Refugiados rohingya atraviesan cultivos de arroz después de cruzar la frontera de Birmania a Palang Khali, cerca de Cox's Bazar, Bangladesh, el 19 de octubre de 2017.

© 2017 Jorge Silva/Reuters

(Nueva York) – La limpieza étnica por parte del gobierno de Birmania de los musulmanes rohingya y su represión de los medios de comunicación y las operaciones de ayuda humanitaria han socavado severamente en 2017 la transición del país a la democracia, dijo Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018.

Las atrocidades cometidas por las fuerzas militares birmanas en el estado de Rakhine, entre ellas ejecuciones sumarias, violaciones, expulsiones y masivos incendios provocados de aldeas, equivalen a crímenes de lesa humanidad y resultaron en la muerte de miles de personas y el desplazamiento de más de 650.000 rohingya al país vecino de Bangladesh. Los funcionarios militares y civiles han denegado repetidamente los abusos y dieron ridículas explicaciones que las pruebas y relatos de testigos desmienten.

“Las fuerzas militares birmanas han masacrado aldeas, violado colectivamente a mujeres y niñas y quemado a familias enteras en sus casas”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Ahora el mundo sabe lo que pasó gracias a numerosos testimonios de las atrocidades, la evidencia médica e imágenes de satélite. Las negaciones falsas y absurdas del gobierno sólo menoscaban su credibilidad y obstaculizan los esfuerzos para obtener justicia para las víctimas”.

En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.

Las atrocidades en masa empezaron en el norte del estado de Rakhine a finales de agosto, cuando las fuerzas de seguridad birmanas lanzaron una operación militar a gran escala contra la población rohingya en respuesta a ataques contra varios puestos de seguridad de avanzada por parte del grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA).

Funcionarios del gobierno describieron las acciones militares como “operaciones de remoción de minas” dirigidos contra ARSA, pero imágenes satelitales y relatos de testigos demuestran que la campaña tenía el objetivo de expulsar a los rohingya de sus casas y destruir sus aldeas. Imágenes de satélite han mostrado que más de 354 aldeas principalmente de población rohingya han sido sustancial o completamente destruidas desde finales de agosto, al menos 118 de ellas fueron destruidas después del 5 de septiembre, la fecha que el gobierno anunció como el fin de las operaciones militares. Human Rights Watch y otras organizaciones, las Naciones Unidas y medios de comunicación documentaron violaciones generalizadas y otras agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad.

Las atrocidades cometidas contra los rohingya, ocurridas durante el primer año completo de Birmania en manos de un gobierno civil electo liderado por Aung San Suu Kyi, han llevado a una condena generalizada, incluso por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. En octubre, el Banco Mundial, citando la crisis de los rohingya, anunció que retrasaría un préstamo de US$200 millones, su primera asistencia financiera directa a Birmania desde finales de los años ochenta.

El 20 de diciembre, la ONU anunció que el gobierno birmano había prohibido permanentemente la entrada en el país de la relatora especial de la ONU sobre Birmania, Yanghee Lee, y que ya no cooperaría con su mandato.

Varios países han restringido los programas de compromiso diplomático o militar e impuesto restricciones de viaje a altos cargos militares actuales y anteriores implicados en abusos. El 21 de diciembre, Estados Unidos impuso sanciones económicas y restricciones de viaje a Maung Maung Soe, un comandante militar de alto rango que ejerció el control operativo sobre la campaña en el estado de Rakhine.

El Consejo de Seguridad de la ONU debería imponer un amplio embargo de armas además de restricciones económicas y de viaje específicas a los líderes militares birmanos implicados en las atrocidades, señaló Human Rights Watch. En ausencia de una acción de la ONU, los países interesados ​​deberían imponer restricciones bilaterales.

“Es necesaria una acción internacional más fuerte para resolver la crisis de los rohingya y garantizar que las personas en riesgo reciban asistencia y protección”, dijo Adams. “Es imprescindible incrementar la presión sobre el gobierno de Birmania para que permita el acceso de la ayuda y los observadores internacionales al estado de Rakhine”.

A pesar de la supuesta transición del país a un gobierno civil, los militares siguieron siendo los únicos en detentar el poder en el país, dijo Human Rights Watch. El ejército continuó bloqueando los esfuerzos para enmendar la Constitución de 2008, mediante la cual retiene la autoridad sobre la seguridad nacional y la administración pública a través del control de los Ministerios de Defensa, Asuntos de Interior y Asuntos Fronterizos. Una disposición constitucional permite a los militares designar el 25 por ciento de los escaños parlamentarios, otorgándose un veto de facto sobre las enmiendas constitucionales.

A lo largo de 2017 el gobierno civil condonó o apoyó el papel desmesurado de los militares en la gobernanza y permitió a las autoridades aplicar cada vez más leyes represivas para enjuiciar a periodistas, activistas y detractores por expresiones pacíficas consideradas como críticas al gobierno o al ejército.

Las autoridades continuaron abusando de una disposición vagamente redactada en la Ley de Telecomunicaciones de Birmania de 2013, sección 66(d), que esencialmente criminaliza la libertad de expresión. Más de 90 personas han sido enjuiciadas en virtud de la disposición, incluidos más de 20 periodistas. En noviembre, la policía anunció una prohibición total de las asambleas públicas en 11 municipios de Rangún.

El gobierno también recurrió a leyes británicas de la época colonial para enjuiciar a periodistas. En junio, agentes detuvieron a tres periodistas que habían estado informando sobre un grupo étnico armado en el norte del estado de Shan bajo la Ley de Asociaciones Ilegales de 1908. Después de una gran protesta nacional e internacional, los cargos fueron retirados. En diciembre, funcionarios detuvieron a dos periodistas de Reuters en Rangún que habían estado informando sobre la crisis de los rohingya por presunta posesión de documentos relacionados con operaciones de seguridad en el estado de Rakhine. Ambos fueron acusados bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1923 y permanecen detenidos.