(Ciudad de México) – La Comisión de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados de México está evaluando un proyecto de Ley Nacional de Salud Mental que propone mejorar los servicios de salud mental para todos en México, pero pondría seriamente en peligro los derechos de las personas con discapacidad, dijo hoy Human Rights Watch.

En una carta enviada el 16 de octubre de 2017 a la Comisión de Salud y Drogas de la Cámara de Diputados, Human Rights Watch instó a la comisión a rechazar el proyecto de ley en su forma actual. La comisión debería revisar el proyecto de ley para reflejar un marco orientado a los derechos humanos, basado en consultas con expertos y organizaciones que representan a las personas con discapacidad. El proyecto de ley final debería garantizar el derecho a la salud mental para todos en México en pie de igualdad, sin recurrir al tratamiento coercitivo y debería ser consistente con los loables compromisos internacionales de México con los derechos de las personas con discapacidad.

La Comisión del Parlamento de México debería consultar con la comunidad de discapacidad y revisar el proyecto de ley 

“El proyecto de ley que se encuentra ante la comisión refleja, por desgracia, un enfoque desacreditado de la salud mental, centrado en el tratamiento médico coercitivo en lugar del consentimiento, la autonomía y los derechos de quienes precisan servicios de salud mental”, dijo Carlos Ríos Espinosa, investigador sénior y abogado de la división de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “El proyecto de ley es incompatible con las obligaciones de derechos humanos de México, en particular el derecho a consentir o rechazar el tratamiento, que es un aspecto fundamental del derecho a la salud”, añadió.

México fue un pionero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): firmó el tratado cuando se abrió por primera vez y se convirtió en un pleno Estado parte de la CDPD en 2007. El gobierno mexicano tiene la oportunidad con esta nueva ley de incorporar las normas de la CDPD en la legislación nacional y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Debería seguir el ejemplo de otros países y organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que están desarrollando nuevas políticas de salud mental que respetan los derechos de las personas con discapacidad y enfatizan el derecho de las personas a elegir y gobernar sus propias vidas. En particular, debería actuar de acuerdo con las recomendaciones del Comité de la CDPD para:

(a) Eliminar las medidas de seguridad que ordenan el tratamiento médico y psiquiátrico en régimen de internamiento y promover alternativas que cumplan con los artículos 14 y 19 de la Convención;

 (b) Derogar la legislación que permite la detención por motivos de discapacidad y garantizar que todos los servicios de salud mental se presten sobre la base del consentimiento libre e informado de la persona en cuestión.

Como está formulada actualmente, el proyecto de ley aún permitiría que las personas fueran internadas en contra de su voluntad sobre la base de que tenían una discapacidad diagnosticada, dijo Human Rights Watch. Pero los relatores especiales de la ONU en materia de salud y tortura, así como el órgano experto en derechos de las personas con discapacidad de la ONU han enfatizado que se debe poner fin al tratamiento forzado y otras medidas invasivas no consentidas, incluida la admisión involuntaria a hospitales psiquiátricos para recibir tratamiento médico.

El proyecto de ley proporcionaría competencias muy amplias a las autoridades médicas y judiciales para decidir que las personas etiquetadas como pacientes con “trastornos mentales” no tendrán la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. En tales circunstancias, el proyecto de ley autoriza la hospitalización y el tratamiento involuntario sin el consentimiento de la persona. Según las normas de derechos humanos, las personas con discapacidad no pueden ser detenidas en función de su discapacidad, y sólo pueden ser detenidas, en igualdad de condiciones con otras personas, si su conducta es un motivo de detención para todos según la ley.

Entre otros elementos preocupantes, el proyecto de ley permite el aislamiento y el uso de medidas de restricción física en personas con “trastornos mentales”, que los expertos concuerdan pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Es encomiable que la comisión dedique tiempo y esfuerzo a mejorar el derecho a la salud de todos los mexicanos, pero lo más importante es que lo hagan bien”, aseguró Ríos Espinosa. “La comisión debería crear un marco para los servicios de salud que respete el derecho al consentimiento informado, independientemente de si la persona tiene una discapacidad o no”.