(Ciudad de Guatemala) – El notable progreso conseguido por Guatemala en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder podría revertirse si los máximos tribunales del país no terminan con las nefastas demoras que impiden que personas poderosas vayan a juicio, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 59 páginas, “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público guatemalteco.
“La lucha contra la impunidad en Guatemala ha llegado a un punto de inflexión”, Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear su labor, la CICIG debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país”.
En agosto de 2017, el Presidente Jimmy Morales dispuso la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. En septiembre, el Congreso intentó desvirtuar las leyes que aplican la CICIG y el Ministerio Público para juzgar casos de corrupción y abuso de poder. La Corte de Constitucionalidad frenó ambos intentos, después de que decenas de miles de guatemaltecos salieran a las calles en señal de protesta y el Procurador de los Derechos Humanos presentara varios amparos.
Desde que la CICIG empezó a funcionar en 2007, Guatemala ha conseguido enormes avances en la búsqueda de justicia por abusos de poder. El avance más significativo se produjo en 2015, cuando los esfuerzos conjuntos de la CICIG y fiscales locales revelaron la existencia de múltiples tramas de corrupción, en las cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del gobierno, y que propiciaron la renuncia y la detención del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Sin embargo, más de dos años después, estos procesos se han sumado a una lista cada vez más extensa de casos que involucran a poderosos acusados y que quedan estancados en instancias previas al juicio. Algunos de ellos llevan más de cinco años en esas instancias.
Human Rights Watch analizó exhaustivamente los procesos penales en ocho casos de alto perfil y entrevistó a decenas de jueces, fiscales, abogados e investigadores de la CICIG familiarizados con estos casos. Identificamos un patrón constante en el cual los abogados defensores logran provocar extensas dilaciones al presentar recusaciones contra los jueces o peticiones de amparo, de forma reiterada y a menudo injustificada, en contra de decisiones judiciales.
Aunque el derecho guatemalteco estipula límites claros a la cantidad de tiempo que tienen los tribunales para resolver estas apelaciones, la justicia casi nunca cumple estos plazos.
En un caso, una exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio. El caso quedó estancado por más de tres años debido a reiteradas peticiones de recusación contra un mismo juez, que planteaban argumentos idénticos a los que ya habían sido rechazados. Las cortes de apelación incumplieron los plazos correspondientes de forma reiterada.
Este problema no se limita a los casos de la CICIG, sino que además afecta a otros que son adelantados por fiscales locales sin la ayuda de la comisión, como el juzgamiento por genocidio del exdictador Efraín Ríos Montt. Tampoco es un problema reciente. Los casos sobre atrocidades de derechos humanos han sufrido reveses similares en el pasado.
La CICIG, que actúa con el patrocinio de la ONU, tiene un mandato de trabajar en Guatemala hasta septiembre de 2019. El mandato de la Fiscal General, Thelma Aldana, concluye en mayo de 2018.
“Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza”, añadió Wilkinson.
En general, las cortes no cumplen los plazos previstos en el derecho guatemalteco para la resolución de peticiones de amparo. Peticiones que deberían resolverse en el plazo de un mes, por lo general demoran entre 6 y 12 meses. El impacto del incumplimiento de los plazos suele verse agravado por dilaciones burocráticas extremas. Es habitual que los jueces no reprogramen oportunamente los procedimientos que se suspenden por peticiones de amparo u otros motivos, incluyendo que los abogados defensores no se presenten a una audiencia.
Los tribunales cuentan con atribuciones para evitar muchas de las demoras más graves sin perjudicar los derechos de los acusados, pero no las utilizan, señaló Human Rights Watch. Los jueces pueden desestimar peticiones de amparo infundadas y los tribunales pueden seguir dando trámite a los procedimientos mientras haya acciones de amparo en curso, siempre que no haya riesgo de daño irreparable. Pero esto casi nunca sucede.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala es una de las instituciones que más transgreden estos plazos. En dos de los casos examinados, la Corte Suprema demoró nueve meses en resolver peticiones de amparo que deberían haberse decidido en un mes. La corte tampoco utilizó sus atribuciones para asegurarse de que jueces de tribunales inferiores cumplieran con los plazos legalmente establecidos.
Durante 2017, la Corte de Constitucionalidad ha cumplido un rol decisivo para proteger a la CICIG de los intentos del Presidente Morales y del Congreso para frustrar su trabajo. Sin embargo, también ha sido responsable de algunas de las demoras más prolongadas. Tardó 18 meses en resolver una apelación de amparo documentada en el informe, y casi 22 meses para otra.
“Al colaborar con la CICIG en los últimos años, el Ministerio Público se ha convertido en una institución creíble y capaz de perseguir penalmente a funcionarios corruptos y a las mafias poderosas que alguna vez se creyeron invencibles”, señaló Wilkinson. “No obstante, para que Guatemala logre avances genuinos en la lucha contra la impunidad no son suficientes las investigaciones y detenciones. Es imprescindible que los tribunales puedan dictar sentencias en tiempos oportunos, condenando a los culpables”.
Casos analizados en el informe:
- Militares Corruptos: Ocho exfuncionarios del Ministerio de la Defensa fueron acusados en 2009 de malversación de fondos públicos por más de 470 millones de quetzales. Ocho años más tarde, todavía no ha empezado el juicio. Casi todos los tribunales que intervinieron en la causa incumplieron los plazos correspondientes, incluida la Corte de Constitucionalidad, que demoró 18 meses en pronunciarse sobre una apelación de un amparo.
- Blanco Lapola: Una exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes sospechados de extorsión. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio. El caso quedó estancado por más de tres años debido a reiteradas peticiones de recusación contra un mismo juez, que planteaban argumentos idénticos a los que ya habían sido rechazados. Las cortes de apelación incumplieron los plazos correspondientes de forma reiterada.
- La Línea: El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron acusados junto con otros 28 funcionarios de haber presuntamente confabulado una trama de defraudación de la autoridad aduanera, mediante el cobro de sobornos en lugar de aranceles aduaneros. Más de dos años después, no ha comenzado el juicio. Se retrasó durante aproximadamente un año y medio porque no se reprogramaban las audiencias con celeridad, después de reiteradas interrupciones causadas, entre otras cosas, cuando los acusados o sus abogados no se presentaban ante el tribunal.
- Bufete de la Impunidad: Se acusó a una jueza de aceptar un soborno para dictar la libertad condicional y evitar la prisión preventiva a tres sospechosos arrestados en el caso La Línea. Más de dos años después, todavía no ha comenzado el juicio. Diversas solicitudes de recusación demoraron el caso por más de un año.
- Plazas Fantasma: Un expresidente del Congreso fue acusado de contratar a personas que nunca desempeñaron ninguna labor para esa institución y de quedarse él mismo con los sueldos. Más de dos años después, todavía no ha comenzado el juicio. Las demoras en la desestimación de una solicitud de recusación presentada por un acusado dilataron el caso por casi 15 meses.
- Genocidio: El exdictador Efraín Ríos Montt fue acusado en 2012 de genocidio por la matanza masiva de comunidades mayas a principios de la década de 1980. Fue condenado en 2013, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y dispuso que se celebrara un nuevo juicio. Tras una demora de más de dos años, provocada principalmente por la lenta reprogramación del juicio, una corte resolvió en 2015 que, en razón del deterioro de su salud mental, Ríos Montt era incompetente para enfrentar un juicio común, y ordenó que se lo sometiera a un procedimiento especial que no admite una sentencia de culpabilidad. Después de dos años más de demora, de los cuales uno se debió a que la Corte de Constitucionalidad no respetó un plazo, el procedimiento comenzó recién en octubre.
- Myrna Mack: En 1996, tres exfuncionarios de inteligencia militar fueron acusados por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang en 1990. Uno de los acusados fue condenado y dos resultaron absueltos en 2002, 11 años después de haber sido imputados. En al menos 12 acciones de amparo, los tribunales incumplieron reiteradamente los plazos, así como también en las numerosas otras apelaciones y solicitudes de recusación que se presentaron.
- Dos Erres: Diecisiete soldados fueron acusados en 1999 y 2000 por una masacre perpetrada en 1982. Cinco de ellos fueron condenados en 2011 y 2012, 12 años después de las primeras detenciones. Las cortes demoraron más de tres años en resolver cinco acciones de amparo.
