La primera norma ofrece una exención a los empleadores basada en “creencias religiosas sinceras”. La segunda otorga una exención similar a las organizaciones sin fines de lucro, ciertas entidades comerciales y las universidades por “convicciones morales”. En conjunto, las normas reducirán la capacidad de los empleados para acceder a servicios de salud reproductiva asequibles. Las directivas revierten lo que se conoce como el “mandato anticonceptivo” de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act), que requiere que la cobertura de los seguros incluya los servicios de salud preventiva para los beneficiarios sin compartición de costos.
“El Congreso reconoció el beneficio para la salud pública de la atención preventiva gratuita y los expertos reconocieron que las mujeres necesitan tener acceso a anticonceptivos asequibles”, dijo Liesl Gerntholtz, directora del departamento de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Estas normas finales provisionales ignoran las opiniones de los expertos y pueden resultar en dificultades para prevenir embarazos no planificados para muchas mujeres”.
Las normas finales provisionales entran en vigor inmediatamente después de su publicación. Sin embargo, el departamento podría modificar las reglas si los comentarios del público lo justificasen. El período de comentarios estará abierto hasta el 5 de diciembre.
De acuerdo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el Congreso delegó la autoridad para definir el alcance de los servicios de salud reproductiva a los expertos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Una recomendación de 2011 incluía todos los anticonceptivos aprobados por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la esterilización y la educación y asesoría como parte de los servicios de salud preventiva.
La orden ejecutiva sobre la Promoción de la Libertad de Expresión y la Libertad Religiosa, que el Presidente Donald Trump emitió en mayo de 2017, sentó las bases para que los departamentos de Tesorería, Trabajo y Salud y Servicios Humanos consideraran la posibilidad de emitir reglas para acomodar las objeciones basadas en la conciencia al mandato de cuidado preventivo en cuanto concierne a las mujeres y sólo a las mujeres.
Las organizaciones religiosas ya están exentas del mandato anticonceptivo. Las organizaciones religiosas sin fines de lucro y ciertas empresas que no cotizan en bolsa también han recibido condiciones en virtud de las cuales aseguradoras independientes ofrecen directamente la cobertura anticonceptiva gratuita a los empleados. Las reglas, emitidas el 6 de octubre, amplían sustancialmente la exención para incluir potencialmente a cualquier empleador de Estados Unidos. También hacen que el proceso de acuerdo sea voluntario, lo que podría dejar a muchas mujeres sin siquiera la cobertura de aseguradoras independientes para los servicios esenciales de planificación familiar.
Sin el mandato anticonceptivo, algunos métodos altamente eficaces de control de la natalidad, como los dispositivos intrauterinos y la esterilización, podrían costarles a las mujeres más de US$1.000 al hacer que estas opciones queden fuera del alcance de muchas mujeres. Las opciones asequibles de planificación familiar y la elección de anticonceptivos ayudan a prevenir embarazos no deseados.
Numerosos estudios han demostrado que el uso de anticonceptivos ayuda a que las mujeres completen su educación, mantengan el empleo y, en términos económicos, a mantenerse a sí mismas y sus familias. Estas normas podrían crear una barrera infranqueable para los servicios de planificación familiar para muchas mujeres, lo que podría poner en riesgo su salud y bienestar a largo plazo.
Bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, el gobierno federal de EE.UU. debe abstenerse de imponer una carga sustancial sobre el ejercicio de las creencias religiosas sin un interés sustancial del gobierno. El gobierno afirma ahora que “no existe un interés convincente para que nosotros no concedamos la exención” y sostiene que la ley requiere acomodar estas objeciones. Se trata de una dramática retirada de la posición del gobierno bajo la administración de Obama de que el gobierno tenía intereses de salud pública y de igualdad de género para garantizar el acceso sin costo a métodos anticonceptivos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos reconoce que la ley no protege las objeciones morales no religiosas. El gobierno no sostiene que sea obligatorio aceptar esas objeciones, sino que simplemente ha optado por ejercer su discrecionalidad normativa para hacerlo.
“Pese a lo importante que es proteger la libertad religiosa, no debería usarse como excusa para privar a las mujeres del acceso a los métodos anticonceptivos”, dijo Gerntholtz. “El gobierno debería proteger los derechos de las mujeres para controlar sus futuros reproductivos revocando estas reglas inmediatamente”, añadió.
