Rony y Ronyde Ponthieux en Miami, FL. © 2018 Human Rights Watch

 

(Miami) – La legislación estadounidense debería reformarse para brindar una vía que permita la regularización permanente de personas que han vivido en este país durante muchos años con Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), señaló hoy Human Rights Watch. Cientos de miles de personas han forjado sus vidas en Estados Unidos mientras estuvieron aquí legalmente amparados por ese programa.

En marzo de 2018, Human Rights Watch entrevistó a familias haitianas en Miami cuyas vidas, construidas en EE. UU., están ahora en un limbo, debido a que podrían perder su estatus de protección. En diciembre de 2017, Human Rights Watch documentó evidencias del perjuicio causado por la deportación de inmigrantes autorizados y no autorizados que no considera adecuadamente los derechos al hogar y la familia.

“Los haitianos en situación de TPS ha vivido en EE. UU. un promedio 13 años, y en el caso de los salvadoreños, el promedio es de 21 años”, apuntó Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch, citando cifras calculadas por el Centro de Estudios sobre Migración (Center for Migration Studies). “El Congreso no debería dejar a estas personas a merced de un sistema inmigratorio fallido que, prácticamente, no toma en cuenta los lazos familiares y comunitarios que han entablado en EE. UU.”.

En 2017, el gobierno de Trump manifestó que no renovaría las garantías de TPS para los ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador tras haberles concedido una última extensión de 18 meses. Casi 1.000 ciudadanos sudaneses, 5.000 nicaragüenses, 60.000 haitianos y 260.000 salvadoreños perderían su condición de TPS para septiembre de 2019. En mayo de 2018, como última fecha, el gobierno decidirá si 86.000 ciudadanos hondureños podrán renovar su estatus.

El derecho internacional de los derechos humanos exige garantizar una audiencia justa e individualizada a todas aquellas personas que puedan ser deportadas. La ley además debería ponderar los vínculos de la persona con familias y comunidades estadounidenses frente al interés del gobierno en deportarla. Un sistema humano y racional no debería esperar hasta el momento de la deportación para considerar estas cuestiones, expresó Human Rights Watch. En cambio, el Congreso debería crear un programa justo e inclusivo de legalización que reconozca la debida importancia a los nexos de los inmigrantes con Estados Unidos.

Human Rights Watch ha instado desde hace mucho tiempo al gobierno estadounidense a respetar y proteger a las familias a través de sus políticas inmigratorias, proteger a los inmigrantes frente a delitos y abusos en el lugar de trabajo, establecer un proceso de legalización que defienda eficazmente los derechos fundamentales de los cerca de 11 millones de inmigrantes no autorizados, y enfocar las medidas de control en amenazas que sean genuinas y garantizar los derechos de debido proceso de todas las personas.

Numerosas familias haitianas hablaron a Human Rights Watch sobre su vida en EE. UU. y lo que les inquieta del futuro:

  • Rony Ponthieux, de 49 años, ha estado en EE. UU. desde 1999 y obtuvo la condición de Estatus de Protección Temporaria en 2010. Se convirtió en profesional de enfermería habilitado en 2013, y atiende a pacientes con problemas respiratorios como neumonía y tuberculosis en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Si pierde la condición de TPS el próximo año, no sabe que hará con su hija estadounidense de 10 años de edad, Ronyde Ponthieux. “¿Quién se va a ocupar de mí si me quedo aquí?”, dijo Ronyde. “Y si nos trasladamos a Haití, va a ser muy difícil para mis padres. Yo no hablo francés y si quisiera asistir a una escuela estadounidense, eso costaría un montón de dinero”.
  • “Erick F.”, de 47 años, llegó a EE. UU. hace cerca de 10 años. Ha trabajado como conductor de Uber porque, según dijo, los empleadores son reacios a contratar personas con estatus temporario. Anteriormente trabajaba para una empresa de envíos estadounidense. “No podemos hacer ningún tipo de planes”, expresó. “No sé cómo se supone que volveríamos a Haití, pues mi familia perdió todo en el terremoto”. La hija estadounidense de Erick, de seis años de edad, no habla francés ni criollo haitiano, explicó. “Cuando vives en un país tantos años, se vuelve tu país. Nosotros respetamos la ley. Cumplimos las normas. No esperábamos que el gobierno fuera a decir ‘tienen que irse’”.
  • “Leomar P.” ha estado en EE. UU. 12 años y tiene dos hijos nacidos en el país. Contó que pudo comprar una casa luego de trabajar años como lavaplatos en Miami, pero que si lo deportaran perdería todo eso. “Pago impuestos y pago los servicios”, afirmó. “Si me deportan, voy a tener que irme sin nada”.
  • “Danielle J.” guarda fotografías de dos niños como fondo de pantalla: su hija y el pequeño con autismo que cuida en su trabajo como asistente del hogar. “He estado con la familia tres años”, contó. “Él es mi bebé. Su madre dice que necesita que yo esté con él, ¿cómo es que pueden deportarte?”. La hija de cuatro años de Danielle, que tiene ciudadanía estadounidense, padece asma, según nos contó su madre, a quien le preocupa que no pueda obtener los medicamentos que necesita si es enviada de regreso a Haití. 

Estas inquietudes son sintomáticas de la profunda ansiedad que existe en la comunidad haitiana, expresó Marleine Bastien, directora de Family Action Network Movement, con sede en Miami. “Es realmente dramático que se deporte a estas personas”.

Family Action Network Movement fue uno de los actores en una demanda interpuesta este mes, que reclama que se revierta la decisión del gobierno de Trump de no renovar el TPS para los ciudadanos haitianos. La demanda sostiene que, como consecuencia de los temores que acechan actualmente a la comunidad haitiana en el Sur de la Florida, esta organización también ha experimentado un aumento en la cantidad de derivaciones de niños y niñas a su programa de salud mental para el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión situacional.

El mes pasado, NAACP Legal Defense Fund planteó en una demanda en la justicia federal que la decisión del gobierno con respecto al TPS era “irracional y discriminatoria”, y que estaba influenciada por la “hostilidad pública hacia los inmigrantes de color” manifestada por el presidente Donald Trump.

Otra demanda interpuesta en California en nombre de hijos con ciudadanía estadounidense de beneficiarios de TPS señala que la cancelación por el gobierno del estatus protegido a personas que residen en EE. UU. desde hace tiempo y son oriundos de Haití y El Salvador “viola los derechos constitucionales de los hijos con ciudadanía estadounidense y en edad escolar de beneficiarios de TPS, al enfrentarlos a una elección imposible: irse del país o vivir sin sus padres”.

“El Congreso debería abocarse de manera urgente en asegurar que los inmigrantes que tengan lazos afianzados desde hace tiempo, incluidos los beneficiarios de TPS, puedan seguir contribuyendo a sus comunidades y a la economía estadounidense, y sosteniendo a sus familias”, opinó Long. “Exponer a otros cientos de miles de inmigrantes que tienen lazos arraigados a la amenaza constante de deportación es una fórmula perfecta para que haya abusos de derechos”.