Washington, D.C., 15 de octubre de 2018

Kajsa Ollongren, Ministra de Interior y para Relaciones del Reino de los Países Bajos
Raymond Knops, Viceministro de los Países Bajos para Relaciones del Reino
Stef Blok, Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos
Quincy Girigorie, Ministro de Justicia de Curazao

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, en representación de Human Rights Watch, para compartir las conclusiones principales de nuestro informe más reciente sobre la emigración venezolana hacia América y el Caribe, incluyendo Aruba y Curazao, que integran el Reino de los Países Bajos, e instarlos respetuosamente a que adopten medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos en esos territorios. Curazao es uno de los sitios donde hemos documentado los peores abusos sufridos por venezolanos que huyen de la devastadora crisis humanitaria y de derechos humanos en su país.

El éxodo venezolano

Nuestro informe “El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes” documenta que más de 2,3 millones de venezolanos se han ido del país desde 2014, según las Naciones Unidas[1]. Muchos otros han abandonado Venezuela, sin haber sido registrados por las autoridades.

Los venezolanos huyen del país por muchos motivos. Debido a la severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos, para muchas familias es sumamente difícil acceder incluso a la atención médica más básica y alimentar a sus hijos. La brutal represión del gobierno ha tenido como resultado miles de detenciones arbitrarias, cientos de civiles procesados en tribunales militares y torturas y otros abusos contra personas detenidas. A la fecha, miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos los servicios de inteligencia, siguen realizando detenciones arbitrarias y cometiendo otros abusos. Como resultado, es posible que una proporción significativa de los venezolanos que huyen del país reúnan las condiciones para no ser obligados a regresar a su país. Esta prohibición de devolución está prevista en diversos estándares internacionales[2] y en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Los altísimos índices de delitos violentos y la hiperinflación son también factores claves que llevan a muchas personas a tomar la decisión de irse del país.

A pesar de las serias dificultades que esta crisis migratoria genera, algunos gobiernos sudamericanos han realizado enormes esfuerzos por acoger a ciudadanos venezolanos, tales como adoptar normas especiales para brindarles permisos legales de permanencia, además de la posibilidad de pedir asilo. Estos permisos han otorgado estatus legal a cientos de miles de venezolanos, y los han ayudado a empezar de nuevo sus vidas en el extranjero, trabajar y obtener acceso a servicios básicos. Sin embargo, en ocasiones los ciudadanos venezolanos han señalado que encuentran dificultades para obtener estos permisos, debido a que a veces tienen costos prohibitivos para ellos o se les exige que presenten documentos que no pudieron llevarse de Venezuela y no pueden conseguir desde el extranjero. 

En el Caribe, donde varios gobiernos tienen estrechos vínculos económicos y políticos con el gobierno venezolano, ningún país ha establecido oficialmente un permiso especial que posibilite que los ciudadanos venezolanos permanezcan legalmente, y la mayoría de los países no tiene leyes específicas que regulen el proceso de solicitud de asilo. La inmigración venezolana ha tenido un impacto especialmente contundente en las islas del Caribe Sur de Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, debido a su proximidad geográfica con Venezuela, a que su territorio es más pequeño y a que su capacidad de absorber a inmigrantes es limitada.

Emigración venezolana a Curazao 

En julio de 2017, el gobierno de Curazao anunció públicamente que había asumido la responsabilidad, anteriormente ejercida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país, de registrar a los solicitantes de asilo y emitir los correspondientes certificados. Sin embargo, según la información que obtuvo Human Rights Watch, el gobierno de Curazao no ha emitido ni un sólo certificado de asilo desde entonces, a pesar de que cientos de venezolanos han solicitado una entrevista para pedir asilo allí.

Human Rights Watch ha recibido señalamientos creíbles de distintas fuentes (que pidieron que se preservara su anonimato) que indican que las autoridades gubernamentales en Curazao realizan asiduamente redadas inmigratorias en las que se llevan a solicitantes de asilo venezolanos, hostigan verbal y físicamente a ciudadanos venezolanos y los detienen por períodos indefinidos en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados. También indican que las autoridades han deportado a venezolanos que intentan pedir asilo, incluidas personas cuyas pretensiones podrían cumplir los requisitos para recibir protección conforme al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y han presionado a padres detenidos para que informaran a las autoridades dónde están sus hijos y poder así deportarlos juntos. Estas fuentes manifestaron asimismo que legalmente se permite a los niños venezolanos estudiar, pero que en la práctica enfrentan obstáculos para ser inscriptos en las escuelas y algunos temen ir, ya que las autoridades han realizado redadas para llevarse a niños y niñas de estos establecimientos.

Por ejemplo, uno de los casos documentados para nuestro informe es el de Santiago Hernández (seudónimo), de 19 años, que desertó del Ejército venezolano tras presenciar abusos cometidos por integrantes de esta fuerza. El 17 de agosto de 2018, partió de Venezuela hacia Curazao en una embarcación, ante el temor de sufrir represalias por haber desertado y presenciado abusos. Esa noche, autoridades de Curazao lo detuvieron en aguas territoriales, presuntamente por ingreso ilegal. Hernández manifestó a las autoridades que deseaba pedir asilo, pero contó que se negaron a escucharlo y lo detuvieron. Dijo que, mientras estuvo detenido por motivos inmigratorios, intentó pedir asilo de nuevo, pero que los guardias le indicaron que debía llamar al consulado venezolano. Consiguió acceder a un teléfono celular sin autorización de las autoridades y llamar a un abogado, quien presentó una solicitud de asilo en representación suya el 21 de agosto, según surge de documentos consultados por Human Rights Watch. Su abogado indicó a Human Rights Watch que Hernández fue interrogado durante dos días y que, el 27 de agosto, las autoridades inmigratorias le pidieron que firmara documentos redactados en holandés, que no comprendía. En octubre, Hernández seguía detenido por motivos inmigratorios en Curazao.

Respuesta de las autoridades

En vez de abordar los serios abusos documentados en nuestro informe, las autoridades de Curazao han respondido cuestionando nuestra metodología y negando la información que publicamos.

El 5 de septiembre, el ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie, la máxima autoridad responsable de temas inmigratorios, indicó a los medios de comunicación que nuestro informe era “tendencioso” y que estaba basado en “investigaciones incompletas”, y que habíamos entrevistado a las “supuestas víctimas” en vez de hablar con las autoridades. Manifestó que las personas indocumentadas juzgadas en Curazao tienen acceso a un abogado, aunque el gobierno no se los proporciona; acusó a personas detenidas de sostener que no contaban con documentos de viaje para postergar su deportación; y afirmó que se realizan controles inmigratorios a todos los inmigrantes, pero que actualmente hay más venezolanos en Curazao[3].

Como se explica en el informe, nuestras conclusiones se basan en trabajo de investigación en la frontera entre Colombia y Venezuela y entre Brasil y Venezuela, donde entrevistamos a funcionarios públicos y de las Naciones Unidas, así como a decenas de venezolanos que habían cruzado la frontera. El informe se elaboró, además, a partir de entrevistas adicionales realizadas por Human Rights Watch por teléfono, mensajes de correo electrónico, Skype y servicios de mensajes de texto a venezolanos que se fueron recientemente de su país, así como a abogados, especialistas y activistas que siguen de cerca la situación de la inmigración venezolana en otros países de América del Sur y el Caribe, incluido Curazao. Asimismo, para el informe también realizamos un análisis exhaustivo de información oficial publicada por autoridades gubernamentales y por ACNUR.

Las declaraciones del ministro de justicia no abordan las conclusiones fundamentales de nuestro informe: esto es, que las autoridades de Curazao no han tomado medidas para que los solicitantes de asilo venezolanos puedan pedir este beneficio y no sean detenidos y deportados arbitrariamente, ni medidas para que no se lleven a cabo redadas durante las cuales se hostiga verbal y físicamente a ciudadanos venezolanos. El 9 de septiembre, Amnistía Internacional publicó un informe donde se documentan abusos sufridos por venezolanos en Curazao, que llega a conclusiones similares a las nuestras[4].

El 12 de septiembre, el viceministro de justicia y seguridad de los Países Bajos manifestó categóricamente que Curazao es responsable de las cuestiones vinculadas con asilo e inmigración y que el gobierno holandés no asumirá esa tarea[5]. Según informaron los medios, el gobierno holandés indicó que Curazao cumple con las normas y los tratados internacionales y “lamenta la percepción de que se estén violando derechos humanos en Curazao”[6].

La reacción de las autoridades es inconsistente con nuestras conclusiones, así como con las de Amnistía Internacional, sobre lo que realmente ocurre en la isla. Aunque Curazao no está obligado por la Convención sobre los Refugiados de 1951 ni su Protocolo de 1967, como país integrante de los Países Bajos sí está alcanzada por el CEDH. El artículo 3 del CEDH impide la devolución (refoulement) en casos de tortura o trato inhumano, incluidos algunos casos de falta de acceso a atención médica vital[7]. A pesar de ser independiente, Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos y, por consiguiente, está representado por el Reino de los Países Bajos en el plano internacional. El Reino es responsable por las violaciones del CEDH que se produzcan en Curazao[8]. Esto incluye las deportaciones que contravienen lo establecido en el CEDH.

Recomendaciones

Para abordar los abusos sufridos por ciudadanos venezolanos en Curazao, es crucial que las autoridades de ese país y de los Países Bajos —que son conjuntamente responsables de que se cumpla el CEDH en Curazao— aseguren que los venezolanos tengan acceso al asilo (mediante el registro y documentación de los solicitantes de este beneficio) y deriven a los solicitantes de asilo a ACNUR; impidan la detención arbitraria o prolongada de solicitantes de asilo (en todo caso, la detención debería ser solamente una medida de último recurso); promuevan alternativas a la detención para los solicitantes de asilo; y permitan que organizaciones internacionales y no gubernamentales accedan a centros de detención inmigratoria para supervisar las condiciones y garantizar que haya acceso a medidas de protección.

Asimismo, dada la magnitud y la complejidad de la migración venezolana en la región, las autoridades de Curazao y otros sitios del Caribe Neerlandés —junto a las autoridades del Reino de los Países Bajos— deberían apoyar una respuesta colectiva y concertada a esta situación por parte de los gobiernos de la región. En particular, los gobiernos de América y el Caribe deberían considerar la adopción de las siguientes medidas:

  • Un régimen de protección temporaria vigente en toda la región, que otorgue a todos los venezolanos estatus legal durante un período determinado de tiempo, al menos mientras se evalúan sus solicitudes particulares de protección; y
  • Un mecanismo regional para distribuir los costos financieros y la recepción de los venezolanos que huyen de su país sobre la base de criterios equitativos de distribución.

El Reino de los Países Bajos debería asegurar que el trato brindado a las personas venezolanas en Curazao, así como en los demás países y municipios que integran los Países Bajos en el Caribe, cumpla con sus obligaciones internacionales, incluida la disposición sobre no devolución del CEDH. Debería proporcionar con urgencia a Curazao la asistencia necesaria para cumplir con tales obligaciones. Limitarse únicamente a enviar asistencia financiera desde el Reino para asuntos vinculados con las detenciones, incluyendo para mejorar las condiciones de detención, no resuelve las consideraciones de derechos humanos sobre la legalidad de la detención o la falta de acceso a procedimientos de asilo y las deportaciones ilegales de solicitantes de asilo y refugiados. Si no se adoptaran medidas suficientes, podría determinarse que los Países Bajos son responsables de haber incumplido el CEDH.

Estamos a total disposición si necesitan mayor información o si tuvieran interés en organizar una reunión para dialogar personalmente sobre este tema.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

 

[1] Human Rights Watch, “El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”, 3 de septiembre de 2018, https://www.hrw.org/report/2018/09/03/venezuelan-exodus/need-regional-response-unprecedented-migration-crisis.

[2] ACNUR, Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, marzo de 2018,  http://www.refworld.org/docid/5a9ff3cc4.html (consultado el 4 de octubre de 2018).

[3] Amigoe, “Informe de HRW: ‘Autoridades de Curazao intimidan a venezolanos’” (“HRW-rapport: ‘Curaçaose autoriteiten intimideren Venezolanen’”), 5 de septiembre de 2018.

[4] “Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, 9 de septiembre de 2018, https://www.amnesty.org/en/documents/eur35/8937/2018/en/ (consultado el 2 de octubre de 2018).

[5] Viceministro de Justicia y Seguridad M.G.J Harbers en un debate general sobre la política relativa a extranjeros y refugiados (algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid), 12 de septiembre de 2018, https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A04498 (consultado el 2 de octubre de 2018).

[6]  RTL Nieuws, “Conmoción en la Cámara por informe crítico de Amnistía sobre la recepción de refugiados en Curazao” (“Kamer schrikt van kritisch Amnesty-rapport over opvang vluchtelingen Curaçao”), 10 de septiembre de 2018,https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4411831/kamer-schrikt-van-kritisch-rapport-amnesty-over-curacao (consultado el 2 de octubre de 2018).

[7] Las disposiciones sobre no devolución forman parte del derecho internacional consuetudinario y están además receptadas en otros tratados, como la Convención contra la Tortura, que se aplican a Curazao.

[8] Ver, p. ej., Murray v. The Netherlands, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162614 (en el que se determina que los Países Bajos son legalmente responsables por la violación del artículo 3 del CEDH en Curazao).