(San Francisco) – California tiene un interés indiscutible en dar seguimiento a las nefastas condiciones de salud y seguridad que imperan en los centros de detención inmigratoria del estado, señalaron hoy tres organizaciones de defensa de los derechos humanos y los derechos de inmigrantes en un memorial presentado en calidad de “amigos del tribunal”.
Human Rights Watch, el Immigrant Legal Resource Center y Freedom for Immigrants (anteriormente CIVIC) presentaron el memorial de amicus ante un tribunal del distrito federal en la causa United States v. California. La demanda fue planteada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra California con el propósito de bloquear tres leyes estatales que tienen como propósito proteger los derechos de los inmigrantes. En el memorial, las organizaciones se refirieron a una variedad de condiciones inhumanas en los centros de detención inmigratoria federales de California, que incluyen desde la falta grave de atención médica adecuada, a veces con consecuencias mortales, hasta el abuso sexual.
“California tiene la responsabilidad de asegurar que haya una supervisión adecuada de lo que le sucede a las personas detenidas en el estado en casos de inmigración”, expresó Grisel Ruiz, abogada de planta del Immigrant Legal Resource Center. “Entre los afectados por este caso se incluyen residentes del estado, personas que trabajan, viven y van a la iglesia aquí, y padres que crían a sus hijos, que están conectados con California y California tiene una profunda conexión con ellos”.
El estudio de abogados Pillsbury Winthrop Shaw Pittman participó como asesor legal en la preparación del memorial.
Una de las leyes de California, la AB 103, da instrucciones al fiscal general del estado de monitorear e informar las condiciones de encarcelamiento y debido proceso en los centros de detención inmigratoria en el estado.
Salvo por Texas, hay más personas detenidas en California —a razón de 5.500 cada día— que en cualquier otro estado. Se necesita acuciantemente que haya transparencia con respecto a las condiciones abusivas en los centros de detención inmigratoria, destacaron las organizaciones. El memorial incluye ejemplos de una variedad de abusos, como atención médica peligrosamente inadecuada —y a veces letal—, abusos sexuales y maltrato de mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables.
Un ejemplo que se describe en el memorial es el de Raúl Ernesto Morales-Ramos, de 44 años, que murió en abril de 2015 en el centro californiano Adelanto Detention Facility debido a falla orgánica con signos de cáncer extendido. Durante dos años había informado que le aquejaban dolores y mostraba síntomas de cáncer, además de presentar una notoria protuberancia en el abdomen, pero no pudo ver a un médico hasta apenas un mes antes de morir. Los médicos que analizaron el caso concluyeron que este cáncer podría haber sido tratable si se hubiera diagnosticado o atendido antes.
“El memorial contiene ejemplos de muertes, agresiones y maltratos que el gobierno federal intenta ocultar una y otra vez con respecto a la detención inmigratoria”, apuntó Clara Long, investigadora sénior del Programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “El fiscal general Jeff Sessions está objetando una ley de California que sacaría a la luz el trato nefasto que se imparte en la detención inmigratoria y que debería ser un tema de seria consideración”.
Las organizaciones brindaron además pruebas de que los centros de detención inmigratoria de California no están abordando índices alarmantemente altos de suicidios, algunos de los cuales han estado asociados con el aislamiento de personas con problemas de salud mental. En un período de más de 30 meses que culminaron con una demanda judicial en 2016, en la cárcel Yuba County Jail hubo 41 intentos de suicidio, tanto de detenidos por motivos inmigratorios como de internos del condado.
El abuso físico y sexual constituye un grave problema en los centros de detención inmigratoria de California, y algunas poblaciones, como las personas LGBTQ, están expuestas a mayores riesgos de abuso, afirmaron las organizaciones.
“A través del análisis de datos gubernamentales, descubrimos que dos establecimientos en California —Adelanto y Otay Mesa Detention Center— están entre los cinco del país que reciben más denuncias de agresiones sexuales”, contó Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants (ex CIVIC). “El gobierno federal intenta tapar estos abusos, procurando que el público no se entere de que el dinero que pagan de impuestos contribuye a causar padecimientos en los centros de detención inmigratoria”.
