Ha pasado un año desde que la líder social colombiana Ruth Alicia López Guisao fue asesinada por agresores armados no identificados. Fue una líder comunitaria tenaz que trabajó con organizaciones afrocolombianas e indígenas en temas de reforma agraria en el Chocó.
Durante años, su familia temió y fue desplazada por paramilitares, organizaciones de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y que fueron entre los principales actores de narcotráfico del país. Este terror persistió tras su muerte, pues, según trascendió en la prensa, su madre y su hermana recibieron amenazas de muerte advirtiéndoles que no asistieran el entierro.
Muchos no han oído hablar de Guisao, ya que su muerte no recibió amplia difusión en los medios internacionales. Guisao fue apenas una de las 16 mujeres activistas asesinadas en Colombia el último año, según Somos Defensores, una de las principales organizaciones colombianas que denuncian abusos contra activistas.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, las autoridades colombianas no pueden olvidar a mujeres activistas como Guisao, que son amenazadas, agredidas o asesinadas, y reconocer su contribución a los derechos humanos.
A pesar de los programas de protección creados por el gobierno, la cantidad de activistas de derechos humanos asesinados ha aumentado tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Decenas de activistas locales han muerto a manos de grupos armados, incluidos sucesores de paramilitares y guerrillas. Muchos de estos casos parecen indicar que otros grupos armados se están precipitando a tomar el control de zonas anteriormente dominadas por las FARC.
Somos Defensores indica que de 560 defensores agredidos en Colombia en 2017, más del 25 % fueron mujeres. Somos Defensores informó cuatro casos de “violencia extrema” contra mujeres, que incluyeron torturas, actos brutales y violencia sexual. Las defensoras de derechos humanos enfrentan los mismos riesgos que sus pares de sexo masculino, pero son especialmente vulnerables a las amenazas y la violencia de género. En los conflictos armados, las amenazas de violación sexual y de agresiones contra sus familias generan un profundo estado de terror entre las activistas.
Ante el aumento de la violencia contra activistas, el gobierno de Colombia debería redoblar sus esfuerzos para brindarles protección, incluso en zonas anteriormente controladas por las FARC, y priorizar las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte. Las mujeres activistas desempeñan un rol crucial. Al protegerlas, el gobierno estaría también contribuyendo a la paz en el país.
