Este artículo es el tercero de una serie producida exclusivamente para La Silla Vacía con el propósito de conmemorar y recordar los 10 años de los casos de Soacha.
Muchos en Colombia asocian al general Mario Montoya Uribe con los “falsos positivos” que se cometieron mientras él fue comandante del Ejército. En efecto, la mayor cantidad de casos se registró durante ese periodo.
Pero las evidencias de falsos positivos cometidos por subordinados de Montoya son mucho más antiguas. Así lo deja en evidencia el informe sobre falsos positivos que la Fiscalía le presentó en junio a la JEP y al cual tuvo acceso Human Rights Watch.
El asesinato del campesino Henry Palencia Antúnez en El Zulia, Norte de Santander, hace 26 años —el 14 de octubre de 1992— fue uno de los primeros falsos positivos, asegura el informe. Soldados del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5 “General Hermógenes Maza” asesinaron a Palencia Antúnez y lo reportaron como un miembro del ELN dado de baja en combate.
En 2011, dos soldados fueron condenados por este asesinato, tras haber confesado. Un dato que llama la atención del informe de la Fiscalía es que el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5 —y quien firmó la orden para esa operación en particular— era el entonces teniente coronel Mario Montoya (ver documento).
Los falsos positivos se convirtieron en un fenómeno generalizado 10 años más tarde, en 2002. Sin embargo, el informe indica que, entre 2002 y 2005, estos abusos se “concentraron”, entre otros, en la Primera División del Ejército (ver documento). Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003, Montoya estuvo al mando de la Cuarta Brigada, que entonces pertenecía, precisamente, a la Primera División. Como lo ha demostrado Human Rights Watch, la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos 44 ejecuciones cometidas por soldados de la Cuarta Brigada durante ese período.
En diciembre de 2003, Montoya se convirtió justamente en el comandante de la Primera División, un cargo que tuvo hasta abril de 2005. Según el informe de la Fiscalía, los falsos positivos cometidos por la Primera División se alejan de la “tendencia nacional”. En efecto, mientras la Primera División muestra un “número significativo” de falsos positivos antes de 2005, en otras unidades no se advierte un aumento drástico sino hasta 2006 (ver documento).
Muchos de los homicidios cometidos en este periodo por la Primera División se cometieron en connivencia con paramilitares, según el informe (ver documento). El negocio era macabro. El informe lo describe así: “durante estos años algunos integrantes de los batallones analizados… realizaron acuerdos con el Bloque Norte de las AUC. Al parecer, a cambio de la colaboración en los resultados operacionales irregulares, integrantes de estos batallones dieron armas a las AUC y toleraron su actividad delictiva”.
En abril de 2005, Montoya asumió como comandante del Comando Conjunto Caribe, una nueva unidad especial con jurisdicción en la costa caribe y los departamentos de Antioquia y Chocó. Según datos de la Fiscalía a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, los fiscales han iniciado investigaciones por posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por muchas de las brigadas adscritas al Comando Conjunto Caribe—las brigadas segunda, cuarta, décima, décimo primera y décimo séptima— mientras Montoya estuvo al mando.
La más comprometida parece ser la Cuarta Brigada, que actuaba principalmente en Antioquia. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre más de 80 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2005 por esa unidad militar, según un informe de 2016 de la Fiscalía (ver documento).
En febrero de 2006, Montoya asumió como comandante del Ejército Nacional, y precisamente ese año empezó a registrarse un marcado aumento de falsos positivos en todo el Ejército. Según el informe que la Fiscalía le presentó a la JEP, en 2006, la cantidad de casos en todo el Ejército prácticamente se duplicó respecto del año anterior: hubo al menos 470 presuntos casos de falsos positivos. Las cifras aumentaron considerablemente de nuevo en 2007, cuando llegaron a 733 casos (ver documento).
Desde inicios de 2006, la actuación de las unidades militares “mutó”, afirma el informe de la Fiscalía. A medida que estos asesinatos se propagaban a más unidades militares —y nuevos municipios—, el método para conseguir víctimas cambió. Muchas víctimas fueron engañadas, a veces con falsos ofrecimientos de empleo, para que aceptaran trasladarse desde zonas urbanas hacia descampados en zonas remotas del país, donde eran asesinadas y reportadas como tropas enemigas dadas de baja en combate (ver documento).
El informe señala que se redujo la cantidad de víctimas campesinas, mientras que “los habitantes de zonas urbanas, dedicados a labores informales” se convirtieron en “el tipo de víctimas más representativas”. Los ejemplos más conocidos son los casos de Soacha.
El escándalo de Soacha alcanzó tal magnitud que obligó al gobierno de Uribe a tomar medidas para frenar estos abusos. El gobierno pasó a retiro a 27 oficiales y soldados del Ejército y creó una comisión para investigar los falsos positivos. Montoya renunció poco después, en noviembre de 2008. A partir del año siguiente, según la Fiscalía, la cantidad de casos de falsos positivos descendió a niveles que no se veían desde 2001: menos de una decena al año.
Montoya, que actualmente está siendo investigado por falsos positivos, pero curiosamente nunca ha sido imputado, ha declarado ante la Fiscalía que él tomó medidas para que sus soldados no mataran civiles. Si ello realmente es cierto, entonces ¿por qué tantas unidades bajo su mando están implicadas en estos atroces delitos desde hace tanto tiempo?
