron acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención, que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.

Los delitos por los que se los acusa incluyen “traición” e “instigación a la rebelión”. Varios abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados. Human Rights Watch solicitó información al gobierno venezolano sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban los cargos y qué pruebas tenía contra los presuntos implicados en estos casos, pero no recibió respuesta.

No se trata de casos aislados. De hecho, son parte de un patrón de abusos generalizados por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas que hemos documentado desde 2014, incluidos miles de casos de personas arrestadas, cientos de casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores gubernamentales reales e imaginarios, y al menos 31 casos de tortura.

La impunidad por estos abusos en Venezuela es deliberada, por lo que es imposible que se haga justicia para Granadillo y otros en el país. En un contexto en el que es más probable que los responsables de estos abusos sean premiados que llevados ante la justicia en Venezuela, es fundamental explorar vías para hacerlos responsables en el extranjero.

Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch.