Las mujeres y niñas con embarazos en situación de crisis llevan a cabo abortos clandestinos inseguros. A menudo, están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de esos abortos, y algunas mujeres y niñas postergan la decisión de pedir asistencia y no revelan a los médicos la causa de las complicaciones. Algunos proveedores médicos, presionados por el conflicto entre la ley y la ética médica, han denunciado a mujeres y niñas a la policía por presuntos abortos. Conforme al código penal de Nicaragua, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se exponen ser penadas con hasta dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican pueden recibir penas de hasta seis años.
“La prohibición del aborto ha infundido temor e incertidumbre entre mujeres y niñas, al poner en peligro sus vidas, negarles autonomía y privacidad, e interferir con su atención médica”, señaló Sarah Taylor, defensora de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Garantizarles a mujeres y niñas el acceso a abortos seguros y legales contribuiría sustancialmente a que ejerzan de manera plena su derecho a la salud y a terminar con las muertes maternas evitables”.
A principios de 2017, HRW entrevistó a cinco mujeres en Nicaragua que habían tenido embarazos no deseados y en situación de crisis, que en todos los casos habían recurrido a abortos ilegales. Human Rights Watch entrevistó asimismo a 23 proveedores médicos, abogados, representantes de organizaciones que brindan apoyo y servicios a mujeres y niñas, y activistas de derechos de la mujer. Las entrevistas se llevaron a cabo en áreas urbanas y rurales, y en ambas costas de Nicaragua. Debido a la amenaza de acciones judiciales y al estigma social, Human Rights Watch no identifica a las personas, organizaciones ni los lugares de estas entrevistas.
Nicaragua tiene altas tasas de violencia doméstica y sexual, que pueden redundar en embarazos no deseados. Los datos disponibles indican que las mujeres jóvenes y las adolescentes están particularmente expuestas al riesgo de embarazo no deseado como resultado de violación sexual.
Una mujer entrevistada por Human Rights Watch informó que su pareja la violó en repetidas oportunidades, y que a causa de esto tuvo dos embarazos no deseados. Llevó a término el primer embarazo no deseado, y tuvo un aborto clandestino en el segundo. Proveedores de servicios y activistas indicaron que este es un problema común que afecta a mujeres y niñas, y que las víctimas son estigmatizadas y culpabilizadas. “Les dicen cosas, les dicen que se lo buscaron, que la violación es culpa de ellas”, contó un profesional del derecho a Human Rights Watch.
“La violencia sexual es una amenaza grave para las mujeres y niñas de Nicaragua”, apuntó Taylor. “No deberían ser doblemente victimizadas, al ser obligadas a llevar a término embarazos que pueden haber sido resultado de violaciones”.
Diversos proveedores de servicios médicos y psicosociales describieron el impacto que la prohibición está teniendo en la vida y la salud de sus pacientes, sobre todo en las mujeres con bajos ingresos, y en las niñas, que tienen menor posibilidad de tomar decisiones acerca de su atención médica. Un proveedor médico dijo a Human Rights Watch que las mujeres con más recursos económicos pueden pagar abortos más seguros— aun cuando sean ilegales— pero que aquellas más pobres suelen usar métodos más riesgosos o no tienen fondos para pagar procedimientos más seguros. Dijo que “las mujeres pobres son las que más sufren” por la prohibición. Una psicóloga indicó a Human Rights Watch que las pacientes con embarazos no deseados, muchas de las cuales sufrieron abusos sexuales, le transmiten el temor y la ansiedad que sienten por sus embarazos y por la prohibición. Algunas intentaron suicidarse tras enterarse de que estaban embarazadas, según contó.
El estigma es un obstáculo sustancial que se interpone a que las mujeres y las niñas pidan y reciban atención médica, incluida la atención posterior a una violación sexual o un aborto. La religión tiene una enorme influencia en la vida diaria en Nicaragua, y existe una fuerte oposición religiosa al aborto. Numerosos activistas, proveedores y mujeres y niñas que habían interrumpido sus embarazos dijeron a Human Rights Watch que el estigma, incluida la condena de los líderes religiosos, era una fuente de temor y vergüenza.
El gobierno nicaragüense ha publicado muy pocos datos sobre la aplicación en la práctica de la prohibición del aborto, y ningún dato sobre los efectos para la salud, incluida la mortalidad materna. Sin embargo, a través de información de otros países se ha establecido que las leyes restrictivas sobre aborto no están asociadas con una reducción en esta práctica, sino que solo provocan que los abortos sean menos seguros.
El gobierno nicaragüense no publica datos sobre la cantidad estimada de abortos ilegales, ni tampoco sobre el número de mujeres, niñas o proveedores de abortos que son arrestados, imputados, o condenados. Algunos activistas dijeron que, como no hay casos resonantes de condenas por aborto como sucede en El Salvador, las personas suponen que el gobierno de Nicaragua no está aplicando la prohibición. Sin embargo, un informe de 2016, basado en los pocos datos disponibles, concluyó que entre 2003 y 2013, cerca de 290 personas fueron denunciadas o detenidas por efecto de la prohibición del aborto. Los datos, extraídos de registros policiales, no contenían referencias a ulteriores procedimientos penales.
Muchas de las mujeres y niñas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que temían ser encarceladas por interrumpir embarazos en situación de crisis. Activistas y proveedores de servicios se refirieron a casos de médicos y autoridades de hospitales que entregaron a la policía a mujeres y niñas con complicaciones que, presuntamente, eran resultado de abortos.
La sociedad civil actualmente está realizando acciones para brindar apoyo a mujeres y niñas con embarazos no planificados, y para reformar la ley. Una iniciativa ciudadana presentada a la Asamblea Nacional en 2015 proponía despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer o niña embarazada, incluidos los casos de violación sexual. Esta propuesta fue firmada por más de 6.000 personas. En abril de 2017, la Asamblea rechazó la iniciativa sin haberla sometido a debate.
El gobierno también ha obstaculizado fondos aportados por entidades internacionales a organizaciones de la sociedad civil. Varios activistas manifestaron a Human Rights Watch que esas restricciones están bloqueando importantes fondos de asistencia para las organizaciones de mujeres, incluidas aquellas que apoyan a mujeres con embarazos en situación de crisis. Diversos abogados y proveedores de servicios indicaron que esto había provocado que las organizaciones limitaran o, directamente, concluyeran sus programas, incluso aquellos diseñados para víctimas de violaciones sexuales. “Sabemos que aquellas personas que hablan de esto deben ser muy valientes y estar preparadas para afrontar las consecuencias”, dijo a Human Rights Watch una activista.
“Las organizaciones de la sociedad civil están brindando información y asistencia vitales a mujeres y niñas”, destacó Taylor. “Los donantes internacionales deben apoyar este trabajo fundamental, y el gobierno nicaragüense no debería impedirlo”.
Antecedentes sobre la prohibición del aborto y el protocolo médico en Nicaragua
En 2006, Nicaragua adoptó un código penal que prohibió completamente el aborto, incluso en casos de violación, incesto, embarazos con riesgo para la vida o la salud y malformación grave del feto. Un recurso presentado en 2008 ante la Corte Suprema de Justicia planteó que la prohibición era inconstitucional. La Corte nunca se pronunció en el caso, ni tampoco en otro similar relativo a la constitución de 2014.
La ley de 2006 eliminó las pocas opciones que existían para que las mujeres y niñas obtuvieran un aborto legal. Por 169 años —entre 1837 y 2006— el aborto estuvo parcialmente despenalizado en Nicaragua. Durante ese período, una mujer embarazada podía, en teoría, obtener un aborto “terapéutico”, que permitía realizar este procedimiento por una serie limitada de motivos de salud. Esta legislación se aplicó parcialmente en los últimos años de la Revolución Sandinista, pero después de 1990 el sistema de salud dejó de practicar abortos terapéuticos. En la práctica, el acceso al aborto fue escaso incluso antes de 2006, y esta excepción acotada no permitió que las mujeres pudieran tomar decisiones independientes sobre salud reproductiva.
La prohibición total del aborto establecida en 2006 criminaliza a las mujeres y niñas que obtienen un aborto, a quienes brindan servicios de aborto, y a cualquier persona que asista a mujeres o niñas que intenten someterse a un aborto. Las mujeres enfrentan entre uno y dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos van de uno a seis años de cárcel, e inhabilitación para el ejercicio de la medicina por dos a diez años.
El Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua cuenta con un protocolo para orientar a los proveedores médicos en la atención de complicaciones posteriores a un aborto. Explica lo que deberían hacer los profesionales médicos cuando se presentan mujeres y niñas con emergencias de salud relacionadas con abortos, o con graves complicaciones en el embarazo que requieren que los proveedores brinden tratamiento a las mujeres para salvar su vida, incluso si esto podría provocar la interrupción del embarazo. Sin embargo, según señaló un proveedor de servicios médicos, no todo el personal del MINSA ha recibido capacitación sobre este protocolo.
Human Rights Watch escribió al Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de 2017 para pedirle que opinara sobre la falta de coherencia entre la prohibición y el protocolo médico, y para solicitar información sobre la capacitación proporcionada a profesionales médicos en relación con la prohibición y el protocolo, así como otra información vinculada con la prohibición. El gobierno no respondió a estos pedidos.
Mujeres y niñas particularmente afectadas por la prohibición
Muchas de las organizaciones y los expertos entrevistados por Human Rights Watch se refirieron a la disparidad en el acceso al aborto en un contexto de ilegalidad. Para las mujeres y niñas con mayores recursos económicos, los abortos son más accesibles, aun siendo ilegales.
Nicaragua tiene altas tasas de violencia doméstica y sexual, que pueden redundar en embarazos no deseados. Una encuesta demográfica y de salud llevada a cabo por el gobierno y publicada en 2014 concluyó que cerca del 22,5 % de las mujeres y niñas (entre 15 y 49 años) que alguna vez estuvieron casadas o en pareja señalaron haber sufrido violencia a manos de su esposo o pareja de ese momento o anterior, y el 10% informaron que habían sufrido sexo forzado (con penetración) o abuso sexual sin penetración, infligido por alguna persona, en el transcurso de su vida. De las mujeres que señalaron haber tenido sexo forzado, el 23% dijo que el primer incidente ocurrió antes de los 15 años, y de aquellas que informaron abuso sexual sin penetración, el 41% indicó que el primer hecho sucedió antes de los 15 años.
La prohibición del aborto también es perniciosa para las menores de edad obligadas a contraer matrimonio durante la infancia —algo común en Nicaragua— o a establecer parejas forzadas. La ley permite a las niñas casarse a los 17 años con el consentimiento de los padres, pero muchas lo hacen antes. A partir de datos gubernamentales, UNICEF indica que el 10 % de las mujeres están casadas al cumplir los 15 años, y el 41 % a los 18. Las relaciones sexuales con menores de 14 años se consideran violación sexual, y las relaciones sexuales con menores de entre 14 y 18 se consideran “estupro”. El matrimonio infantil ha sido asociado con peligros para la salud vinculados con los embarazos a temprana edad, menores logros educativos para las niñas que contraen matrimonio a edades tempranas, una mayor incidencia de violencia doméstica y mayores probabilidades de vivir en condiciones de pobreza.
Human Rights Watch habló con proveedores de servicios médicos y abogados que dijeron que trabajaban con jovencitas obligadas a casarse durante la niñez y víctimas de estupro, algunas de las cuales quedaban embarazadas. Varios dijeron que sabían de niñas, incluso de apenas 12 años, que habían quedado embarazadas como resultado de una violación y que luego habían sido obligadas a contraer matrimonio con el agresor o a convivir con él. Algunas intentaron obtener abortos ilegales, y sufrieron complicaciones. Una proveedora médica dijo a Human Rights Watch que en ese momento estaba tratando a cinco niñas de 13 años por complicaciones posteriores a abortos, y que en el caso de una de ellas el embarazo lo había provocado un pastor religioso. Un abogado dijo que entre la prohibición del aborto y otras presiones, prácticamente hay “una orden del Estado para obligar a estas jovencitas a convertirse en madres”.
Ipas y la Federación Internacional de Planificación Familiar (International Planned Parenthood Federation, IPPF) recientemente han realizado investigaciones sobre el impacto de la prohibición en las jovencitas. El informe destacó que la prohibición afecta negativamente la salud física y psíquica de las niñas que no pueden obtener un aborto cuando lo desean.
Casos de mujeres y niñas que intentaron interrumpir embarazos en situación de crisis
Human Rights Watch entrevistó a cinco mujeres que intentaron interrumpir su embarazo luego de que se sancionó la prohibición sobre el aborto, y documentó varios otros casos transmitidos por abogados, activistas y otras personas con conocimiento directo de estos. Los casos que se presentan a continuación muestran el carácter secreto, el temor y el estigma asociados con el aborto. Debido a los riesgos que supondría para mujeres, niñas y proveedores, en los casos no se describen los pasos que siguieron para obtener abortos clandestinos, sino las circunstancias y el impacto de los embarazos en situación de crisis. En todos los casos, utilizamos pseudónimos.
“Ana” dijo que su pareja la había violando en numerosas oportunidades en los últimos seis años, y que continuaba sometiéndola diariamente a abuso verbal. En dos ocasiones, quedó embarazada como resultado de las violaciones. La primera vez que quedó embarazada como consecuencia de una violación, contó que quiso someterse a un aborto, pero “él dijo que me mataría”. Tras un embarazo y un parto difíciles, dio a luz a su hija, que ahora tiene 5 años. En 2016, Ana descubrió que su pareja la engañaba, y le pidió que se fuera de la casa. No solo no lo hizo, sino que las violaciones persistieron. Se separaron en noviembre de 2016, y entonces dejó de aplicarse la inyección anticonceptiva. Pero su pareja regresó y la violó nuevamente en enero de 2017, y a causa de esto, volvió a quedar embarazada. “Decidí interrumpir el embarazo por mi salud... Si tuviera otro embarazo, sería peligroso”, dijo a Human Rights Watch, y señaló que su médico le había dicho que un nuevo embarazo pondría en riesgo su vida. No les contó a sus amigos ni familiares sobre el aborto clandestino, pues creía que la criticarían duramente. Contó que la reprendieron en las oportunidades en que intentó cortar el vínculo con su pareja abusiva. Dijo a Human Rights Watch, “las personas te miran mal, pero no entienden. No se ponen en tu lugar”.
En septiembre de 2016, “Patricia” quedó embarazada de quien era su pareja desde hacía cuatro años. Luego se enteró de que esta persona también había dejado embarazada a otra mujer, a raíz de lo cual se deprimió profundamente y decidió separarse. Ella ya tenía un niño, y sentía que no podía cuidar a otro como madre soltera. Contó a Human Rights Watch, “Me sentía forzada a tolerar la situación”. Y luego pensó, “no puedo tener este niño”. Finalmente, consiguió interrumpir el embarazo. Dijo que “le preocupaba la ley. Pero tuve que hacerlo para evitar mayores problemas. Sí, tuve miedo”.
Aproximadamente en 2007, “Soraya” advirtió que estaba embarazada, y supo que no deseaba continuar con el embarazo. Se lo contó a sus hermanas, y ellas la llevaron para que tuviera un aborto clandestino. Tuvo que viajar lejos de su casa para someterse al procedimiento. Aunque promueve los derechos de las mujeres como parte de su trabajo, le ha contado a muy pocas personas sobre su aborto. Dijo a Human Rights Watch: “Sabemos que hay mujeres que han sido detenidas”.
En 2014, “Cristina” tuvo un embarazo no deseado y supo que “quería que terminara”. Debió viajar una larga distancia para someterse al procedimiento, que fue muy doloroso y tuvo un costo significativo. Dijo que, a partir de ese momento, sufría fuertes dolores cada vez que tenía el período, pero no se lo dijo a su médico “porque entonces tendría que contarle sobre el procedimiento”. Habló con su madre sobre el aborto, pero no se le dijo a ninguno de los demás familiares, pues creía que la juzgarían.
“Daniela” tuvo un embarazo no planificado en 2015 que resultó en un aborto clandestino. Ya había tenido dos hijos, y no tenía previsto tener más. Era habitual que tuviera dolores durante el período, pero no quería decírselo a su médico. Le contó a Human Rights Watch que no lamenta haberse sometido al procedimiento, aunque las dos únicas personas a quienes les ha contado la criticaron.
Human Rights Watch también entrevistó a proveedores de servicios médicos y profesionales del derecho que describieron los casos que conocían de primera mano, incluidos los siguientes:
“Ida”, una mujer de 19 años con discapacidad intelectual, fue violada por un conocido. Aunque ella no se lo contó a nadie, su madre advirtió que Ida estaba embarazada. La madre de Ida acudió a una organización de derechos de la mujer y consultó sobre la posibilidad de un aborto, pero le indicaron que no era posible. Ida, en un intento por interrumpir el embarazo, se lanzó por una escalera, pero el embarazo continuó. Dio a luz, pero rechaza completamente al niño. A la madre de Ida le preocupa que su hija pueda lastimar al bebé que no deseaba tener. El agresor cumple ahora una pena de 15 años de prisión.
“Luisa”, de 13 años, fue violada varias veces por su tío. Esta persona amenazaba a la niña y le decía que mataría a su madre si le contaba a alguien lo sucedido. Finalmente, la niña le dijo a su madre, “Mamá, el tío está violándome. Hace dos meses que tuve mi último período”. La niña estaba embarazada y logró someterse a un aborto. El tío fue arrestado por la violación sexual.
Denuncias y detenciones por abortos
Aparentemente, no es común que se inicien en Nicaragua procesos judiciales originados en la prohibición del aborto. A diferencia de El Salvador, pareciera haber cierta renuencia a impulsar acciones penales. Sin embargo, es imposible confirmar la cantidad de procesos y condenas por abortos, ya que el gobierno no ha divulgado información sobre este tema. Lo que sí resulta claro de los artículos de noticias y de un informe de 2016 sobre denuncias y detenciones por aborto, es que familiares o proveedores médicos han denunciado a numerosas mujeres y niñas que sospechan que tuvieron abortos inducidos.
En 2016, un especialista en investigación ginecológica y obstétrica publicó un informe sobre “personas que han sido denunciadas o detenidas” por haberse sometido a abortos y por practicarlos, incluso durante el período en que hubo un acceso legal limitado a los abortos terapéuticos. El informe, que analizó denuncias policiales presentadas entre 2003 y 2013, determinó que 290 personas fueron denunciadas o detenidas conforme a los términos de la prohibición del aborto establecida en 2006: 186 mujeres y 104 hombres. Quienes asistieron a las mujeres y niñas también sufrieron serias consecuencias, y el 43 % de los detenidos fueron familiares de las mujeres que se sometieron a abortos.
Derecho internacional
Los tratados internacionales de derechos humanos exigen que los gobiernos respeten los derechos reproductivos de la mujer. Las interpretaciones autorizadas de estos tratados por expertos y órganos de la ONU instan a eliminar las sanciones penales por aborto.
La prohibición total del aborto en Nicaragua viola o supone una amenaza para una gran variedad de derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, incluidos los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y la igualdad, la privacidad, a decidir la cantidad de hijos y el intervalo entre cada nacimiento, y a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
Los órganos y expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas instan sistemáticamente a los Estados a legalizar el aborto o eliminar las sanciones penales para esta práctica. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda frecuentemente que los gobiernos despenalicen los abortos en todas las circunstancias. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha instado reiteradamente a los Estados a eliminar las disposiciones punitivas sobre aborto. En una declaración de 2014, el Comité de la CEDAW expresó:
El aborto inseguro es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad materna. Por este motivo, los Estados deberían legalizar el aborto, cuando menos en casos de violación sexual, incesto, amenazas a la vida y/o salud de la madre, o inviabilidad fetal severa, y además brindar a las mujeres acceso a atención de calidad luego de un aborto, especialmente en casos de complicaciones provocadas por abortos inseguros. Los Estados Partes deberían además eliminar las medidas punitivas previstas para mujeres que se someten a abortos.
Otros órganos de tratados y expertos de la ONU, al igual que especialistas de órganos de derechos humanos regionales, han formulado recomendaciones similares.Diversos órganos de tratados de la ONU han criticado específicamente la prohibición total del aborto en Nicaragua y han instado a que se implementen reformas. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño también ha instado específicamente a Nicaragua a que “derogue los artículos del Código Penal que penalizan el aborto y garantice que las niñas no estén sujetas a sanciones penales por tratar de abortar o abortar en ninguna circunstancia”. En el examen del país realizado en 2007, el Comité CEDAW manifestó preocupación por la criminalización del aborto terapéutico, sobre todo por los riesgos que implica para la salud y la seguridad de mujeres y niñas, y las posibles sanciones para ellas y los proveedores que las atienden. El comité recomendó que el Estado Parte tomara medidas tendientes a “suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que abortan, [y] proporcion[ar] servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones peligrosas”.
En 2010, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de una mujer embarazada con cáncer metastásico, y se pidió a la comisión dictar medidas cautelares que le permitieran obtener un aborto. Sus médicos no habían estado dispuestos a brindarle tratamiento contra el cáncer debido a los posibles riesgos para el feto, y se negaron a practicarle un aborto. La mujer recibió quimioterapia, y perdió el bebé a los 8 meses. Ella también murió poco después.
