La prohibición total del aborto en Nicaragua, la cual penaliza la provisión de tratamiento que puede salvar vidas, ha tenido un impacto devastador en la salud y las vidas de las mujeres, declaró hoy Human Rights Watch en el primer informe sobre las consecuencias que para los derechos humanos tiene dicha prohibición, promulgada en noviembre de 2006.
El nuevo informe, denominado “Por sobre sus cadáveres: Denegación de acceso a la atención obstétrica de emergencia y el aborto terapéutico en Nicaragua” (“Over Their Dead Bodies: Denial of Access to Emergency Obstetric Care and Therapeutic Abortion in Nicaragua,”), documenta cómo esta prohibición del aborto ha provocado que las mujeres sientan temor de procurar incluso servicios de salud legales. Temiendo ser enjuiciados de conformidad con la nueva ley, los médicos están renuentes a proporcionar la atención necesaria. El informe se basa en entrevistas a funcionarios, médicos de los sistemas de salud públicos y privados, mujeres que requieren cuidados de salud y familiares de mujeres que fallecieron a consecuencia de la prohibición.
“Los médicos en Nicaragua temen ahora proporcionar incluso servicios de salud legales a las mujeres embarazadas”, dijo Angela Heimburger, investigadora de las Américas para la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Algunos atestiguaron que el personal de los hospitales públicos, haciendo referencia directa a la prohibición, negó a mujeres y niñas una atención adecuada después de que tuvieron pérdidas devastadoras”.
En diciembre, un mes después de que la Asamblea Nacional promulgara la prohibición durante una reñida campaña presidencial, el Ministerio de Salud respondió difundiendo detallados protocolos obligatorios sobre la atención de las emergencias obstétricas, incluyendo directrices para el tratamiento médico después de abortos espontáneos o inducidos. Funcionarios del Ministerio admiten que han recibido quejas respecto a retraso o negación de servicios de salud desde que la prohibición fue implementada.
Sin embargo, el informe revela que hasta la fecha el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha analizado los efectos que la prohibición del aborto tiene sobre la salud. El gobierno tampoco parece haber investigado ni sancionado a todos los profesionales de la salud que no implementan los protocolos obligatorios.
“El presidente Ortega debería ayudar inmediatamente a mitigar los desastrosos efectos de esta prohibición priorizando el acceso de las mujeres embarazadas a la atención médica de emergencia”, dijo Heimburger. “El presidente de Nicaragua tiene que darles a las mujeres la seguridad de que no serán castigadas por tratar de preservar sus vidas. Al mismo tiempo, debería promover de manera agresiva la concientización del público y el acceso a los servicios”.
Antes de que la prohibición fuera promulgada, el Código Penal nicaragüense permitía el aborto cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. Esta nueva norma jurídica les niega intencionalmente a las mujeres el acceso a servicios de salud que son esenciales para salvar sus vidas y, por lo tanto, es incompatible con las obligaciones de Nicaragua de garantizar el derecho de las mujeres a la vida, de conformidad con la legislación internacional de derechos humanos.
