La impunidad por los ataques ilegales y el asedio mortal de Ghouta Oriental por parte de las fuerzas gubernamentales implican que los niños en el enclave corren un grave riesgo. El gobierno sirio y las milicias afiliadas figuran en la “lista de vergüenza” de las Naciones Unidas como responsables de violaciones graves de los derechos de los niños en los conflictos armados.
“Las fuerzas sirias y rusas parecen ver la vida de los niños en Ghouta Oriental como elementos desechables”, dijo Bill Van Esveld, investigador principal de derechos de los niños de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de la ONU debería exigir el fin inmediato de todos los ataques ilegales, en particular los que matan a niños y destruyen escuelas, bajo la amenaza de sanciones dirigidas contra los responsables”.
Human Rights Watch habló con nueve testigos en noviembre y revisó fotografías, videos e informes de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sirios de los ataques contra escuelas. Los ataques fueron aparentemente indiscriminados, en violación de las leyes de la guerra.
La alianza militar sirio-rusa ha atacado varias ciudades en Ghouta Oriental en repetidas ocasiones. Las ofensivas al enclave se intensificaron después de que grupos armados antigubernamentales atacaran a las fuerzas sirias en un punto de primera línea en la zona a mediados de noviembre, incluso recurriendo al uso de municiones en racimo, y las reiniciaran después de una breve pausa en diciembre. El grupo no gubernamental sirio Violations Documentation Center informó que las fuerzas sirias y aliadas mataron a 45 niños y 30 niñas en los suburbios de Damasco entre el 1 de noviembre y el 3 de enero.
En la mañana del 31 de octubre, un proyectil de mortero impactó en la entrada de una escuela primaria en Jisreen, un pueblo en el enclave sitiado, matando a seis colegiales y un hombre que vendía dulces en un carrito. Media hora más tarde, dos proyectiles de mortero cayeron casi simultáneamente, a ambos lados de una escuela en la ciudad de Mesraba, matando a dos adultos y dos niños, incluidos un padre y su hijo. Los ataques del 8 de noviembre, de los cuales al menos uno fue aéreo, destruyeron una guardería en la ciudad de Hamouriyeh y causaron graves daños en dos escuelas primarias en las ciudades de Saqba y Kafr Batna.
Varios residentes y un funcionario de educación de Ghouta Oriental dijeron a Human Rights Watch que, en octubre, las escuelas de la zona redujeron sus horarios de clases de 7 a.m. a 10:30 a.m. para mantener a los niños seguros, disminuyendo el tiempo de reunión en el aula. Sin embargo, los ataques continuaron matando y mutilando a los colegiales y forzando las evacuaciones de emergencia de escuelas y guarderías. En noviembre, los consejos locales cerraron las escuelas públicas en respuesta a los riesgos. En una comunidad donde una escuela fue atacada, los residentes abrieron una escuela “alternativa” en el sótano de un edificio residencial para mayor seguridad, pero un ataque aéreo destruyó el edificio en diciembre.
Los grupos armados antigubernamentales, Faylaq al-Rahman y Jaysh al-Islam, controlan las ciudades donde fueron atacadas las escuelas. Pero los residentes aseguraron que los grupos armados no tenían material ni personal en estas ciudades, en virtud de los acuerdos con los consejos civiles locales. Testigos y residentes dijeron que los ataques de mortero procedían de áreas controladas por las fuerzas del gobierno sirio que habían sido el origen de ataques previos y continuos contra estas ciudades.
Las fuerzas del gobierno sirio han sitiado Ghouta Oriental, con una población de alrededor de 400.000 habitantes, desde 2013. En octubre de 2017, el gobierno restringió el único punto de entrada para mercancía comercial, agravando la escasez de alimentos y suministros médicos. El gobierno se ha negado a permitir el acceso de una ayuda humanitaria adecuada, que en 2017 sólo alcanzó a aproximadamente la cuarta parte de los residentes del enclave, e impidió innecesariamente la evacuación de personas con necesidades médicas urgentes.
Al menos tres niños murieron en noviembre después de que las autoridades sirias se negaran a permitir su evacuación urgente para recibir tratamiento médico no disponible en el enclave. UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, declaró en diciembre que 137 niños necesitaban ser evacuados inmediatamente por razones médicas. Pero el gobierno sólo permitió que la Media Luna Roja siria evacuara a 17 niños y 12 adultos con problemas mortales de salud y sus familiares, del 27 al 29 de diciembre, presuntamente como parte de un acuerdo bajo el cual Jaysh al-Islam liberó a detenidos. Uno de los niños en la lista de los que debían ser evacuados ya había muerto, según la Sociedad Médica Sirio-Americana, un grupo no gubernamental.
Las leyes de la guerra que se aplican a todas las partes en el conflicto de Siria prohíben los ataques dirigidos contra civiles o infraestructura civil como escuelas, que no distingan entre civiles y blancos militares o dañen desproporcionadamente a civiles. Las partes enfrentadas deben tomar todas las medidas posibles en sus operaciones para evitar, o en cualquier caso minimizar, la pérdida de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a bienes civiles. Las leyes de la guerra también prohíben la guerra de asedio si causa un daño desproporcionado a la población civil, y requieren que las partes proporcionen acceso a la ayuda humanitaria para los civiles necesitados. Cualquier persona que cometa, ayude o instigue violaciones graves de las leyes de la guerra intencional o imprudentemente puede ser procesada por crímenes de guerra.
Rusia ha usado repetidamente su veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear la rendición de cuentas por crímenes de guerra de todas las partes en el conflicto de Siria. Rusia y Siria deben poner fin a sus ataques ilegales contra escuelas y civiles. El Consejo de Seguridad, que el 19 de diciembre renovó su mandato para la entrega transfronteriza de ayuda humanitaria a millones de civiles sirios desesperados, debería exigir que el gobierno sirio ponga fin de inmediato a las restricciones ilegales a la ayuda a Ghouta Oriental o enfrente sanciones selectivas contra los responsables.
“En 2017, un mortero dejó sin piernas a un niño que estaba en la puerta de su escuela, un avión de combate pulverizó una guardería y numerosos niños murieron a causa de enfermedades que podrían haber sido tratadas a sólo unos kilómetros de distancia”, dijo Van Esveld. “El sufrimiento de los niños en Ghouta Oriental debería conmocionar a la conciencia, pero continúa sin interrupción en 2018 ya que Rusia y Siria persisten en sus ataques ilegales”.
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