El entonces Presidente electo de Guatemala Jimmy Morales asiste a una conferencia de prensa junto con el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, luego de una reunión en la Ciudad de Guatemala, el 28 de octubre de 2015. 

© 2015 Jorge Dan Lopez/Reuters
 
(Nueva York) – Los aparentes planes del Presidente de Guatemala Jimmy Morales para conseguir que se destituya al jefe de una comisión contra la corrupción patrocinada por la ONU en su país supondría un fuerte revés para la rendición de cuentas, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha recibido señalamientos creíbles de que el 25 de agosto de 2017, el presidente Morales se reunirá con el Secretario General de la ONU António Guterres en Nueva York para solicitarle que separe a Iván Velásquez del cargo de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta comisión colabora con el Ministerio Público nacional en la investigación de casos de delincuencia organizada e interviene en procesos judiciales como querellante. En una conferencia de prensa celebrada el 23 de agosto, un vocero presidencial confirmó la reunión con Guterres, pero se negó a confirmar o negar los señalamientos de que el presidente solicitará la destitución del comisionado Velásquez.

“Solicitar la destitución del comisionado traicionaría de manera flagrante los anteriores compromisos del Presidente Morales de apoyar la lucha contra la impunidad”, sostuvo Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Considerando que su propio hijo y hermano enfrentan procesos penales impulsados por la comisión, también supondría una interferencia inadmisible en la justicia de parte del Presidente Morales”.

Desde la designación de Velásquez como comisionado en 2013, Guatemala ha conseguido avances sin precedentes contra la corrupción y el abuso de poder de funcionarios gubernamentales. En 2015, investigaciones conjuntas impulsadas por la comisión y el Ministerio Público dieron a conocer múltiples tramas de corrupción que implicaron a funcionarios de los tres poderes del gobierno, y propiciaron la renuncia de los entonces presidente y la vicepresidenta del país, quienes actualmente están en prisión a la espera del juicio.

Solicitar la destitución del comisionado traicionaría de manera flagrante los anteriores compromisos del Presidente Morales de apoyar la lucha contra la impunidad.

Daniel Wilkinson

Managing Director, Americas Division

El Presidente Morales asumió en enero de 2016 y, en abril de ese año, pidió a la ONU que ampliara el mandato de la comisión—que estaba previsto que concluyera en 2017—hasta septiembre de 2019. En septiembre de 2016, la comisión y el Ministerio Público anunciaron que estaban investigando al hijo del presidente, José Manuel Morales, y a su hermano Samuel Morales, por presuntos hechos fraudulentos cometidos antes del mandato del presidente. Ambos fueron detenidos en enero y se encuentran a la espera de que se inicie el juicio. El partido político del presidente está siendo investigado por supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2015. 

El 22 de agosto, la Fiscal General de Guatemala Thelma Aldana publicó una declaración en su página de Facebook indicando que presentaría su renuncia si el comisionado Velásquez era destituido. En la conferencia de prensa ofrecida el 23 de agosto, el vocero del presidente se refirió al anuncio de Aldana como un “chantaje” y sugirió que la Fiscal General tenía “algo paralelo que trata de intervenir dentro de las decisiones de gobierno”.

“La destitución de Velásquez menoscabaría de manera profunda e irreparable la credibilidad del gobierno guatemalteco y tendría consecuencias devastadoras para las iniciativas contra la impunidad en el país”, explicó Wilkinson. “El Secretario General de la ONU debería rechazar cualquier solicitud de destituir a Velásquez y ratificar su apoyo al trabajo crucial que él desempeña”.