Honorable Rex Tillerson
Secretario de Estado 
Departamento de Estado de EE.UU.
2201 C Street NW
Washington D.C. 20520

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para expresar nuestra satisfacción por su declaración en una conferencia de prensa la semana pasada, ratificando su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En esta oportunidad quisiéramos  expresarle nuestra preocupación sobre los permanentes esfuerzos del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por obstruir la labor de esta fructífera iniciativa contra la corrupción. Creemos que es posible que el presidente Morales utilice su visita a Washington D.C., programada para esta semana, para promover su campaña destinada a expulsar al actual comisionado de la CICIG, Dr. Iván Velásquez, un destacado jurista colombiano que ha sido, en gran medida, artífice del éxito de la Comisión. 

La CICIG es uno de los mecanismos contra la corrupción más eficaces de América Latina. Desde que el Dr. Velásquez asumió como comisionado de la CICIG en 2013, Guatemala ha logrado avances sin precedentes en la investigación y el procesamiento penal de actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno guatemalteco.

A pesar de este éxito —o más bien justamente por ello—, el presidente Morales y sus aliados han intentado reiteradamente entorpecer el trabajo de la comisión. En agosto, el Sr. Morales dispuso la expulsión del país del comisionado Velásquez, dos días después de que la CICIG y la fiscal general de Guatemala intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su presunto rol en el financiamiento electoral ilícito. En septiembre, el Congreso guatemalteco aprobó cambios legales que permitirían al presidente y a numerosos congresistas evitar penas de prisión si se los condena en relación con delitos por los cuales están siendo investigados. Ambos intentos fueron bloqueados por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Sin embargo, no han cesado los ataques contra el comisionado Velásquez por parte de miembros del Congreso guatemalteco y otras importantes figuras políticas, quienes han proferido todo tipo de señalamientos totalmente infundados con el fin de mellar la credibilidad de la comisión.

Estados Unidos ha apoyado activamente a la CICIG durante más de una década. Este apoyo ha sido plenamente bipartidista, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca, donde la labor impulsada por la comisión ha sido avalada por los gobiernos de los presidentes Bush, Obama y Trump. En junio, el vicepresidente Mike Pence destacó la importancia de la CICIG durante una reunión con el presidente Morales. En agosto, la embajadora Nikki Haley emitió una declaración en la cual reconoció el trabajo del comisionado Velázquez: “Como titular de la ‎[CICIG], el Dr. Velásquez representa una voz crítica para la denuncia de la corrupción y la defensa del estado de derecho. Cuenta con el pleno apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional”.

Esta opinión favorable sobre el trabajo que lleva a cabo el comisionado Velásquez es compartida por una amplia mayoría de guatemaltecos. Sin embargo, el presidente Morales y sus aliados siguen intentando bloquear la labor del Dr. Velásquez. Algunos han sostenido que destituir al Dr. Velásquez podría ser una medida necesaria para evitar una crisis política en Guatemala y asegurar así la continuidad de la CICIG.

Este argumento es totalmente falaz. Destituir al Dr. Velásquez significaría el fin de la CICIG y revertiría los avances que ha conseguido Guatemala en la lucha contra la corrupción. No es realista pretender que un nuevo comisionado pueda adquirir la experiencia necesaria para concluir los procesos trascendentales que se impulsan actualmente, antes de que termine el mandato de la CICIG en 2019. Asimismo, es muy improbable que un jurista con la experiencia, el prestigio y la integridad necesarias para liderar la CICIG acepte el cargo sabiendo que, si hace bien su trabajo, esto implicará, casi seguramente, perder el puesto.

Por consiguiente, creemos que es muy importante que el gobierno de EE. UU. siga reafirmando su apoyo indeclinable no sólo a la CICIG sino además a su comisionado, y que se oponga a cualquier medida para terminar de forma anticipada el mandato del Dr. Velásquez. 

Aprovechamos la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco
Director para las Américas
Human Rights Watch

Daniel Wilkinson
Director ejecutivo adjunto para las Américas
Human Rights Watch