(Bagdad) – El gobierno iraquí y el gobierno regional de Kurdistán (KRG, por sus siglas en inglés) están llevando a cabo miles de juicios de sospechosos del Estado Islámico sin una estrategia para priorizar los peores abusos según el derecho iraquí e internacional, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El caótico enfoque y las graves violaciones del debido proceso probablemente denegarán justicia a las víctimas de los peores abusos durante el control de ISIS de ciertas partes de Irak.

El informe de 76 páginas “Flawed Justice: Accountability for ISIS Crimes in Iraq” (“Justicia imperfecta: rendición de cuentas por los crímenes de ISIS en Irak”) analiza la detención, la investigación y el enjuiciamiento de algunos de los miles de sospechosos del Estado Islámico (también conocido como ISIS) en Irak. Human Rights Watch descubrió graves deficiencias legales que socavan los esfuerzos por llevar a los sospechosos del ISIS ante la justicia. Lo más significativo es que no existe una estrategia nacional para garantizar el enjuiciamiento creíble de los responsables de los crímenes más graves. El enjuiciamiento general bajo la ley de terrorismo de cualquier miembro del ISIS, sin importar cuán mínima sea su afiliación, podría impedir la futura reconciliación y reintegración de la comunidad y obstruir los tribunales y prisiones iraquíes durante décadas.

“La gestión de los juicios de ISIS en Irak representa una oportunidad perdida para mostrarle a su pueblo, al mundo y al propio ISIS que es una nación gobernada por leyes, el debido proceso y la justicia, y que es capaz de asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves y la reconciliación para todas las comunidades afectadas por esta guerra”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “La justicia iraquí no distingue entre la culpabilidad de los médicos que protegieron vidas bajo el gobierno del ISIS y los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

El informe se presentará a funcionarios del gobierno en mesas redondas en Erbil y Bagdad. Está basado en información recopilada en Erbil, en la gobernación de Nínive, y Bagdad desde noviembre de 2016 hasta julio de 2017. Los investigadores visitaron prisiones con miles de sospechosos de ISIS y tribunales en Nínive, Bagdad y Erbil, donde se estaban llevando a cabo juicios, y se reunieron con altos funcionarios iraquíes y de KRG. Human Rights Watch también entrevistó a al menos 100 familias de sospechosos de ISIS, y decenas de personas que sufrieron graves abusos a manos de ISIS o perdieron a seres queridos como resultado de sus actividades, así como representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales que trabajan en cuestiones de justicia en Irak, abogados locales y otros expertos legales.

Human Rights Watch descubrió que el gobierno iraquí y el KRG carecen de una estrategia nacional para dar prioridad a los enjuiciamientos de los responsables de los peores abusos, ni para presentar cargos que plasmen la amplia gama de delitos que los miembros de ISIS han cometido. Parece que las autoridades enjuician a todos los sospechosos de ISIS bajo su custodia según las leyes antiterroristas, principalmente por su afiliación al ISIS, y no se fijan en las acciones específicas o los delitos que puedan haberse cometido.

Human Rights Watch ha identificado al menos a 7.374 personas que han enfrentado estos cargos desde 2014, con 92 sentenciados a muerte y ejecutados. Los investigadores estiman que el número total de personas detenidas como sospechosas de pertenecer a ISIS es de al menos 20.000, según la información ofrecida por los funcionarios del gobierno.

La investigación de Human Rights Watch mostró su preocupación por el debido proceso en los procedimientos de evaluación de las personas que abandonaban las áreas controladas por ISIS, incluidos los procedimientos de investigación para las listas de sospechosos recopiladas por las fuerzas locales de seguridad. Aquellos identificados erróneamente como sospechosos pueden pasar meses en detención arbitraria.

Las autoridades iraquíes detuvieron a sospechosos de ISIS en condiciones de hacinamiento y, en algunos casos, inhumanas y no separaban a los niños de los adultos detenidos, descubrió Human Rights Watch. Los funcionarios han ignorado los derechos del debido proceso, incluidas las garantías de la ley iraquí de asegurar la comparecencia de los detenidos ante un juez dentro de las primeras 24 horas, permitir el acceso a un abogado durante los interrogatorios y notificar a las familias su detención, así como permitir que las familias se comuniquen con los detenidos. Los detenidos también alegaron que las autoridades los torturaron para que confesaran ser miembros de ISIS.

Las leyes antiterroristas demasiado generales que el gobierno iraquí y las autoridades del KRG están utilizando para enjuiciar a los sospechosos de ISIS han permitido que los jueces acusen a personas que no están involucradas en actos violentos concretos, sino que, presuntamente, sólo han sido miembros de ISIS o han ofrecido su asistencia al grupo. Esto incluye a personas que presuntamente trabajaron en hospitales administrados por ISIS o cocineros que prepararon comidas para los combatientes. Las leyes antiterroristas contemplan sentencias severas, como la cadena perpetua y la pena de muerte, incluso por la afiliación a ISIS.

“Ayer tuve un caso de un cocinero de ISIS y recomendé que se le aplicara la pena de muerte. ¿Cómo podría el combatiente de ISIS haber matado a alguien si no ha comido una buena cena la noche anterior?”, dijo un juez antiterrorista sénior a Human Rights Watch.

Acusar a los sospechosos del ISIS de violar las leyes antiterroristas, en lugar de delitos específicos según el código penal, es a menudo más fácil como asunto probatorio, especialmente para los crímenes que tuvieron lugar en el contexto del caos de la guerra. Pero eso hace que sea más difícil priorizar y castigar los crímenes más graves y establecer un registro judicial completo de toda la gama de delitos cometidos por ISIS en Irak. Las autoridades tampoco han hecho ningún esfuerzo por invitar la participación de las víctimas en los juicios, ni siquiera como testigos.

Los sospechosos de ISIS que puedan demostrar que se unieron al grupo en contra de su voluntad y que no participaron en ciertos actos violentos pueden tener derecho a ser liberados tras ser condenados según la Ley de Amnistía General aprobada en agosto de 2016 (nº27/16), pero los jueces iraquíes no están aplicando la ley de manera consistente. El KRG no ha aprobado una ley de amnistía para los presos o sospechosos del ISIS, y según un portavoz del KRG no se estaba considerando ninguna ley.

Las autoridades deberían priorizar el enjuiciamiento de quienes perpetraron los crímenes más graves de toda la gama de delitos cometidos, al mismo tiempo que buscan alternativas al enjuiciamiento para aquellos miembros del ISIS cuyo único delito era pertenecer a la organización, tales como la participación en procesos nacionales de búsqueda de la verdad.

Como mínimo, deberían retirar los cargos contra aquellos cuyas funciones bajo ISIS contribuyeron a la protección de los derechos humanos de los civiles, tales como individuos que brindaron atención médica u otros servicios de asistencia social, dijo Human Rights Watch. Para los niños en particular, las autoridades deberían considerar alternativas a la detención y el enjuiciamiento penal, y desarrollar programas de rehabilitación y reintegración para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.

“La ley de amnistía de Irak no es un sustituto para una estrategia nacional que proporcionará juicios justos y buscará alternativas al enjuiciamiento para aquellos que no están involucrados en la violencia ni los abusos graves cometidos por ISIS”, dijo Whitson. “Irak necesita un plan para la reconciliación y la búsqueda de la verdad tanto como necesita un plan para encerrar a los peores criminales a la cárcel”.