Estimado Canciller Nin Novoa,
Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de instarlo respetuosamente a adherirse a la declaración conjunta sobre la crisis venezolana emitida por Perú el 6 de julio de 2018 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La declaración, una iniciativa regional, ya ha sido suscrita por 53 estados de todo el mundo y se encuentra abierta a adhesiones hasta este viernes, 20 de julio. Es decepcionante que Uruguay, un país que ha sido históricamente un aliado en la protección y promoción de los derechos humanos en la ONU, aún no se haya adherido a esta iniciativa.
Como es de su conocimiento, la situación en Venezuela sigue deteriorándose a niveles alarmantes. El éxodo de alrededor de dos millones de venezolanos —la mayoría, a países vecinos—, así como la crisis humanitaria que impide a muchísimos venezolanos alimentar a sus familias y tener acceso a servicios de salud básicos y la violenta arremetida contra opositores, ameritan una firme respuesta multilateral.
Estas son, precisamente, las conclusiones del devastador informe sobre Venezuela publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos del mes de junio.
En su reciente informe, el ACNUDH destacó que, desde julio de 2017, las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela continuaron deteniendo de manera arbitraria a miembros de la sociedad civil, opositores políticos y otros que criticaron al gobierno o expresaron públicamente su preocupación por la situación en el país. Más de 12.000 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias desde 2014, y al menos 570 personas —incluyendo 35 niños— fueron detenidas entre agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018. Muchas personas detenidas han permanecido incomunicadas y han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes que, en algunos casos, constituyeron torturas. Entre las técnicas utilizadas se documentaron descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia y abuso sexual, incluidos casos de violación.
Las fuerzas de seguridad han ejecutado sumariamente a personas durante redadas policiales. Entre julio de 2015 y marzo de 2017, 505 personas, entre las cuales había 24 niños, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, incluidos algunos casos que, según concluyó el ACNUDH, fueron ejecuciones extrajudiciales.
Frente a estos abusos, el gobierno venezolano ha garantizado la impunidad de los autores. En febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre el uso excesivo de la fuerza en Venezuela, incluidas denuncias sobre asesinatos y detenciones ilegales.
La declaración conjunta del 6 de julio es la primera oportunidad para hacerle frente a los abusos del régimen venezolano en el marco de la ONU desde la brutal arremetida contra opositores en 2017. Uruguay no debería hacer parte del grupo cada vez más reducido de Estados que aún están dispuestos a defender a ciegas al régimen de Maduro.
Es fundamental redoblar la presión multilateral sobre el gobierno venezolano para que ponga fin a los abusos contra su población. Confiamos en que Uruguay reconsidere su posición y se adhiera a la declaración conjunta, sumándose así a la lista de gobiernos democráticos que están tomando medidas decisivas para proteger los derechos humanos en Venezuela.
Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
