(São Paulo) – La legislación sobre aborto vigente en Brasil es incompatible con las obligaciones de derechos humanos asumidas por el país, señaló hoy Human Rights Watch al difundir un vídeo sobre el tema. Human Rights Watch será uno de los expositores en una audiencia pública programada para el 3 y el 6 de agosto de 2018, en el marco de una causa que se tramita ante el Supremo Tribunal y contra la penalización del aborto en Brasil durante las 12 primeras semanas de embarazo. Human Rights Watch instará al tribunal a que, al dictar un pronunciamiento, considere las obligaciones de Brasil en virtud del derecho internacional.
El aborto es legal en Brasil solamente en casos de violación, cuando resulta necesario para preservar la vida de la mujer o cuando el feto presenta anencefalia, una malformación cerebral congénita. Las mujeres y niñas que interrumpen embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a la posibilidad de hasta tres años de cárcel. Según informaciones de prensa, en 2017 se iniciaron más de 300 causas penales contra mujeres que tuvieron abortos, muchas de las cuales fueron denunciadas por profesionales de la salud luego de que las mujeres acudieron a centros médicos porque necesitaban atención posterior a un aborto. En un informe de julio de 2017 sobre el impacto del brote del Zika, Human Rights Watch documentó las consecuencias de las restricciones al aborto en Brasil.
“Ninguna mujer o niña debería ser obligada a elegir entre continuar un embarazo contra su voluntad y poner en riesgo su salud, su vida y su libertad para someterse a un aborto clandestino”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El caso que ahora se tramita ante el Supremo Tribunal Federal representa una oportunidad clave para brindar a mujeres y niñas en Brasil un margen más amplio de elecciones reproductivas, en consonancia con los derechos que les reconocen las normas internacionales de derechos humanos”.
En marzo de 2017, el Partido Socialismo y Libertad, con apoyo de la organización no gubernamental Anis – Instituto de Bioética, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal contra la criminalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Human Rights Watch presentó un memorial de amicus, en el cual analizó las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional de los derechos humanos. La audiencia pública del proceso tendrá lugar en la capital del país, Brasilia.
En el vídeo, Human Rights Watch dialoga con Rebeca Mendes Silva Leite, quien en 2017 pidió al Supremo Tribunal Federal autorización para interrumpir de manera segura un embarazo no planificado. Afirmó que le atemorizaba la posibilidad de un aborto clandestino: “Tenía miedo de tomar una pastilla [para inducir el aborto] y luego sufrir alguna complicación estando en mi casa, no poder ir a un hospital y decir lo que ocurría, y morir en mi casa y dejar a mis dos hijos solos. Temía ir al hospital y tener que hablar sobre lo que verdaderamente ocurrió, y terminar en una comisaría e imputada”. La magistrada del Supremo Tribunal Rosa Weber denegó el pedido de Mendes por motivos procesales, pero no se pronunció sobre el fondo del caso. Tras ello, Mendes se sometió a un aborto en el extranjero.
En el vídeo también participan especialistas, defensores de los derechos de la mujer y una médica, quienes explican cómo, debido a las sanciones penales en Brasil, las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir embarazos. “He visto mujeres que presentaban infecciones sumamente graves a causa de abortos”, contó la Dra. Leila Katz, una obstetra y ginecóloga de Recife, la ciudad más grande del estado de Pernambuco, en el noreste brasileño. “Tuve pacientes con lesiones uterinas debido a manipulación riesgosa, rotura uterina e infecciones intraabdominales. Algunas murieron. Otras sobrevivieron, pero con gravísimas secuelas”.
“Las mujeres más afectadas por la criminalización del aborto son las más pobres y más vulnerables”, apuntó Debora Diniz, cofundadora de Anis, que también participa en el video. “Se trata de mujeres negras e indígenas, las más jóvenes”.
Cientos de miles de mujeres y niñas tienen abortos en Brasil cada año, en general de manera clandestina. Se estima que, al llegar a los 40, cerca de una de cada cinco mujeres brasileñas han interrumpido un embarazo. Según datos del Ministerio de Salud publicados por Folha de São Paulo, más de dos millones de mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones por abortos desde 2008 hasta 2017, tres cuartas partes de ellas por abortos provocados, y más de 4.400 mujeres murieron entre 2000 y 2016 por causas relacionadas con abortos espontáneos o provocados.
Diversos órganos de Naciones Unidas que interpretan las normas internacionales de derechos humanos han determinado que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra una multiplicidad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida; a la salud; a no sufrir trato cruel, inhumano y degradante; a la no discriminación y la igualdad; a la privacidad; a la información; y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos.
Por más de una década, numerosos órganos y expertos en derechos humanos de la ONU han criticado a Brasil por las restricciones punitivas que establece para el aborto, y han instado al gobierno a reformar esas leyes. En 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas manifestó que Brasil debía “[d]espenalizar el aborto en todas las circunstancias y revisar su legislación para asegurar el acceso a servicios seguros de aborto y atención posterior al aborto”. En 2012, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer indicó que Brasil debía “[a]celerar la revisión de la legislación que penaliza el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a las mujeres”.
Numerosas investigaciones coinciden en que las leyes restrictivas y las sanciones penales no reducen la tasa ni la incidencia de abortos. Un estudio reciente de Guttmacher Institute identificó escasas diferencias entre las tasas estimadas de abortos en países donde la práctica está prohibida, o se permite solo para salvar la vida de una mujer embarazada, y los países donde el aborto no se restringe a ciertas situaciones. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen 25 millones de abortos inseguros. Los países donde hay leyes sobre aborto restrictivas presentan una proporción sustancialmente superior de abortos inseguros respecto de aquellos con leyes menos restrictivas.
Las votaciones históricas en Irlanda y en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina en 2018, y un voto histórico seguido por la posterior decisión del Tribunal Constitucional de despenalizar el aborto en tres circunstancias en Chile en 2017, son apenas algunos ejemplos de una tendencia mundial de ampliación del acceso legal al aborto. The Guttmacher Institute concluyó que entre 2000 y 2017, 27 países reformaron sus leyes para ampliar el acceso al aborto.
“El caso ante el Supremo Tribunal Federal representa una oportunidad de proteger los derechos y la dignidad de las mujeres despenalizando el aborto”, destacó Vivanco. “Las mujeres y niñas de Brasil no deberían tener que seguir esperando para que se respeten sus derechos reproductivos”.
