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Hombres africanos en su campamento en las montañas marroquíes cerca del enclave español de Melilla. © 2014 Reuters
“Teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana para evitar a la Policía. Me atraparon cinco o seis veces. Me golpearon con sus porras. Si te caes, te golpean. Después me enviaban a Tánger, Casablanca o a otro lugar lejano.”

La terrible experiencia de Emmanuel, de 18 años, a manos de la Policía marroquí es una consecuencia previsible del énfasis de España por la disuasión y la subcontratación del control fronterizo, al mismo tiempo que hace la vista gorda a los abusos que Marruecos comete contra los inmigrantes. Esto también sirve como ejemplo para ilustrar la visión actual de la Unión Europea respecto a la migración y el asilo.

En 2015 España formalizó las devoluciones sumarias de potenciales solicitantes de asilo a Marruecos, una medida que viola el derecho de la UE y el derecho internacional. La estrecha cooperación de España con Marruecos en materia de control fronterizo, y las inversiones más amplias de la UE en una gestión eficaz de la migración en ese país aportan lecciones importantes en un momento en que la UE busca un compromiso similar con otros países, entre ellos Turquía y Libia. Marruecos ha dado pasos positivos, pero aún no ha establecido un sistema nacional de asilo, y muchos de los abusos documentados por Human Rights Watch en 2012 y por otras organizaciones continúan.

En los últimos meses he hablado con decenas de hombres y menores subsaharianos en Ceuta y Melilla, enclaves españoles en el norte de África, y varios lugares de la costa andaluza. Muchos de ellos me contaron sobre las angustiantes circunstancias personales que los llevaron a abandonar sus países. Todos tenían historias de horror sobre la violencia y las dificultades en sus viajes, y particularmente sobre el abuso policial en Marruecos.

Muchos de los hombres, mujeres y niños que desean llegar a Europa a menudo viven durante meses en campamentos improvisados en bosques y cuevas de Marruecos, cerca de Ceuta y Melilla, esperando una oportunidad para saltar las vallas y cruzar a los enclaves o tomar una balsa inflable, a veces sin motor, para llegar por vía marítima a la península española. La Policía marroquí asalta regularmente los campamentos, destruye las tiendas de campaña y las pertenencias y traslada a todos los que puede a otras partes de Marruecos, lejos de los enclaves y la costa. Normalmente, los migrantes son abandonados en una estación de autobuses o simplemente en las calles. Muchos tienen que mendigar para reunir el dinero necesario para regresar a la zona cercana a los enclaves.

Yaya, un guineano de 16 años, intentó nueve veces escalar la doble valla coronada con alambre de púas que rodea Ceuta. Calcula que consiguió llegar a territorio español en cuatro o cinco ocasiones, pero siempre fue rápidamente enviado de vuelta a Marruecos a pesar de ser menor de edad y tener derecho a protección especial. En otras ocasiones, las Fuerzas Auxiliares marroquíes, una fuerza paramilitar que patrulla el perímetro, lo detuvieron antes de llegar a la frontera mientras lo golpeaban con sus porras.

Foday, de 20 años y de Sierra Leona, fue capturado tres veces mientras trataba de escalar las vallas con un foso de tres metros que rodean el enclave de Melilla. “La primera vez que los marroquíes me atraparon, me azotaron. La segunda vez, igual. Usan una vara muy fuerte (...). La tercera vez conseguí saltar la doble barrera, pero la Guardia Civil me capturó. No me golpearon, pero me entregaron a los marroquíes”.

Aquellos que llegan a los enclaves son alojados en centros abiertos donde la probabilidad de que retrasen o denieguen su traslado al territorio continental sirve como un desincentivo a la solicitud de asilo. Aquellos que llegan a la España peninsular por mar se enfrentan a condiciones terribles en las dependencias policiales y a la detención prácticamente automática pendiente de deportación.

La situación pone en evidencia un problema clave de la cooperación migratoria de la UE con otros países: la dependencia de Marruecos para mantener alejadas a las personas es un incentivo para que España y la UE toleren el abuso de los migrantes por parte de Marruecos. España y Marruecos tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no con tanta brutalidad y desprecio por los derechos de las personas.

España debería asegurarse de que las personas puedan solicitar asilo, que sus solicitudes sean justamente evaluadas y que las condiciones de acogida sean decentes, ya sea en el territorio peninsular o en sus enclaves del norte de África. Debería derogar la ley que le permite deportar sumariamente a aquellos que entran en los enclaves. España debería tomar más medidas para proporcionar canales seguros y legales para ingresar al país, incluso mediante un aumento del vergonzosamente escaso número de refugiados que reubica y haciendo posible que las personas soliciten visas humanitarias desde sus embajadas y consulados. Madrid también debería condenar públicamente los abusos de las autoridades marroquíes contra los migrantes y los solicitantes de asilo y trabajar con Rabat para hacerles frente.

Por su parte, Marruecos debería poner fin a las redadas abusivas y sin previo aviso de los campamentos de migrantes e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Auxiliares marroquíes durante estas redadas y en las vallas que rodean los enclaves.

Muchos de los inmigrantes con los que hablé entretienen los sueños a veces poco realistas que tienen los jóvenes; no fueron pocos los que me dijeron que querían convertirse en jugadores de fútbol en Europa. Pero Yaya sólo quiere volver a la escuela, ya que no ha pisado una desde que abandonó Guinea a los 8 años, y encontrar un lugar donde vivir.

Europa no puede asumir la responsabilidad de satisfacer las aspiraciones de todos los que desean venir aquí. Pero no puede renunciar a la responsabilidad de respetar sus derechos.

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