Las instalaciones permanentes de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

© 2016 UN Photo/Rick Bajornas

(New York) – Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) deberían aumentar su apoyo a la corte frente a los crecientes desafíos para la administración de la justicia, dijo hoy Human Rights Watch. El tratado de fundación del tribunal, el Estatuto de Roma, fue adoptado hace 20 años el 17 de julio de 1998.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han publicado un video sobre las razones por las cuales la CPI es relevante hoy para una nueva generación de estudiantes de derecho en todo el mundo.

“La ardua tarea de la CPI de brindar justicia a las víctimas de graves crímenes internacionales es más necesaria que nunca”, dijo Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch. “Los países miembros de la CPI deben aprovechar el vigésimo aniversario del Estatuto de Roma para demostrar su apoyo a esta corte de última instancia de importancia crítica”.

La CPI es la primera corte global permanente encargada de llevar ante la justicia a las personas culpables de delitos internacionales graves, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. El tratado del tribunal se negoció durante varios años, a partir de 1995, y concluyó tras una tumultuosa sesión en Roma.

ICC Turns 20: Reflections from Law Students Around the World

Supporters of international justice will mark the 20th anniversary of the Rome Statute, the founding treaty of the International Criminal Court (ICC), on July 17, 2018. In this video, students from universities around the world discuss the court’s importance.

La CPI ha abierto investigaciones en 10 países y una solicitud de su fiscal para abrir una investigación en Afganistán está pendiente ante los jueces de la Corte. Pero incluso a medida que su carga de trabajo se ha expandido, la acción de la CPI es necesaria en muchos otros lugares. Esta se ha visto obstaculizada por el insuficiente apoyo financiero de los países miembros, que financian el tribunal, y una asistencia limitada de los gobiernos para llevar a cabo investigaciones y arrestos. Además, los funcionarios judiciales han cometido errores en las políticas y prácticas que deben abordarse. Hay 15 órdenes de arresto pendientes.

Sin una acción política por parte de los Estados, incluso a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el tratado del tribunal restringe el mandato del fiscal cuando se trata de investigar fuera de los países miembros de la CPI. Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad que habría enviado los crímenes cometidos en Siria, que no es miembro del tribunal, a la fiscal de la CPI para su investigación. Otros miembros del Consejo de Seguridad han utilizado la amenaza de su poder de veto para bloquear acciones sobre otras atrocidades.

“Algunos de los peores crímenes internacionales cometidos hoy en día están fuera del alcance de la CPI. Pero al tomar medidas efectivas, la CPI envía un poderoso mensaje, tanto a las víctimas como a quienes cometen estos crímenes, de que puede haber justicia para estos delitos y que los responsables deberán rendir cuentas”, señaló Dicker. “Pero para que esto suceda, los funcionarios judiciales y los países miembros deberán afrontar el reto”.

El 17 de julio es también el Día de la Justicia Penal Internacional. El trabajo de la Corte Penal Internacional está estrechamente vinculado con otras iniciativas más amplias de justicia – en tribunales nacionales, a través de organismos de investigación internacionales y mediante la cooperación internacional y nacional en instituciones híbridas— para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Human Rights Watch ha publicado un video que destaca el importante papel de los juicios por crímenes internacionales para las víctimas y sus seres queridos, a quienes Human Rights Watch entrevistó en lugares de todo el mundo.

ICC: Victims of Atrocities Deserve Justice

Member countries of the International Criminal Court (ICC) should increase their support for the court in the face of increasing challenges to delivering justice. The court’s founding treaty, the Rome Statute, was adopted 20 years ago on July 17, 1998.

 
Hay señales positivas de que los países miembros de la CPI están comprometidos a fortalecer la corte, dijo Human Rights Watch.

Se planean varios eventos con la participación de ministros y otros altos funcionarios de los países miembros de CPI para conmemorar el 20º aniversario. Estos incluyen varios actos el 17 de julio en la sede de la ONU en Nueva York y en la sede de la Corte en La Haya. Durante todo el año se llevan a cabo eventos de alto nivel dirigidos por el gobierno en otras ciudades, así como iniciativas para promover una mejor comprensión pública del mandato del tribunal.

Se espera que los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) adopten conclusiones el 16 de julio para reafirmar su apoyo a la CPI. Human Rights Watch, junto con otras organizaciones no gubernamentales, ha dicho que la UE debería ir más lejos y cumplir un llamamiento de larga data del Parlamento Europeo para establecer un representante especial dedicado al derecho internacional humanitario y la justicia internacional, para asegurar que los compromisos políticos se traduzcan en acciones efectivas. Todos los países miembros de la CPI deberían considerar la posibilidad de firmar acuerdos con la Corte para reubicar a los testigos y proteger los derechos de los acusados a ser liberados bajo fianza.

Para mejorar las perspectivas de justicia, los funcionarios judiciales deben abordar las lagunas en el desempeño de la CPI, recomendó Human Rights Watch. Las deficiencias en investigaciones de algunos de sus primeros casos, investigaciones y procedimientos judiciales excesivamente largos e iniciativas demasiado limitadas para apoyar el acceso de las víctimas a sus derechos ante la Corte Penal Internacional socavan la confianza en la Corte dentro de las comunidades afectadas por los delitos dentro del ámbito de su mandato.

El fuerte apoyo de los países miembros es clave para superar la obstrucción política al trabajo del tribunal. EE.UU., que no es miembro del tribunal pero que en los últimos años ha apoyado las investigaciones de la CPI caso por caso, no se presentó en una discusión informal del 6 de julio en el Consejo de Seguridad para mejorar el apoyo de ese organismo a la Corte.

“Existe el riesgo de que el deterioro de las tendencias mundiales en materia de derechos humanos sea fácilmente aprovechado para quebrantar la CPI por parte de aquellos que tienen algo que temer de la rendición de cuentas”, dijo Dicker. “Los partidarios de la justicia tendrán que hacer todo lo posible para que la Corte Penal Internacional triunfe en este difícil panorama y garantice a las víctimas su día ante los tribunales”.